En 3 años, el gobierno de Borge acumuló 2,400 mdp en irregularidades ante la ASF

La Auditoría Superior de la Federación detectó 58 anomalías en las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014, la mayoría relacionadas con pagos a personal no autorizado y reintegros de fondos no aplicados.
Gobernador saliente  La Auditoría Superior de la Federación ha documentado irregularidades en el ejercicio de recursos durante los primeros años de la gestión de Roberto Borge.  (Foto: Especial)
Por: BIANCA CARRETTO
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Pagos a personal no autorizado, gastos sin comprobar, sobreprecio de obras y falta de penalización por incumplimientos de proveedores son algunas de las irregularidades que derivaron en 58 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014 de la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge —quien el póximo domingo concluye su encargo—, cuyos montos ascienden a 2,486 millones 702,754 pesos.

El rubro que registró un monto mayor de posibles anomalías —de acuerdo con una revisión realizada por Expansión al Sistema Público de Consultas de Auditorías de la ASF— fue el de transferencias a cuentas bancarias distintas a las autorizadas o sin comprobantes, con un total de 1,713 millones 825,839 pesos. Del total, 1,400 millones de pesos corresponden a la cuenta pública 2013, y están asentados en la auditoría 729 (que derivó en la emisión de un pliego de observaciones, con clave de acción 13-A-23000-02-0729-06-002).

“Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,400,000,000.00 (…) más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por conceptos de recursos federales transferidos a otras cuentas bancarias y de los cuales la entidad fiscalizada no comprobó ni justificó el destino final de los recursos ni evidencia que los gastos fueron pagados con los recursos federales ministrados”, se detalla en dicha base de datos, que la ASF mantiene actualizada en su sitio web.

Del total de 58 señalamientos realizados por el órgano fiscalizador a la entidad, 14 están relacionados con pagos que efectuó la autoridad a personal no autorizado, cuya erogación asciende a 118 millones 648,687 pesos.

La mayor en este rubro fue realizada en 2012, cuando la administración estatal destinó un total de 102 millones 567,433 pesos de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago a 21,950 trabajadores por percepciones que incumplían con la normatividad. Así se señala en la observación derivada de la auditoría 529 (clave de acción 12-A-23000-14-0529-06-007).

En esa cuenta pública, la de 2012, se documentó el mayor número de irregularidades, con 27, las cuales alcanzaron un monto de 675 millones 322,484 pesos.

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Por gastos no comprobados, el Gobierno de Quintana Roo registra seis observaciones que, en conjunto, suman un total de 275 millones 562,821. La mayor de éstas —220 millones 129,999.70 pesos— se emitió por no haber comprobado con documentos el destino de los recursos del FAEB, según se señala en la observación correspondiente a la auditoría 529 (clave de acción 12-A-23000-14-0529-06-007).

Otras 12 anomalías están relacionadas con la falta de reintegro de recursos por parte de la administración estatal de fondos federales que no fueron devengados o de los que quedaron saldos pendientes respecto del gasto efectuado. En este rubro, el importe total fue de 340 millones 321,573.46.

La mayoría de observaciones por este concepto se registraron en 2013 con siete, una de las cuales fue por 126 millones 669,203 pesos, y consta en la auditoría 1144 (clave de acción 13-A-23000-14-0502-06-0002).

El resto de las irregularidades detectadas tienen que ver con conceptos como gastos no devengados, por 143 millones 241,298 pesos; la compra de medicamentos a sobreprecio no autorizados, por 12 millones 166,027 pesos; la no penalización a contratistas por incumplimientos, por 1 millón 576,077 pesos, así como obras inconclusas o a sobreprecio, 3 millones 102,194 pesos.

A estas observaciones podrían sumarse otras derivadas de las revisiones a las cuentas públicas 2015 y 2016, una vez que la ASF las integre.

Derivado de estas observaciones, se detalla en el Informe de la Cuenta Pública 2014, el Gobierno de Quintana Roo —que este domingo cambiará de administración cuando Carlos Joaquín rinda protesta como gobernador— debe regresar los fondos correspondientes o presentar la documentación que compruebe su correcto gasto, la cual será revisada por la ASF para su aval.

La conclusión del proceso puede tardar hasta dos años y, de incumplir con la normatividad, se iniciaría un procedimiento para fincar las responsabilidades correspondientes e indemnizaciones monetarias. En el caso de que persistan las irregularidades, y si cuenta con elementos de ley suficientes, la ASF puede presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Expansión solicitó al gobierno de Borge conocer su postura sobre estas acciones de la ASF y los procesos que de ellas derivan, pero no obtuvo respuesta.

El gobierno de Borge ha sido vinculado a casos de presunta corrupción, como la red de funcionarios ligados al mandatario que operan despojos a través de juicios amañados y desalojos de predios e inmuebles a particulares en las zonas turísticas de Tulum, Cancún y Playa del Carmen, documentada por Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la investigación "Los Piratas de Borge".

El gobernador saliente había puesto en marcha una serie de acciones para protegerse ante posibles investigaciones en su contra, tales como la reducción de penas a servidores públicos que incurrieran en delitos como peculado y cohecho, las cuales fueron revertidas por el Congreso del estado, así como la designación de funcionarios encargados de la investigación de actos de corrupción y dentro de instancias como la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Superior de Justicia; algunas de estas medidas fueron impungadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una acción de inconstitucionalidad aún bajo análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lee: La guía Borge para evitar investigaciones por presuntos casos de corrupción

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