La Cámara baja de EU endurece sanciones contra deportados

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que limita a estos lugares acceder a recursos federales y establece mayores sanciones a los deportados que reingresen al país.
La agenda antiinmigrante de Trump avanza en la Cámara de Representantes
WHASHINGTON, Estados Unidos (Expansión) -

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que impone restricciones a las ciudades santuario para acceder a fondos federales y endurece las sanciones contra los inmigrantes que reingresen a EU tras ser deportados.

El proyecto, que reforma la legislación migratoria, establece que un Estado o un municipio que no se empeñe en aplicar la legislación migratoria "no será elegible para recibir" fondos provenientes del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Interior.

Estas localidades llamadas "ciudades santuario" no cooperan con entidades ni agentes del orden federal en materia migratoria, y en consecuencia no procesan el arresto de inmigrantes en situación irregular para entregarlos a autoridades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

En la actualidad, casi 500 ciudades se encuadran en la normativa de "santuario" para inmigrantes en situación irregular, incluyendo Los Ángeles, San Francisco, Baltimore y la capital federal, Washington.

La Cámara baja también aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones de privación de libertad a inmigrantes que han ingresado ilegalmente al país después de haber sido deportados o rechazados previamente.

Este segundo proyecto fue bautizado como "La Ley de Kate", en homenaje a la joven Kathryn Steinle, asesinada en San Francisco en 2015 por un inmigrante ilegal, que ya había sido deportado en varias oportunidades.

El asesinato de Steinle abrió un intenso debate sobre las "ciudades santuario" que ocupó parte importante de la campaña electoral de 2016.

Aunque los dos proyectos de ley aún deben ser sometidas al voto del Senado, el presidente Donald Trump saludó en una nota oficial su aprobación en la Cámara baja del Congreso.

"Aplaudo la aprobación de dos medidas cruciales para proteger a los estadounidenses", apuntó el mandatario, quien pidió a los senadores "que aprueben estas leyes y las manden a mi oficina" para ser promulgadas.

Trump limita la entrada de familiares de musulmanes

El presidente de Estados Unidos también restringirá a partir de este jueves el ingreso de ciertos familiares de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, dichos límites han causado polémica, ya que permitirán, por ejemplo, la entrada de una nuera pero no de un abuelo.

El veto migratorio entrará en vigor a las 20:00 horas, tiempo local de Washington y afectará también a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación “formal” con empresas e instituciones educativas de EU, informaron en una conferencia telefónica funcionarios que pidieron el anonimato.

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"Vivimos en un tiempo muy peligroso y el Gobierno de Estados Unidos necesita todas las herramientas a su disposición para evitar que los terroristas entren al país y desaten la violencia", dijo uno de los empleados públicos durante la llamada.

La implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

De manera amplia, el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo "genuino" con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país.

El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y por ello, el Departamento de Estado envió este miércoles por la noche nuevas directrices a las embajadas y consulados de EU para informarles cómo implementar la orden ejecutiva de Trump.

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Esas directrices establecen que los que quieran ingresar a Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadounidense.

Excluidos de esa categoría de "familiares cercanos" quedan los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, quienes no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.

Esta distinción ha sido considerada como "arbitraria" por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

"Está claro que el propósito del presidente Trump es desacreditar y condenar a los musulmanes. Las directrices no cumplen con la orden dada por el Tribunal Supremo, son arbitrarias y no están ligadas con ningún objetivo legítimo del gobierno", dijo Omar Jadwat, director del proyecto de Inmigración de ACLU.

En lo que se refiere a vínculos profesionales, el Departamento de Estado definió que podrán entrar quienes hayan establecido una "relación sustancial", "formal" y "documentada", con una entidad educativa o empresarial antes de entrar en vigor el veto.

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En sus directivas, el Departamento de Estado otorga a los funcionarios consulares la posibilidad de hacer excepciones y otorgar visados si los solicitantes son, por ejemplo, niños o "individuos que necesitan atención médica de manera urgente".

Además, no se revocarán los visados ya aprobados, con lo que se trata de evitar el caos que provocó en aeropuertos de todo el mundo la implementación del primer veto que proclamó Trump el 27 de enero.

Entonces, personas que habían tramitado durante meses sus visados no pudieron entrar a EU porque sus permisos fueron cancelados sin previo aviso y mientras se encontraban dentro de los aviones.

Fue precisamente en enero cuando Trump trató de imponer su veto migratorio por primera vez, pero tuvo que desistir ante los bloqueos judiciales y proclamar la orden que entra hoy parcialmente en vigor.

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Ese veto será implementado hasta que el Tribunal Supremo emita una decisión sobre el caso que estudiará posiblemente durante la primera semana de octubre, según dijo este jueves un funcionario.

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