En medio de acusaciones y tensión, entregan cuerpos en Michoacán

Tras el hallazgo de 10 cuerpos calcinados en Cuitzeo, los pobladores acusan al gobierno de los hechos; el alcalde Juan Carlos Arreygue Núñez dice ser presionado para responsabilizarse.
Tensión y tristeza  Los cuerpos de las 10 víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Por el caso ya fueron destituidos y encuartelados 35 policías de Álvaro Obregón para tomarles su testimonio.  (Foto: Especial)
Por: DALIA MARTÍNEZ
MORELIA (Expansión) -

La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), entregó este miércoles los cuerpos de las 10 víctimas que fueron calcinadas y halladas el pasado sábado en el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

De acuerdo al reporte de la PGJE, de las personas ejecutadas y posteriormente calcinadas, presuntamente por órdenes del alcalde del municipio de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, una era menor de edad; sin embargo, los familiares de los deudos dijeron lo contrario.

Erik López, padre de una de las víctimas señaló a los medios de comunicación que su hijo Gustavo L. tenía 16 años de edad, y que en el momento del secuestro estaba acompañado de su primo de 17 años de edad y otro amigo de la misma edad.

Al respecto, la fiscalía señaló a través de un comunicado, que las víctimas fueron identificadas como: Ricardo G., de 42 años de edad; Sergio B.,de 18; Braulio Santiago P., de 30 años; Gustavo L., de 16 años; Kevin Jaime H., de 19; Juan de Dios Ch.,de 20; Cesar Omar M., de 22 años; Miguel R.,de 29 años, Erick G., de 22 años de edad, y Luis Alberto L., de 36 años.

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La dependencia estatal, detalló que siete de los ejecutados tenían su domicilio en el municipio de Indaparapeo; dos vivían en Álvaro Obregón y uno más era originario de la Ciudad de México, por lo que el gobierno ofreció a los familiares apoyo económico para los funerales y el traslado de los cuerpos.

Tensión y tristeza en Indaparapeo

En el municipio de Indaparapeo, localidad situada en el valle Morelia-Queréndaro que cuenta con menos de 18,000 habitantes, se llevaron a cabo la mayor parte de las ceremonias fúnebres, mientras todos se preguntan el porqué de la saña con la que fueron asesinados sus familiares, amigos, hijos, hermanos y vecinos.

La gente en las calles se torna tensa y triste, y cuando se les pregunta contestan indignados que “el gobierno tiene la culpan de la falta de seguridad, pero también de haber dejado crecer la violencia, el narcotráfico”.

El pueblo gobernado por el priista Alejandro Gámez Vega, tampoco se explica porqué ocurrió este “Ayotzinapa chiquito”.

Policías encuartelados

Los 35 elementos de la policía municipal de Álvaro Obregón fueron destituidos y encuartelados para tomarles su testimonio, asumiendo la Secretaría de Seguridad Pública las funciones de vigilancia.

El testimio de los policías se sumarán a los del alcalde Juan Carlos Arreygue Núñez, y cuatro elementos municipales más, quienes se presentaron el martes a declarar en audiencia abierta en la Sala 8 de Oralidad del Poder Judicial de Michoacán (PJM), ante el juez de control, Juan Salvador Alonso.

En la audiencia que duró cerca de 10 horas, Arreygue Núñez se declaró inocente y acusó a elementos de la PGJE de haberlo presionado, torturado psicológicamente y amenazado para que firmara documentos que lo señalaran como culpable de la ejecución y posterior calcinación de 10 personas.

El aclaclde señaló que durante su audiencia, fueron violados sus derechos humanos por el gobierno del estado, al ser presentado ante los medios de comunicación como culpable de los hechos, y aseguró que fue aislado durante 15 horas por elementos de la policía estatal y llevado a declarar con engaños.

En tanto, los policías municipales se reservaron su derecho a no declarar sobre los delitos de homicidio calificado premeditado que se les imputa.

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Los abogados de cada uno de los indicados apelaron a la duplicidad del término constitucional, para presentar pruebas de defensa y solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, que les fue concedida, por lo que será hasta el próximo sábado 6 de agosto que se determinará la situación legal final, de los acusados que permanecen recluidos en el penal de Mil Cumbres, situado en el municipio de Charo, a 25 kilómetros de la ciudad de Morelia.

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