Durante años, los aeropuertos han sido escenario de tensiones entre taxistas concesionados y conductores de aplicaciones como Uber, DiDi o InDrive. Los primeros argumentan que las plataformas digitales no cuentan con permisos federales para ofrecer servicios en estas áreas, mientras que los segundos denuncian hostigamiento y detenciones arbitrarias al realizar viajes con pasajeros.
La nueva suspensión definitiva blinda a los conductores de Uber frente a cualquier acción de las autoridades en los más de 70 aeropuertos que hay en el país.
Uber subrayó que esta decisión “confirma lo que la empresa ha sostenido durante maps de una década: es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios”.
Además, la firma pidió al Congreso de la Unión legislar sobre el tema, a fin de reconocer formalmente la operación de las plataformas en aeropuertos y “mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional”.
Para la compañía, la resolución llega en un momento estratégico pues el país está a menos de un año de ser una de la sedes del Mundial de Futbol 2026, cuando se espera que lleguen millones de visitantes.
La empresa consideró que permitir el acceso regulado de plataformas de movilidad a los aeropuertos es una necesidad logística y de imagen internacional, más que una cuestión de competencia comercial.
Aunque la suspensión representa un triunfo jurídico para Uber, el fondo del debate sigue abierto. Las asociaciones de taxistas federales ya expresaron en otras ocasiones su rechazo a la presencia de plataformas digitales en los aeropuertos, argumentando una competencia desleal y la falta de pago de derechos y concesiones federales.
Por ahora, la decisión judicial reconfigura el equilibrio en uno de los frentes más tensos del transporte en México, abriendo la puerta a una nueva etapa en la relación entre movilidad digital, regulación y espacio público federal.
