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El gobierno podrá frenar la inversión extranjera en empresas mexicanas de IA o chips por seguridad nacional

Con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, adquisiciones mayores al 49% requerirán aval previo y enfrentarán órdenes de desinversión si incumplen las disposiciones.
Imagen dividida. De un lado, la infraestructura de un centros de datos y, del otro, una imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina
De acuerdo con el decreto, las empresas del sector digital enfrentarán un nivel de supervisión especial cuando gestionan volúmenes relevantes de información. (Foto: Google Flow)

México es consciente del lugar que ocupa la tecnología en la actualidad. Por ello, publicó un decreto de reforma a Ley de Inversión Extranjera que entrará en vigor este 20 de noviembre, a través del cual se introduce un marco formal de evaluación de seguridad nacional para el capital internacional que busca ingresar al país en empresas relacionadas con Inteligencia Artificial, semiconductores, ciberseguridad y otros sectores clave.

Con esta nueva disposición, cualquier inversionista extranjero requerirá una resolución favorable del gobierno antes de adquirir más del 49% del capital social de una empresa mexicana que opere en sectores estratégicos. Esta exigencia aplica tanto a participaciones directas como indirectas dentro de las estructuras accionarias corporativas.

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Entre los sectores prioritarios bajo escrutinio destacan las tecnologías críticas y los productos de doble uso, como los desarrollos de Inteligencia Artificial, la robótica, la ciberseguridad y la fabricación de semiconductores, se lee en el Diario Oficial de la Federación.

Pero eso no es todo. El catálogo tecnológico estratégico se extiende hacia campos avanzados de alta complejidad, como inversiones orientadas al almacenamiento de energía, la tecnología cuántica, la energía nuclear, las nanotecnologías y la biotecnología, las cuales también estarán sujetas a la revisión previa de las autoridades.

En materia de infraestructura estratégica, el marco legal abarca instalaciones físicas y virtuales indispensables para el funcionamiento del país. Esto incluye activos vinculados al sector energético, las redes de transporte, el sistema sanitario, las telecomunicaciones, la minería, el ámbito aeroespacial y las instalaciones de defensa.

Una vigilancia más estricta sobre las empresas que manejen datos

Las empresas del sector digital enfrentarán un nivel de supervisión especial cuando gestionan volúmenes relevantes de información. Y es que la normativa someterá a revisión a las firmas dedicadas al procesamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales y aquellas que administren datos personales de la población.


Para determinar qué operaciones entran en este esquema obligatorio de revisión, la ley vinculará el porcentaje accionario con el valor de los activos de la empresa objetivo. El monto exacto de activos que activará la notificación obligatoria será determinado por la autoridad mediante una resolución general emitida en un plazo de 180 días naturales.

El procedimiento administrativo exige que la solicitud de autorización se presente de forma conjunta. Es decir, tanto la sociedad mexicana receptora de la inversión como la entidad extranjera deberán realizar el trámite ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Si los activos no superan el umbral del 49%, la solicitud de revisión será voluntaria.

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La Comisión dispondrá de un plazo de 45 días hábiles para analizar el expediente y pronunciarse sobre el proyecto de adquisición. Durante este periodo, la autoridad evaluará la existencia de eventuales riesgos o amenazas a la seguridad nacional.

Al finalizar el periodo de revisión, el órgano regulador podrá emitir su fallo en tres sentidos posibles: declarar la viabilidad directa de la compra, condicionar la operación a medidas obligatorias de mitigación de riesgos o vetar definitivamente la adquisición por seguridad nacional.

Las autorizaciones emitidas por el gobierno podrán incluir condiciones específicas para cada transacción. Entre estas obligaciones destacan la entrega de reportes periódicos de supervisión a cargo de los inversionistas y la evaluación continua del cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional.

Una nueva Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Como parte de estas disposiciones, la estructura interna de la Comisión también tendrá cambios, pues el pleno del órgano integrará a titulares de diversas secretarías de Estado, una de las que más llama la atención es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En las sesiones donde se debatan asuntos de seguridad nacional, participarán organismos especializados de inteligencia y procuración de justicia, entre los que destacan el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales formarán parte permanente con voz dentro de las deliberaciones.

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La ley introduce mecanismos de rendición de cuentas y supervisión legislativa sobre la gestión del capital extranjero. Al respecto, la Comisión deberá presentar al Congreso de la Unión informes estadísticos cuatrimestrales sobre la distribución regional de las inversiones y reportes semestrales sobre los casos atendidos en seguridad nacional.

Las empresas que ejecuten transferencias accionarias sin obtener la resolución favorable previa o que incumplan los compromisos de mitigación pactados podrán enfrentar multas administrativas que van desde las 5,000 hasta las 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de las sanciones económicas, el Estado mexicano tendrá la facultad de ordenar la desinversión forzosa de los activos adquiridos irregularmente. En tales circunstancias, el inversionista extranjero dispondrá de un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para desincorporar su participación accionaria de la empresa mexicana.

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