¿De qué está acusado Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León?

La investigación penal emprendida por la administración de ‘El Bronco’ por desvío de 3,600 millones de pesos del caso Kia no es la única denuncia por presunta corrupción que pesa contra el priista.
El exmandatario neoleonés Rodrigo Medina está acusado de presuntos incentivos indebidos a la automotriz coreana Kia.
Al banquillo  El exmandatario neoleonés Rodrigo Medina está acusado de presuntos incentivos indebidos a la automotriz coreana Kia.  (Foto: Fotoarte )
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El caso penal por el presunto desvío de recursos por 3,683 millones de pesos (mdp) no es el único señalamiento que ha sido formalmente presentado contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por supuestos actos deshonestos durante su administración.

La acusación más reciente, relativa a los presuntos incentivos aprobados en el gobierno de Medina a la automotriz Kia, se inscribe dentro de una docena de imputaciones realizadas por la Fiscalía de un operativo llamado “Operación Tornado”, que investiga supuestos casos de abuso de poder en la pasada administración (2009-2015) y cuyo daño sumaría cerca de 9,000 millones de pesos.

Este procedimiento iniciado por las autoridades anticorrupción del actual gobierno—que encabeza independiente Jaime Rodríguez El Bronco, y por el cual el exmandatario priista fue llamado a comparecer este jueves, se suma a otras denuncias penales presentadas desde 2015 por delitos como peculado y lavado de dinero.

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Jugosos incentivos

El caso Kia es el mayor de las investigaciones anticorrupción incluidas en la denominada “Operación Tornado” en la que se encuentran señalados10 altos funcionarios de la administración de Medina, además del exgobernador.

El subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, explicó que la implicación de Rodrigo Medina se debe a que él presidía los consejos del estado que tomaron la decisión de otorgar concesiones a Kia superiores a las que la ley les autoriza, como la exención del pago del Impuesto Sobre la Nómina durante 20 años, la inversión de más 1,085 mdp para la compra de inmuebles que serían donados a la armadora y otras obras para facilitar la instalación de la empresa.

Alonso Aguilar Zínser, abogado de Medina, argumenta que Medina no participó directamente en la aprobación de las facilidades otorgadas a la armadora para la instalación de una planta en el municipio de Pesquería.

“El licenciado Medina por disposición de la ley presidía diversos comités, pero no asistió a las sesiones a las que ellos refieren (...) Si no estuvo presente, no se le puede imputar lo que en ellas se acordó, sin prejuicio de que estimamos que en ellas no se acordó nada ilegal”, comentó este jueves a Grupo Fórmula.

Derivado de este caso, el actual gobierno ejerció embargo precautorio sobre una finca de Medina, medida que fue anunciada dos días antes de los comicios que se celebraron el 5 de junio en 15 entidades, y que el exmandatario consideró que tenía motivos electorales.

“Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones (...) Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro que en mi gestión no se llevó a cabo alguna conducta indebida y para ello, acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones”, señaló Medina en una carta enviada a medios el pasado 3 de junio tras la revelación de la indagatoria.

No obstante, el exgobernador no se presentó a la audiencia a la que fue convocado este jueves para aclarar el asunto, gracias a que obtuvo un amparo.

Desfalco a la cuenta pública

En mayo de 2015, el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, informó que presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una denuncia penal por supuestos desvíos por 14,135 mdp de desfalco de la cuenta pública 2012.

El recurso incluía los delitos de asociación delictuosa, peculado, tráfico de influencias y uso indebido de la función pública, en contra del entonces gobernador y de su padre, Humberto Medina Ainslie.

El activista manifestó entonces su desconfianza hacia las autoridades locales, pero señaló que la presentación del recurso ante ellas era un “paso obligado” previo a llevar el caso ante tribunales federales.

“Tendremos que ir a un tribunal federal, eso ya lo sabemos (...) Sabemos que este asunto va a tener probablemente que llegar a la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el señor va a la cárcel”, enfatizó.

La PGJ desechó el recurso en julio, mismo mes en el que Lozano presentó una nueva denuncia contra Medina, esta vez ante la PGR por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, en la que señala que el entonces gobernador y familiares suyos eran dueños de una veintena de propiedades en México y Estados Unidos, con un valor de millones de dólares que —según la parte acusadora— no está acorde con sus ingresos.

Enriquecimiento ilícito

En el mismo sentido, el expresidente del PRI estatal y exfuncionario en el gobierno de Medina Aldo Fasci Zuazua acusó que el valor de las propiedades de Medina y sus familiares ascendía a unos 682 mdp, por lo que, aseveró en mayo de 2015, pediría al gobierno de Estados Unidos investigar al entonces mandatario.

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Fasci Zuazua renunció al tricolor en el contexto del proceso electoral de aquel año, inconforme con la asignación de candidaturas —según su versión— a cargo de Medina, y actualmente es agente del Ministerio Público especializado en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, donde se gestó la “Operación Tornado”.

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