Un estudio señala sospechas de manipulación a la estadística delictiva

México Evalúa revela indicios de intervenciones intencionales en las cifras de delitos, empleadas para la definición de programas y la distribución de recursos; propone establecer un órgano revisor.
Revisión  Actualmente, ningún órgano mexicano es responsable de examinar la calidad de la incidencia delictiva reportada por los estados.  (Foto: iStock by Getty Images)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Un análisis de México Evalúa sobre la estadística de incidencia delictiva desde 1997 hasta el año pasado 2016 encontró “sospechas” de que las cifras reportadas por los estados son manipuladas.

El coordinador del Programa de Seguridad de la organización, Jonathan Furzsyfer, explicó que el estudio —que será presentado este martes— consistió en una serie de pruebas para detectar posible intervenciones en los reportes enviados por los gobiernos locales.

Las revisiones, basadas en supuestos probabilísticos e incluso psicológicos, revelaron indicios de selección aleatoria de los números por parte de personal de las procuradurías estatales, mientras que en otros casos se encontró una relación entre los homicidios culposos (no intencionales) y dolosos (intencionales) reportados, que presuntamente podría estar vinculado a un reemplazo intencional de un delito por otro en los registros.

Las cifras de incidencia delictiva son empleadas para evaluar el desempeño de las autoridades locales en la reducción de delitos como los homicidios, robos o extorsiones, entre otros, así como para calcular la distribución de algunos fondos de recursos federales para ayudar a los empleados a combatir la violencia y mejorar las capacidades de las instituciones locales. La estadística también se usa en el diseño de las políticas públicas y establecer prioridades.

Las sospechas en dichas cifras, manifestó Furzsyfer, permiten seguir indagando, por lo que insistió en la recomendación de instituir una instancia de auditoría a la estadística criminal publicada.

“Lo que recomendamos es que estas pruebas estadísticas sean complementadas con una auditoría física de los reportes de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que permitan corroborar estos resultados, o no”, dijo a Expansión.

El experto agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuentan con potestades relacionadas con la atención a este problema, pero es necesario establecer mejor las atribuciones para estas o alguna otro órgano público con suficientes ‘dientes’.

“No hay ninguna institución mexicana o secretaría o agencia que tenga la autoridad de revisar, auditar, verificar la calidad de las estadísticas delictivas que produce cada procuraduría. Al no existir un sistema de pesos y contrapesos y tampoco de rendición de cuentas, los procuradores tienen cierta discreción”, abundó.

Auditorias aleatorias

La propuesta consiste en llevar a cabo auditorías públicas a una muestra de casos elegidos de manera aleatoria.

Las consecuencias para los gobiernos que incumplan con su obligación de generar información de calidad sobre el comportamiento de los delitos podría hacerse acreedora a multas y otras sanciones de tipo político, comentó Furzsyfer.

“Si no hay ningún tipo de repercusión, no se va a resolver el problema. Y al final del día, los más perjudicados por la manipulación somos todos nosotros, pero también los estados porque cuando no tienes indicadores certeros y precisos sobre algún tipo de dinámica social, probablemente no encuentres una solución efectiva”, aseveró.

El especialista de México Evalúa confió en que esta propuesta pueda avanzar en el marco del reciente debate en torno a la política de seguridad, al recordar que en el país hay una tendencia a centralizar procesos y poner candados a la discrecionalidad de los estados, ante casos de abusos por parte de las autoridades locales.

La corrupción rampante en Veracruz, Quintana Roo y otros estados es un llamado a la acción, que muchas organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo pero también que el gobierno ha sido relativamente responsivo. Este tipo de propuestas, desde un punto de vista muy pragmático, a quien más beneficia es al gobierno federal”, enfatizó.

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Como uno de los primeros pasos, advirtió Furzsyfer, se requiere fortalecer las capacidades de las autoridades locales, ante las asimetrías en la capacitación e infraestructura en algunas procuradurías y ministerios públicos.

“Muchos de ellos no tienen ni siquiera computadoras, o tienen los registros de averiguaciones previas en bodegas con muy malas condiciones, mientras que otros tienen digitalizado todo y agentes del ministerio público con más experiencia y mucho mejor entrenados (...) Es uno de los primeros retos que se tiene que atender, porque de lo contrario más allá de ayudar, las auditorías podrían perjudicar más a los que no tienen las capacidades suficientes para hacerlo”, detalló.

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