10 años de saldo negativo en materia de derechos humanos

El 30 de junio de 2014, el Ejército reportó que 22 personas —a las que catalogó como presuntos delincuentes— murieron en un enfrentamiento con soldados que patrullaban el municipio de Tlatlaya, una región del Estado de México considerada peligrosa por su cercanía con zonas de Guerrero donde operan grupos de narcotraficantes.

Semanas después, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que no se trató de una confrontación, sino que los militares habían incurrido en uso excesivo de la fuerza y ejecutado extrajudicialmente a 12 civiles.

Estos hechos —que generaron indignación dentro y fuera de México y derivaron en un proceso penal contra los soldados involucrados— no constituyen un caso excepcional. Por el contrario, legisladores y activistas advierten que son sólo un ejemplo de los abusos cometidos por autoridades en el marco de la estrategia de combate frontal contra el crimen organizado que desplegó el expresidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006.

Recomendamos: #10AñosDeGuerraVs.Narco: los saldos se siguen acumulando

Cifras de la CNDH dan cuenta de cómo se ha agravado el problema. De acuerdo con la comisión, en 2006 se recibieron 5,475 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos, mientras que en 2015 la cantidad llegó a 9,980, lo que significa un incremento de 82.2%.

Los números muestran también que las instituciones dedicadas a tareas de seguridad pública se encuentran entre las 10 autoridades más señaladas, por actos que incluyen detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En 2015, por ejemplo, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), responsable de las cárceles federales del país, sumó 1,308 quejas. En segundo lugar se ubicó la Policía Federal, con 783 expedientes, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo 761, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió 622 y la Secretaría de Marina (Semar) obtuvo 378.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, considera que estas cifras evidencian que la actual estrategia anticrimen —lanzada por Felipe Calderón y mantenida por Enrique Peña Nieto— ha causado “deterioro” a nivel nacional.

“A 10 años, mi balance es que el error que se cometió por Calderón ha llevado al país a una descomposición verdaderamente lamentable, y esto se expresa en diferentes cuestiones, no solamente en la inseguridad para transitar en cualquier parte, sino también en la impunidad que prevalece frente a abusos que no son sancionados”, dice la senadora del PRD.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, coincide en que el saldo de la estrategia contra el crimen es negativo en materia de derechos humanos, y advierte que esto se debe a que las acciones gubernamentales parten del principio de que, para tener orden en las calles, es necesario tener mano dura.

“Cuando tú tienes una estrategia de confrontación directa, donde se establece una disyuntiva entre la seguridad y los derechos humanos, tú te acabas dando cuenta de que al final del día no tienes ni una ni otra”, dice.

Recomendamos: El bono demográfico, otra víctima de la 'guerra' contra el narco

Mala imagen frente al mundo

La situación no sólo ha generado molestia a nivel interno. Afuera, organizaciones civiles, gobiernos y organismos internacionales han expresado preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos en México.

En ese contexto, las autoridades mexicanas se han confrontado con expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los que han acusado de emitir conclusiones parciales en torno a temas como la tortura y la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, respectivamente.

La senadora De la Peña dice al respecto que tales choques afectan todavía más la imagen de México en el exterior, en tanto que datos de la propia CIDH —donde cuatro de cada 10 asuntos recibidos son presentados por mexicanos— reflejan que los ciudadanos prefieren recurrir a instancias externas para buscar justicia.

El primer paso: el regreso a los cuarteles

A 10 años del lanzamiento de la estrategia anticrimen, legisladores y activistas coinciden en que el primer paso para acabar con el clima de violaciones a los derechos humanos es diseñar un plan para sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, también se ha manifestado a favor de que solados y marinos vuelvan a sus cuarteles.

“La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil. Nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable”, dijo el ombudsman frente al presidente Peña Nieto el pasado 12 de diciembre.

Ve: El Ejército pide dejar el combate al crimen

Un paso esencial para este regreso a los cuarteles, señala la senadora De la Peña, es fortalecer a las policías, capacitarlas, elevar los salarios de sus elementos y, con ello, ayudar a que mejore su imagen frente a la ciudadanía.

Por otra parte, Quiroz subraya que otro requisito para combatir las violaciones a los derechos humanos es erradicar la impunidad, lo que implica fijar reglas, procedimientos y sanciones claras para los funcionarios que incurran en abusos contra los ciudadanos.

“(Necesitamos) aplicar los controles, que cuando haya personal encargado de hacer cumplir la ley y éste viole derechos humanos, haya una consecuencia, haya un castigo”, dice el activista.

“La impunidad tiene causas estructurales, pero también tiene que haber la voluntad de aplicar estos procesos, estos procedimientos, y lo que hemos visto es que muchas veces no hay consecuencias efectivas por estas violaciones a derechos humanos”, concluye Quiroz, quien llama a que el tema sea prioridad en la agenda pública de los próximos años.