Veracruz y otros 6 estados, en la lista del gasto irregular en 2015
Durante 2015, las irregularidades en las que incurrieron los 32 gobiernos estatales en el manejo de recursos federales dejaron un daño patrimonial por 31,617.8 millones de pesos (mdp), de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer este miércoles.
Las entidades peor ubicadas en esta materia son Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Sinaloa, donde se detectaron prácticas como no comprobar gastos, realizar pagos a personal no autorizado y ejecutar obras de infraestructura no previstas.
Este es un recuento de lo encontrado en los estados por el órgano fiscalizador, cuyo titular, Juan Manuel Portal, detalló que la ASF aún analiza en qué casos presentará denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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1. Veracruz, un historial de desvíos
Con denuncias en curso por presuntos desvíos, la entidad que gobernaba Javier Duarte —hoy prófugo de la justicia y expulsado del PRI— acumula el mayor número de observaciones por un posible daño al erario por 7,075.9 mdp.
De los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2015, la ASF detectó anomalías que corresponden principalmente a posibles desvíos de recursos con depósitos realizados a cuentas diferentes a las de destino.
En la auditoría 1475, por ejemplo, se presume un daño patrimonial por 2,750 mdp del Fondo de Contingencias Económicas, pues no se acreditó el destino y la aplicación de los recursos.
También en esta entidad se detectó el desvío de 2,109.7 mdp en gastos de operación no autorizados; en este caso, el dinero fue destinado al pago de sueldos y salarios de los maestros de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Otra de las anomalías corresponde a la auditoría 1477, en la que la ASF detectó un posible daño patrimonial por 893 mdp, los cuales fueron transferidos desde el Fondo de Aportaciones Múltiples a una cuenta del estado y cuyo destino se desconoce.
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2. Michoacán 'tropieza' en educación y salud
La segunda entidad con mayor saldo en mal uso de dinero público es Michoacán —que en 2015 estaba gobernada por Salvador Jara, actual subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP)—, con un monto total observado por 4,474 mdp.
Entre las revisiones destaca la elaborada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde la auditoría detectó irregularidades en la transferencia de los recursos y en el respeto a la legislación fiscal y de rendición de cuentas, que derivaron en daños por 907.8 mdp. La mayor parte de los pagos indebidos se refiere a personal que no se documentó que laboró en el centro de adscripción reportado, y por mover recursos a otros programas.
Otra auditoría relevante por su monto es la practicada al Seguro Popular, en la que se encontró un probable perjuicio por 855.5 mdp, debido, entre otras irregularidades, a que se compraron medicamentos no autorizados.
También es de resaltar la examinación al programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, por 840.8 mdp, que principalmente corresponden a pago de nómina ejercido sin la documentación bancaria necesaria; también hubo supuestos depósitos a universidades que no fueron debidamente comprobados, pagos superiores a los tabuladores máximos autorizados, así como a personal después de que había sido dado de baja.
3. Guerrero, con mal gasto en salud
El estado del sur de México —que durante la mayor parte de 2015 fue gobernado por Rogelio Ortega, un académico que reemplazó al perredista Ángel Aguirre— ocupa el tercer lugar en posibles daños al erario en el ejercicio de recursos públicos, con un monto de 3,383.3 mdp.
Las revisiones de la ASF concluyen que, solamente en el rubro de servicios de salud, en ese periodo hubo irregularidades por 1,248 mdp. Por ejemplo, la ASF encontró que dinero que había sido asignado a este campo fue destinado a otros, así como “pagos a personal que no se encontró en su centro de trabajo”.
Otro caso es el del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el que se detectaron gastos no comprobados por 316.6 mdp. Asimismo, se observaron irregularidades por montos más pequeños en programas para seguridad y justicia e infraestructura social; en este último aspecto, la ASF destaca la construcción de obras no consideradas previamente, como el puente vehicular Tepoxtlán, en el municipio de Ahuacuotzingo, que costó 5.7 mdp.
4. Chiapas, con personal y obras irregulares
La entidad que gobierna Manuel Velasco —del PVEM— registra observaciones por 2,934.6 mdp, las cuales se dividen en pagos a personal no autorizado y obras que no cumplen con lo proyectado.
El monto de mayores irregularidades corresponde a la erogación de 434 mdp, de los que el gobierno no entregó documentación comprobatoria sobre el pago a 30 docentes que no tenían con el perfil requerido para el puesto.
Otra anomalía de este tipo es por 184.9 mdp del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, los cuales se destinaron a pagos en efectivo a personal operativo, que derivaron en impuestos por 10.8 mdp que no fueron enterados al fisco.
