La Ley de Seguridad Interior recibe respaldo de 3 gobernadores
La Ley de Seguridad Interior —que busca dar certeza legal a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad— recibió el respaldo de los gobernadores de Michoacán, de Tamaulipas y de Sinaloa, estados que enfrentan desafíos en materia de violencia relacionada con la delincuencia organizada.
Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y, Quirino Ordaz, de Sinaloa, señalaron este miércoles durante una reunión a la que fueron invitados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados —donde actualmente se procesa la iniciativa— que la legislación dará certidumbre, garantía y confiabilidad sobre el papel del Ejército y la Marina en el combate al crimen.
Los gobernadores —pertenecientes al PRD, PAN y PRI, respectivamente— se pronunciaron en contra de un eventual regreso del Ejército a sus cuarteles , en tanto no se cuente con corporaciones policiacas locales fuertes y con capacidad para hacer frente a la delincuencia.
"No veo un escenario sin la participación de las Fuerzas Armadas en las condiciones en las que muchos de nuestros estados se encuentran, donde al llegar a ellas no contábamos con policías municipales. Existe el Mando Único con una deficiencia muy clara", manifestó Cabeza de Vaca previo a la reunión con los legisladores.
El mandatario señaló que más allá de la aprobación de las leyes es necesario contar con una estrategia integral que coadyuve en el restablecimiento del tejido social.
“Si perdemos libertades para poder adquirir la seguridad, comparto con usted esa visión, pero qué difícil para mí y para mi estado, cuando los tamaulipecos perdimos la libertad hace mucho tiempo, la libertad de transitar libremente por las carreteras, la libertad de ir a los ranchos —los ganaderos, los agricultores— la libertad de poderse expresar, de emitir una opinión sin ser reprimido por la delincuencia”, dijo Cabeza de Vaca a los diputados.
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El gobernador Ordaz, de Sinaloa, hizo un llamado para que no se politice el debate en torno a dicha normatividad, rechazada por legisladores de izquierda y por especialistas, quienes advierten sobre posibles abusos de parte de los militares.
En ello coincidió el gobernador Aureoles, de Michoacán, quien solicitó establecer un plazo para contar con una Policía confiable, a fin de que eventualmente los militares puedan regresar a sus cuarteles, pues recordó que desde hace más de una década llevan a cabo labores que no les corresponden, pues son tarea de las autoridades civiles.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, César Camacho, celebró la posición de los mandatarios y ofreció discutir tanto la Ley de Seguridad Interior como el modelo policial, pero sin condicionamientos ni forzar los plazos.
“Mientras en materia de seguridad interior hay una laguna legal que hay que colmar, estamos de acuerdo en la necesidad de discutir lo relacionado con el modelo de seguridad que, insisto, tiene competencia y distribución de facultades entre Federación, estados y municipios. Inclusive, la posibilidad de que haya convenios entre los ayuntamientos y los estados, para que estos segundos asuman quehaceres de seguridad preventiva, que establece el 115, ya está ahora mismo en la Constitución”, dijo el diputado.
El presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Neri, del PRD, reconoció sostener coincidencias con el PRI y el PAN, impulsores de la iniciativa, pero señaló que antes de pensar en una Ley de Seguridad Interior es necesario hacer las modificaciones pertinentes a la Ley de Seguridad Pública.
Los perredistas, junto con legisladores de Morena y expertos en seguridad han advertido sobre posibles riesgos a los derechos humanos en la aprobaciónde la Ley de Seguridad Interior, pues señalan que además de que no fortalece a las policías locales, es incompatible con tratados internacionales y potenciaría los abusos a las garantías individuales.
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