Alcaldes, el eslabón más vulnerable del poder político en México

Los alcaldes Domingo López González y Ambrosio Soto Duarte, asesinados hace poco más de una semana, no constituyen casos aislados de agresiones a autoridades locales, pues en los últimos 10 años suman en el país al menos 51 homicidios de presidentes municipales.

De estos casos registrados desde el año 2000, tres eran alcaldes electos, dos suplentes y uno más permanence como desaparecido desde 2011, y ha habido agresiones hacia militantes de todos los partidos políticos e incluso a autoridades electas bajo regímenes de usos y costumbres, de acuerdo con el recuento de la Asociación de Autoriades Locales de México (AALMAC) —que agrupa a los ediles del PRD.

El reporte, con fecha de corte al pasado 25 de julio, destaca a Michoacán y Oaxaca como los estados con mayor número de agresiones a autoridades locales —en su mayoría priistas—, y a 2010 como el año más violento con 16 asesinatos.

Dicho orden de gobierno ha sido el más lastimado por la violencia, menciona el informe, y enfatiza que durante los últimos tres años se ha insistido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre la necesidad de acordar una agenda de seguridad para autoridades municipales.

“No contamos con recursos ni seguridad de primer nivel a nuestra disposición, como sí la gozan los funcionarios federales o estatales... por nuestras limitadas herramientas, somos el eslabón más débil y más vulnerable del gobierno mexicano”, resaltó en un pronunciamiento publicado en su página de internet, tras los homicidios de López González y Ambrosio Soto Duarte, alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungarabato, Guerrero, respectivamente.

La AALMAC reiteró que la violencia contra este sector no ha mermado, y que prueba de ello es que en menos de seis meses han ocurrido cuatro ataques mortales a alcaldes, sin contar cuatro asesinatos de expresidentes municipales y nueve exregidores durante el mismo periodo.

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Franjas de riesgo

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) —que representa a los presidentes municipales emanados del PAN— detalló que en el país existen dos principales zonas de riesgo para ser alcalde: la Zona A (Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz) seguida por y la Zona B (Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas).

Los ediles panistas propusieron al gobierno federal identificar y delimitar las zonas de riesgo a nivel nacional, incluir en el Consejo Nacional de Seguridad Pública la representación de los municipios, incrementar los recursos asignados a seguridad pública y ampliar el fondo del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), ya que actualmente sólo 300 de los más de 2,450 municipios tienen acceso a dicho fondo.

Al margen de filia políticas, todos los alcaldes del país, agrupados en la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), ha urgido al Congreso de la Unión a conformar un diálogo con este orden de gobierno, ampliar los recursos presupuestales destinados a la seguridad pública preventiva a cargo de éstos e identificar a las localidades exitosas en el combate a la inseguridad.

El pronunciamiento, emitido en febrero del año en curso, tan solo un mes después del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota , fue reiterado el pasado 25 de julio por el copresidente de la Conamm, Américo Zúñiga Martínez, al demandar la coordinación y compromiso entre los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo.

“Los municipios mexicanos enfrentan desafíos todo los días y lo hacen, permítanme decirlo, sincera y respetuosamente, en condiciones de franca debilidad política, hacendaria e institucional. Esta situación es el resultado de un modelo de federalismo que debe renovarse”, advirtió el alcalde de Xalapa, Veracruz, en la Reunión Nacional para la Nueva Agenda del Desarrollo Municipal.

Los móviles: disputa política y crimen organizado

Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, fue asesinado la mañana del sábado 23 de julio cerca del Palacio Municipal, donde algunos manifestantes le dispararon junto al síndico Narciso Lunes Hernández y otras tres personas.

En los primeros señalamientos, se dijo que el político —del Partido Verde— había sido atacado presuntamente por haberse negado a entregar recursos para obra pública a comunidades del municipio; sin embargo, el procurador de la entidad, Raciel López Salazar, aseguró que el móvil era "recuperar" la presidencia municipal, luego de que en 2015 López González fue el primer candidato opositor en ganar las elecciones en la localidad, tras 70 años de mandato priista.

Durante la noche del mismo sábado, Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero, fue emboscado y asesinado por un grupo armado en la carretera federal Ciudad Altamirano-San Lucas, en el estado de Michoacán.

El perredista junto con su chofer recibieron varios impactos de bala pese a tener el resguardo de policías federales, quienes brindaban protección al servidor público tras haber denunciado amenazas en su contra por parte del crimen organizado.

Días antes, el presidente municipal publicó en sus redes sociales que su primo Sebastián Soto Rodríguez había sido asesinado y hallado en el basurero municipal de Cutzamala.

Lee: Priistas y perredistas cruzan acusaciones por violencia en Guerrero.

El Legislativo responde

La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad la implementación de los protocolos necesarios para dar protección a los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia organizada.

La propuesta, presentada por la senadora del PRD Angélica de la Peña, resaltó la necesidad de integrar un análisis de riesgo y establecer acciones para la atención, prevención y persecución de las bandas delincuenciales que se han apoderado de territorios, afectando el estado de derecho.

El senador del PRD Zoé Robledo indicó que para dar una solución de fondo, es necesario partir de un diagnóstico sobre la situación que padecen los alcaldes en el país.

“Si el diagnóstico pasa por políticas públicas derivadas de la asignación de recursos escasos destinados a la obra pública o a programas sociales, (…) creo que la propuesta debe de acompañarse por una revisión exhaustiva de la ejecución de las políticas relacionadas a ese presupuesto”, consideró.