Dentro del mismo monto, se da cuenta de retenciones de impuestos por 65.5 mdp que tampoco fueron informadas, lo que generó multas por 8 mdp.
Por otro lado, se señala que la autoridad no presentó evidencia del destino de 100.4 mdp de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
Asimismo, en otra auditoría, el gobierno del estado realizó pagos por 120.3 mdp a servidores públicos no autorizados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
La ASF también detectó un posible daño al erario por un monto de 177.4 mdp correspondiente a obras del Centro de Convenciones en San Cristóbal de las Casas, las cuales no habían sido iniciadas al 31 de octubre de 2016.
Otra irregularidad fue la detectada en la auditoría 620 por 79.9 mdp, correspondientes al pago de mobiliario y equipo escolar, del cual no se presentó evidencia de su distribución ni ubicación.
5. Nuevo León: el gasto metropolitano, bajo la lupa
La entidad del norte de México —gobernada en 2015 por el priista Rodrigo Medina— está en el quinto lugar de la lista con un monto de 2,818 mdp.
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En su revisión, la ASF detectó irregularidades por 812.7 mdp en el uso de los programas y fondos federales para el estado. De ellos, exige que se aclare el destino de 223.9 mdp del Fondo Metropolitano que no fueron se destinaron a fines previstos.
Además, “se comprobó que existe un atraso en la ejecución de obras contratadas con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2015”, del que únicamente se habían ejercido 46 mdp de los 208.8 mdp disponibles.
Otros ejemplos son el gasto de 45.9 mdp a maestros comisionados, es decir, que no dan clases, y que en la construcción de la Línea 3 del Metro de Monterrey, la capital de Nuevo León, se malgastaron 21 mdp porque se autorizó perforar pilas de cimentación con un equipo que no estaba justificado emplear.
6. Estado de México: 'desaparecen' 1,254 mdp
El Estado de México —que gobierna el priista Eruviel Ávila— ocupa el sexto lugar de las entidades con mayor daño patrimonial, con un monto de 2,399.2 mdp. La entidad, que este año tendrá elecciones para renovar el gobierno estatal, además registró subejercicios por 5,699 mdp.
Entre las mayores irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2015 está “la desaparición” de 1,254.3 mdp del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que debía ejecer la Secretaría de Finanzas.
La ASF señala que se realizaron erogaciones al 31 de diciembre de 2015, en el concepto de saneamiento financiero, a través de la amortización de deuda pública por 3,317,2 mdp, cifra que representó sólo 72.6% del recursos entregados al estado.
“No proporcionó evidencia documental comprobatoria y justificativa del gasto, ni los comprobantes de pago, ni los estados de cuenta bancarios donde se reflejen las afectaciones del recurso por 1,254,339.1 miles de pesos, por lo que se desconoce el destino del mismo, cifra que representó el 27.4% del recurso ministrado”, se indica en la auditoría.
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La administración priista tampoco pudo comprobar 557.9 mdp por concepto de recursos del Fondo de Contingencias Económicas para Impulsar la Inversión, pues, nuevamente, la Secretaría de Finanzas no acreditó con documentación financiera y administrativa el ejercicio de los recursos.
La administración mexiquense tampoco pudo comprobar la erogación de 161.1 mdp por actualizaciones y recargos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Entre las observaciones que se hacen al gobierno estatal incluso está que se erogaron recursos para empleados que no cuentan con la formación académica necesaria para realizar sus funciones. Tal es el caso de cuatro empleados del área de la Salud, en los que se gastaron 51,972 pesos.
7. Sinaloa: proyectos sin claridad
El gobierno de Mario López Valdez —un político de origen priista, pero quien llegó al poder a través de una alianza electoral PAN-PRD— dejó en Sinaloa un posible daño al erario por 1,665.8 mdp, tan sólo en 2015.
De este monto, 293.8 mdp corresponden a recursos pendientes de aclarar en proyectos de desarrollo regional. La administración estatal no comprobó la aplicación o la devolución de los recursos, ni remitió los recibos de los municipios beneficiados, ni tampoco entregó a Hacienda los informes financieros completos.
Otro rubro con afectaciones es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en el cual la AFS localizó irregularidades por 81.1 mdp, derivadas de transferencias a otras cuentas, sin acreditar su devolución.
En el Fondo de Aportaciones Múltiples, la revisión detectó 63.3 mdp no aplicados —que deben ser demostrados o devueltos al gobierno federal—, así como recursos usados para infraestructura no financiable con dicha bolsa.
