Sanciones light para corruptos 'se salvan' en el #PaqueteDeImpunidad de QRoo

Medidas que, según la oposición, podrían proteger a responsables de mal manejo de dinero público libraron la impugnación presentada por el gobierno de Peña contra las reformas aprobadas en el estado.
Peculado rebajado  Las reformas en Quintana Roo disminuyen las penas por delitos relacionados con la administración pública, y permiten que los indiciados por ellos salgan bajo fianza.  (Foto: iStock by Getty Images)
CANCÚN (Expansión) -

Las recientes reformas en Quintana Roo consideradas como un "paquete de impunidad" para el gobernador saliente, Roberto Borge, no fueron impugnadas en su totalidad por la acción de inconstitucionalidad presentada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues "sobrevivieron" algunas medidas para aligerar las sanciones en casos de corrupción.

En junio pasado, el Congreso estatal aprobó por mayoría —bajo explicación de armonizar los ordenamientos locales con el nuevo sistema de justicia— reformas al Código Penal de Quintana Roo, incluidos los artículos 209 y 212 que estipulan sanciones a quienes cometan “Delitos contra el Estado” y “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Servidores Públicos”; es decir, ilícitos relacionados con manejo corrupto de recursos públicos.

Las sanciones modificadas en el nuevo código estipulan que a quienes cometan el delito de peculado —desviar de su objetivo para emplear en beneficio propio o ajenos dinero o cualquier otra cosa perteneciente al estado— no podrán exceder cinco años de prisión y alcanzarán fianza. En la anterior ley, la pena era de seis a 14 años de cárcel.

“Ahora ese delito no es considerado grave y son penas simbólicas”, explicó el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquiel Orozco.

Además, las reformas reclasifican a no-graves delitos culposos vinculados a la administración pública como daño a la propiedad, ejercicio ilegal del servicio público en las hipótesis de destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso, aparte de otros ilícitos como el homicidio, lesiones o aborto.

“Si bien el gobierno está obligado a homologar la ley estatal con la federal, las reformas fueron aprovechadas para reducir las penas al mínimo, con lo que quienes en el futuro resulten responsables de usar recursos públicos para fines personales podrán salir bajo fianza”, consideró el abogado consultor Karin de la Rosa Peláez.

Las reformas también establecen que este tipo de delitos ya no se perseguirán de oficio, sino sólo por querella; es decir, si alguien los denuncia ante la autoridad correspondiente. Adicionalmente, la prescripción de los ilícitos de corrupción cometidos por servidores públicos es reducida a tres años, por lo que después de ese lapso éstos ya no pueden ser sancionados.

Diputados calificaron estas modificaciones como "una simulación" y "una burla para los quintanarroenses", al acusar que la verdadera intención del Ejecutivo estatal es extender la protección a sus colaboradores cercanos.

Jorge Aguilar Osorio, diputado con licencia del PRD, propuso crear una fiscalía especial que se encargue de atender todas las denuncias relacionadas con la administración de Borge. Confió en que la siguiente Legislatura pueda revertir esta disposición.

El diputado del PRI Víctor Mas Tah se sumó al llamado para que la Suprema Corte de Justicia revierta estas reformas antes de que concluya el actual periodo estatal.

Estas reformas —junto con otras del llamado "paquete de impunidad"— "se salvaron" de las modificaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) combatió en julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que son contrarias al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en una entidad que ha estado bajo la mira por los casos de supuestos malos manejos por parte del gobierno estatal y en algunos municipios.

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Tras esta acción, Borge se reunió el 15 de junio con la titular de la PGR, Arely Gómez, a quien le expresó su disposición para abrogar o derogar los actos que motivaron la acción de inconstitucionalidad. Días después el Congreso de Quintana Roo echó atrás una serie de medidas como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y los nombramientos de sus magistrados, pero otras quedaron en pie como la creación de la Fiscalía General de Justicia y la designación de su titular por un periodo de nueve años, el nombramiento como auditor Superior del Estado de Javier Félix Zetina, primo del exgobernador Félix González Canto, ni la aprobación de escoltas para el aún gobernador y su familia por 15 años.

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