Nacen 'Las 500 contra la corrupción'. Aquí te contamos en qué consiste

Nota: 500 Frente a la Corrupción no es un índice sobre la corrupción en las principales empresas del país. Es una evaluación de sus compromisos públicos en favor de las políticas de integridad, no de su cumplimiento.

La corrupción se ha colocado como la mayor preocupación de los ciudadanos, y los empresarios la sitúan –junto con la inseguridad y la violencia– como el principal obstáculo para hacer negocios. Pese a ello, es ampliamente practicada y tolerada en los sectores público, privado y social. Para cerrar el círculo, hay una percepción de que el problema es tan generalizado que poco puede hacerse para cambiar la realidad. Nada más equivocado. La experiencia internacional muestra lo contrario.

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En México, ha crecido paulatinamente la conciencia de los riesgos que corren las empresas en un contexto de gran corrupción y de los grandes costos económicos, políticos y sociales que ésta provoca. Sin embargo, lo cierto es que se prefiere pagar dádivas, propinas o sobornos a quedarse sin un contrato, una licencia o un permiso.

Los costos de la corrupción que pagan las empresas para agilizar trámites, inspecciones y evitar sanciones asciende a 1,694 millones de pesos anuales, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que realizó el Inegi en 2016. Esto, sin contar los pagos asociados al otorgamiento de contratos y sobornos millonarios que, como en el caso Odebrecht, pueden alcanzar millones de dólares.

La corrupción ha minado la confianza de los mexicanos en sus instituciones y autoridades públicas, pero también en las compañías: sólo 14% de los encuestados en un estudio de GEA-ISA en marzo confía en las empresas.

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Ahora, el contexto internacional, que ha incorporado en su agenda el tema de la corrupción; el creciente hartazgo social, que se traduce en una mayor exigencia por la transparencia y la rendición de cuentas; y las elecciones de 2018, que han convertido el tema en uno de los ejes de la competencia, constituyen una oportunidad para que el sector público y el privado recuperen el prestigio a partir de traducir sus compromisos en acciones.

Como en todo el mundo, el sector privado es una pieza central en cualquier estrategia anticorrupción. El primer paso empieza por casa y consiste en predicar con el ejemplo: establecer e implementar políticas de integridad. Este compromiso sólo se hace efectivo al hacerlo público y accesible para su consulta, al capacitar a directivos y empleados para su implementación y al socializarlo entre socios y clientes. La señal de que las empresas no admiten actos de corrupción en su interior ni en los tratos con los gobiernos o socios comerciales, y que facilitan y premian la denuncia, constituyen el primer eslabón en la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el estudio Transparencia de la Información Corporativa (TRAC, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional, la publicidad de las políticas de integridad de las empresas se traduce en una mejor calidad y mayor efectividad en las medidas anticorrupción del sector privado.

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La adopción y difusión de buenas prácticas anticorrupción dentro de las empresas líderes tiene el potencial de impactar positivamente toda la cadena de producción, así como a socios comerciales, proveedores y distribuidores. ‘Las 500 empresas más importantes de México’, del ranking de Expansión, representan más de 15 billones de pesos en ventas anuales, tres cuartas partes de todo el PIB, y emplean de manera directa a 4.7 millones de personas. Son estas compañías las que determinan el estándar anticorrupción dentro de sus sectores y, con ello, tienen la capacidad de inducir cambios en la forma de hacer negocios en México y el mundo.

En este contexto, Expansión, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana presentan ‘Las 500 Frente a la Corrupción: Integridad Corporativa (IC500)’ y la Plataforma Digital IC500 . El propósito es dar a conocer los avances en el compromiso anticorrupción de las empresas más grandes del país, y constituye el primer diagnóstico y evaluación de la presencia, calidad, publicidad y transparencia con la que las 500 empresas más importantes de México dan a conocer sus políticas de integridad.

El análisis se realiza con preguntas como: ¿La empresa hace públicos sus compromisos anticorrupción a través de su página de internet? ¿Los empleados y directivos reciben un entrenamiento anticorrupción? ¿Se prohíben de manera explícita las represalias a los empleados que denuncien una violación a las políticas de la empresa?

Los resultados que se presentan a continuación no constituyen un índice de corrupción de las empresas ni buscan exhibir a aquellas que incurren en actos de ilegales.

Un mayor puntaje en IC500 no revela si una empresa es o ha sido más o menos proclive a cometer actos de corrupción, ni es garantía de que no viole sus propios códigos de conducta o políticas de integridad. Algunas empresas que en IC500 aparecen con buenos puntajes han protagonizado escándalos de corrupción recientemente, incluso con consecuencias judiciales y administrativas en México y en otros países.

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Firmas como OHL México, que ha protagonizado varias polémicas en el país, y Walmart, que puede hacerse acreedora al pago de cerca de 300 millones de dólares en multas en Estados Unidos por supuestos sobornos realizados en México, salen bien posicionadas en el ranking.

IC500 califica la existencia de códigos de ética y otras manifestaciones del compromiso anticorrupción de las empresas, y su puntaje está basado en la transparencia, publicidad, precisión y alcance de las mismas. Otorga puntuaciones más altas a aquellas empresas que hacen públicas y accesibles sus normas anticorrupción, socializan su compromiso con empleados, directivos, socios comerciales y accionistas, y establecen mecanismos para hacerlos efectivos.

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Además, la Plataforma Digital IC500 nace como una herramienta dinámica que pretende constituir un incentivo para que cada vez más empresas se unan a la lucha contra la corrupción, no solo en la norma sino en la práctica. A partir del 1 de noviembre, las empresas podrán actualizar la información sobre sus políticas anticorrupción a través del sitio www.integridadcorporativa500.mx para futuras evaluaciones de ‘Las 500 Frente a la Corrupción’.

