Las bancadas incumplen con transparentar su gasto en el Congreso: Auditoría
En 2015, las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado incumplieron con las normas para transparentar el uso del dinero público que reciben, de manera que no es posible saber si dichos recursos son gastados de manera racional o, incluso, si en efecto son empleados en trabajo legislativo, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la revisión a la gestión financiera del Congreso de la Unión, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a 2015, la ASF encontró que la Cámara de Diputados tuvo un presupuesto de 7,812 millones de pesos, de los cuales 1,742 millones de pesos —22.3% del total asignado a San Lázaro— fue del rubro “Subvenciones”, es decir, las partidas que reciben los grupos parlamentarios.
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Al respecto, la ASF advierte que el órgano legislativo no brindó la información que sustente cómo fueron utilizados esos recursos, a pesar de que esa documentación comprobatoria fue solicitada por su personal.
“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de ‘Subvenciones’ y otros conceptos relacionados con actividades legislativas”, señala la revisión dada a conocer este miércoles por la ASF, un órgano técnico de la propia Cámara de Diputados.
“En términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, concluye el documento.
El panorama es similar en el caso del Senado, que en 2015 tuvo un presupuesto de 4,300 millones de pesos. De ese total, 1,206 millones de pesos correspondieron al rubro “Asignación a los grupos parlamentarios”, lo que equivale a 28% del monto total asignado al órgano legislativo.
La ASF señala que la Cámara alta únicamente proporcionó un resumen de los importes y los conceptos a los que fueron transferidos estos recursos, pero no los comprobantes que demuestren cómo fueron empleados.
“Persiste el hecho de que a esta Auditoría Superior de la Federación no se le ha proporcionado la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados mediante la citada partida y, por tanto, no fue posible comprobar si estos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos”, indica la revisión.
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Viajes y regalos a legisladores
El órgano fiscalizador encontró fallas en otros rubros del gasto legislativo de 2015, como los 202 millones de pesos de “Apoyo para transporte” de los diputados. Este dinero es otorgado para facilitar el traslado a la capital de los diputados provenientes de los estados. Sin embargo, según la ASF, en el periodo revisado se detectó una frecuente falta de comprobación de gastos.
“(Se recomendó a la Cámara baja que) implemente los mecanismos de control necesarios a fin de asegurar que los apoyos de transporte otorgados a los CC. diputados y diputadas sean utilizados exclusivamente para los fines autorizados y, en caso de que no se compruebe su utilización para tal fin, dichos recursos se acumulen a sus demás ingresos y se retengan los impuestos correspondientes”, indica.
En el caso del Senado, la ASF refiere haber encontrado un mal uso del dinero en el rubro “Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades”.
En particular, menciona un gasto del Senado por 2.1 millones de pesos para comprar 400 bustos de bronce y 500 litografías, con el objetivo de conmemorar los 250 años del nacimiento de José María Morelos y al senador Belisario Domínguez.
La ASF explica que la Cámara alta justificó la compra de estos objetos a través de una adjudicación directa “por tratarse de obras de arte con propiedad intelectual y cuyo valor lo determina el propio artista”, y mencionó que éstas serían regaladas a los senadores o conservadas como “obsequios protocolarios” para dignatarios o diplomáticos que visitaran la sede legislativa.
“No obstante, la Auditoría Superior de la Federación considera que dichas erogaciones no contribuyen a la racionalidad y austeridad del gasto público federal”, indica el órgano fiscalizador, que ya en años anteriores ha criticado la forma en la que el Congreso de la Unión emplea el dinero que recibe.
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