Una empresa busca tirar la prohibición de vender refrescos en universidades

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir un amparo promovido por una empresa que quiere echar abajo la prohibición de vender bebidas azucaradas en instituciones de educación superior, la cual deriva de la Ley General de Educación vigente desde 2013.

La promovente es Compañía Embotelladora del Fuerte, que tiene presencia en estados del norte de México y que en su recurso jurídico argumenta que el artículo 24 Bis de la legislación es contrario a derechos constitucionales.

Tal norma señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede emitir "disposiciones de carácter general" para el expendio y la distribución de bebidas y alimentos preparados y procesados "dentro de toda escuela", y que dichas disposiciones "comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos".

Para la compañía que busca ampararse, esto viola diversos artículos de la Constitución del país porque incide en la libertad de una persona adulta para comprar un producto de su elección.

“En el presente caso, la venta, distribución y expendio de refrescos, tés, jugos y néctares o bebidas energetizantes, entre otras, no está prohibida ni por la Carta Magna ni por la ley y su objeto es lícito, además de que no se vulneran derechos de terceros o de la sociedad, y la adquisición de estos productos la efectúan personas mayores de edad, que son las que cursan en general las instituciones de educación superior, es decir, en las universidades”, dice el expediente en poder de la Suprema Corte.

La discusión está prevista para este miércoles y el asunto fue analizado por la ministra Margarita Luna Ramos.

Desde la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), las autoridades han lanzado diversas medidas para limitar la venta de alimentos no nutritivos en las escuelas, particularmente de educación básica, es decir, donde los alumnos son menores de edad. Estos criterios se incluyeron en la Ley General de Educación, como parte de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió el poder en diciembre de 2012.

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Al respecto, organizaciones civiles argumentan que darle la razón a la empresa fomentaría el sobrepeso y la obesidad, y sería contrario a los esfuerzos que han realizado diversas autoridades para combatir alimentos considerados "chatarra".

"Si la decisión de la SCJN es positiva (...) contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país", ha señalado la agrupación El Poder del Consumidor, una de las que más critica a las empresas refresqueras.

Según la ONG, 36.9% de los adolescentes del país tiene obesidad, un porcentaje que se duplica entre la población en edad adulta. Por ello, sostiene, es necesario fortalecer las medidas que buscan prevenir este mal.

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