Lo que IC500 detectó

Las 500 empresas presentan un panorama que refleja la embrionaria adopción de políticas de integridad, con amplias oportunidades para un mayor compromiso. La calificación promedio es de apenas 37 sobre 100. Sólo 13 de las 500 empresas evaluadas alcanzan un puntaje igual o mayor a los 80 puntos, y sólo 45 de éstas se colocan por arriba de los 70 puntos.

La gran mayoría, 309 empresas (62%), obtiene una calificación menor a los 50 puntos. Peor aún, 200 empresas (40%) están por debajo de 20 puntos, y 168 más (34%) por debajo de 10 puntos. Este grupo de empresas debe dar de inmediato los primeros pasos para escalar a mejores posiciones.

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Para evaluar a las 500 empresas, se diseñó un cuestionario basado en el componente de la existencia, calidad y publicidad de las políticas anticorrupción del estudio ‘Transparencia de la Información Corporativa’ (TRAC). La valoración de la empresa se hizo a partir de la información disponible en el portal de internet de cada empresa y se clasificó en cuatro ejes:

1. Publicidad de los elementos básicos de una política anticorrupción integral.

2. Alcance y socialización de la política anticorrupción de la empresa, tanto al interior como al exterior.

3. Sistema de monitoreo, denuncia y sanciones.

4.Accesibilidad de la información.

Sobre el primero de los ejes, destaca que seis de cada 10 empresas cuentan con un código de ética, de conducta o de integridad disponible en línea, y cuatro de cada 10 tienen una política anticorrupción. Estos datos revelan que las empresas no valoran el hecho de que publicitar las políticas en la materia tienen efectos preventivos, que inhiben la corrupción y que promueven la cultura de la denuncia.

Adicionalmente, de acuerdo a IC500, solamente tres de cada 10 empresas manifiestan una “declaración y compromiso contra la corrupción o de cero tolerancia a la corrupción de manera abierta”, con lo cual se diluye el impacto de la política anticorrupción entre directivos, empleados, socios y proveedores.

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Respecto a la prevención de fraudes, llama la atención que sólo dos de cada 10 empresas la hacen pública, cuando casi cuatro de cada 10 en México ha experimentado algún tipo de delito económico en los últimos 24 meses, según una encuesta de PwC. Los controles corporativos no evolucionan a la velocidad con la que crecen los delitos económicos, que ineludiblemente están vinculados con violaciones al código de integridad, al interior de las empresas.

Alcance de la política anticorrupción

Por otro lado, únicamente dos de cada 10 empresas cuentan con alguna mención a la existencia de una política anticorrupción para socios comerciales, incluyendo proveedores y contratistas; ya sea por medio de una política específica o indicando que éstos están igualmente sujetos a la política anticorrupción de la empresa

Los mecanismos de control y denuncia dentro de la empresa, tales como la existencia de comités de ética, divisiones de cumplimiento o asuntos legales y auditorías internas, son cruciales, porque garantizan medios de denuncia anónima. En este eje de la evaluación, IC500 muestra que seis de cada 10 empresas indican en su portal que cuentan con un sistema de denuncia, pero sólo 3 de cada 10 cuentan con un mecanismo para monitorear el cumplimiento de la política anticorrupción. Esta situación disminuye la efectividad de la política.

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Una buena noticia es que, de aquellas empresas que dicen contar con un sistema de denuncia (seis de cada 10), 85% indican explícitamente que se garantiza la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Resultados por país y sectores

Entre las cinco empresas mejor evaluadas, destaca en primer lugar Honeywell Aerospace de México, representando a la industria aeroespacial; seguida por Flextronics Manufacturing Mexico, de la industria electrónica; Grupo Sura, en la esfera de las Afores, y Autoliv México, de la industria automotriz. De estas cinco, ninguna tiene su matriz en México. Si ampliamos el rango a las 13 empresas que alcanzaron 80 puntos o más encontramos dos mexicanas: Grupo Bimbo y Bio Pappel.

También es de resaltar que, entre las 191 empresas que obtienen 50 puntos o más, sólo 73 (38%) tienen su corporativo en México. Finalmente, si se toma el universo total de las 282 empresas con matriz en México, se descubre que presentan un pobre desempeño: en promedio alcanzan tan sólo 30 de 100 puntos posibles. La media de las 500 grandes empresas es de 37 puntos.

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Aunque el panorama no es alentador, sí se detecta una creciente conciencia de la necesidad de adoptar estas políticas. Recientemente se han dado pasos en esta dirección por parte de las cúpulas empresariales. El propio Consejo Coordinador Empresarial presentó recientemente su ‘Código de Integridad y Ética Empresarial’.

Esto debe traducirse no solo en la adopción de mejores prácticas anticorrupción al interior de las empresas, sino en su estricto cumplimiento. Si el empresariado quiere posicionarse como un actor relevante en la lucha anticorrupción, requiere adoptar medidas similares a las que exige a los gobernantes: información, transparencia y rendición de cuentas por parte de todos los sectores. La gente está cansada de opacidad, corrupción e impunidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Actualmente, la legislación anticorrupción es prometedora, pero sólo se sabrá si es efectiva cuando se empiecen a procesar casos emblemáticos, a desmantelar las redes de corrupción que involucran a los actores públicos y privados y a desincentivar la comisión de actos de corrupción.
México es uno de los mejores ejemplos de que las normas por sí mismas no cambian la realidad. Si la norma no va acompañada de su estricta observancia, se convierte en letra muerta. En el caso de la política anticorrupción de las empresas sucede igual: para que exista una verdadera transformación de la cultura organizacional, el compromiso con la integridad debe ser público, socializarse y ponerse en marcha.