OPINIÓN: Un compromiso nuevo contra la corrupción
Nota del editor: Eduardo Bohórquez es director de Transparencia Mexicana y María Amparo Casar es cofundadora y presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Las opiniones en esta columna son exclusivas de los autores.
(Expansión) – No hay experiencia exitosa en la lucha contra la corrupción y la impunidad que no haya tenido la participación del sector privado. Sin un compromiso de las empresas equivalente al que se les exige a las autoridades, la corrupción no podrá ser disminuida . Incluso en materia de impunidad, la participación del sector privado es esencial: sin denuncia de los sobornos y extorsiones que provienen de las autoridades, no hay manera de comenzar a reducir la impunidad.
El papel del sector privado es esencial desde dos ángulos. El primero es interno, empezando por casa, comprometiéndose contra la corrupción, pero sobre todo, actuando desde la conducta de cada una de las empresas. El segundo es hacia fuera, buscando la transformación del entorno en el que se desempeñan las empresas.
A nivel global, los países más avanzados han introducido prácticas que exigen a las empresas la adopción de modelos de gobernanza corporativa que contengan políticas anticorrupción con ciertos estándares y principios. Estos incluyen la adopción de códigos de conducta y compromisos de integridad al interior de las empresas, y también de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante accionistas, socios, clientes y las propias autoridades.
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En México, este compromiso es relativamente nuevo y ha sido propiciado por distintos factores. En primer lugar, por la conciencia de los enormes costos económicos que la corrupción provoca en la competitividad y la competencia. En segundo lugar, porque las nuevas leyes anticorrupción incluyen a las empresas como sujetos obligados
y corresponsables de los delitos y faltas administrativas.
No se trata solamente de acoger un compromiso que, como tantos otros, se queda
en buenas intenciones o en, el mejor de los casos, en una norma interna sin consecuencias. Las nuevas prácticas se traducen en políticas tangibles y medibles, en la designación de oficiales de cumplimiento, la difusión y socialización de las mismas al interior de las empresas y la introducción de un sistema de monitoreo, denuncia y sanciones. Y, desde luego, es necesario que esa información sea accesible.
Los empresarios son presa de los mismos dilemas que enfrenta un ciudadano o un funcionario público. Si mi competidor se presta a participar en una red o en un acto de corrupción, y yo no, quedo en desventaja. Esta situación ha ayudado a perpetuar el ciclo perverso de la corrupción.
Comprometerse con la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere traducir los valores y principios declarados por las empresas en acciones concretas, tangibles y efectivas, que transformen su relación con los gobiernos. Sólo la acción colectiva del empresariado mexicano puede romper este círculo perverso y sustituirlo por el círculo virtuoso de la integridad.
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