La ASF ve anomalías en las obras de un hospital que tiene 9 años en construcción
El Centenario Hospital Hidalgo, en Aguascalientes, no solamente acumula nueve años en construcción, sino también anomalías en los procedimientos que dieron pie a su edificación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer esta semana que, de acuerdo con las revisiones que realizó a la Cuenta Pública de 2015, la administración del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016) incurrió en irregularidades que llevaron a que el estado eligiera la opción más cara para levantar el centro médico.
Ese año, señala el órgano fiscalizador, las autoridades estatales llevaron a cabo dos licitaciones para elegir a la empresa que continuaría con la construcción del hospital, una obra que arrancó desde la gestión del entonces panista Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010) y que todavía sigue inconclusa.
Al final del proceso, el gobierno de Aguascalientes otorgó los dos contratos a Epccor —por un total de 478 millones 324,500 pesos—, bajo el argumento de que las otras dos compañías que concursaron habían incumplido los requisitos de la convocatoria.
La propuesta de Epccor superaba a las de sus competidoras por 21.8 millones de pesos y 11.6 millones de pesos.
Sin embargo, según la ASF, el gobierno estatal nunca comprobó documentalmente que las otras opciones en efecto hubieran incumplido con la convocatoria y, en consecuencia, que esto justificara elegir la alternativa más costosa para el erario.
“En el acta de fallo argumentó que el (licitante) que ocupó el primer lugar no cumplió las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; y el (licitante) situado en segundo lugar no tenía experiencia en obras similares; sin embargo, de acuerdo con los documentos que dichos licitantes presentaron en sus propuestas se acreditó que sí cumplían los requisitos solicitados por el gobierno del estado de Aguascalientes, lo que revela que no se obtuvieron para el estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, señala el informe de Auditoría.
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El documento de la ASF detalla que, cuando fue cuestionada sobre el tema, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Aguascalientes (Sicom) insistió en que las otras empresas participantes habían incumplido. Incluso, señaló que el documento con el que una de ellas buscaba acreditar el cumpliento de sus obligaciones fiscales ante el IMSS era apócrifo; sin embargo, la dependencia no comprobó sus dichos.
La entrega del contrato a Epccor, además, se dio a pesar de que la constructora no acreditó la experiencia requerida en las bases de licitación y presentó el mismo listado de maquinaria para ambos concursos, sin justificar las razonas para hacerlo.
“En cuanto a la relación de maquinaria presentada por la contratista a la que se le asignaron los dos contratos, no justificó su utilización en ambos contratos, por lo que se debieron desechar sus dos propuestas al no ajustarse a los requerimientos de las bases ni ofrecer la certeza de poder cumplir el programa de trabajo de cada una de las licitaciones”, indica la Auditoría.
Adicionalmente, la compañía cobró anticipos de 100.8 millones de pesos y 138.3 millones de pesos, pero se retrasó en la construcción y los equipamientos de siete edificios, puentes, fachadas, casetas, trincheras y anexos, que debieron estar listos en septiembre de 2016.
Expansión contactó a Epccor este viernes para hablar sobre las conclusiones de la Auditoría Superior, pero no logró hablar con sus voceros de manera inmediata.
Aguascalientes actualmente es gobernado por el panista Martín Orozco, quien tomó el lugar de Carlos Lozano en diciembre pasado. En su revisión a la Cuenta Pública de 2015, la ASF detectó que ese año en la entidad hubo un subejercicio de recursos por 812.1 millones de pesos y un posible daño al erario por 51.4 millones de pesos.
En conjunto, en las 32 entidades federativas se observaron subejercicios por más de 33,000 millones de pesos y posibles daños patrimoniales por 31,000 millones de pesos. A nivel federal, los subejercicios y posibles daños ascienden a 100,000 millones de pesos.
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