Legisladores de izquierda y expertos ven riesgos en la Ley de Seguridad Interior

El gobierno de Peña Nieto, el PRI y el PAN impulsan legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo que académicos y opositores consideran "regresivo".
Diputados se sumaron a la campaña para discutir la Ley de Seguridad Interior con base en evidencia sobre la lucha contra el crimen organizado y la participación de las distintas corporaciones en operativos.
#LegislarConEvidencia  Diputados se sumaron a la campaña para discutir la Ley de Seguridad Interior con base en evidencia sobre la lucha contra el crimen organizado y la participación de las distintas corporaciones en operativos.
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Diputados del PRD y Morena, así como expertos en seguridad, advirtieron sobre riesgos a los derechos humanos en la Ley de Seguridad Interior impulsada por el PRI, el PAN y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

La legislación —cuyos promotores prevén aprobar en este periodo ordinario de sesiones— contempla formalizar dicha participación a través de una declaratoria formulada por el presidente con la colaboración de los gobernadores, misma que deberá delimitarla en espacio y temporalidad.

“Otros grupos parlamentarios afirman que quieren sacar esta ley antes del 30 de abril, nosotros decimos que no es tanto un tema de fechas, sino de modos”, subrayó este miércoles la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, al inaugurar un conversatorio con académicos sobre esta iniciativa.

Actualmente, elementos del Ejército y la Marina ya participan en operaciones en contra del crimen organizado —en apoyo a las fuerzas civiles en regiones con problemas de violencia—, aunque estas no son las funciones que la ley les mandata.

“Ahora, Peña Nieto no ve otra salida más que modificar la ley, para darle seguridad jurídica a un Ejército que está en las calles, cuando éste debería de ir poco a poco regresando a los cuarteles”, aseveró Nahle.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, coincidió en rechazar la legislación bajo análisis en la Cámara baja y se pronunció por emprender un debate nacional.

“Para el PRD está claro que no podemos transitar con esta idea de aprobar una Ley de Seguridad Interior”, enfatizó en rueda de prensa posterior al foro.

El líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda, también se pronunció por analizar este asunto con base en la evidencia estadística sobre delincuencia y la participación de las distintas corporaciones en los operativos, aunque de entrada no descalificó la propuesta pendiente en comisiones legislativas.

“Movimiento Ciudadano está en un proceso de análisis de la iniciativa, compartimos la preocupación generalizada, que es parte del debate público, en torno al respeto a los derechos humanos, nos parece que ese es el tema central que hay que cuidar y proteger. Lo que sí pudiera comentar de manera muy firme es que nosotros no aceptaríamos ningún tipo de legislación que trastocara la protección y la defensa de los derechos humanos”, señaló en la misma conferencia con medios.

Expertos dicen "no"

Los académicos participantes en el foro entregaron a Martínez Neri, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una base de datos que les fue filtrada con datos oficiales de enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y civiles ocurridos en el sexenio pasado, que —de acuerdo con un análisis de expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)— muestra posibles abusos de integrantes del Ejército.

Los especialistas pidieron a los legisladores considerar estas conclusiones en el debate parlamentario. El coordinador del Diplomado de Política de Drogas del CIDE, Jorge Javier Romero, calificó la iniciativa en discusión como “de dudosa constitucionalidad”, y destacó que deforma el núcleo garantista de la Carta Magna en nombre de la seguridad.

“Es un tema particularmente delicado, porque si lo que queremos construir es una seguridad humana que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos y garantice la reducción eficaz de la violencia, pero con base en el orden jurídico, el peor camino es seguir militarizando la seguridad”, indicó.

Alejandro Anaya, también del CIDE, consideró que legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles implica perpetuar y formalizar una política pública que ha dejado saldos negativos en materia de derechos humanos, y no ha sido exitosa en controlar al crimen organizado ni en generar seguridad para la ciudadanía.

“Parte de las razones que se dan para que las Fuerzas Armadas no regresen a sus cuarteles es que los grupos del crimen organizado son más poderosos hoy que nunca; entonces, si son más poderosos que hace 10 años, ¿qué nos dice eso sobre la estrategia que se ha venido implementando? Por otra parte, los niveles de violencia han aumentado de manera notoria en este periodo, dentro del marco de esta estrategia”, cuestionó.

Los expertos coincidieron en señalar que lo que verdaderamente urge es el fortalecimiento de las instituciones de policía e impartición de justicia, para garantizar su eficiencia y honestidad.

El especialista Ernesto López Portillo lamentó que la legitimidad de la policía y la expectativa de sanearla han sido destruidas, ante lo cual se ofrece a los militares como opción, y cuestionó quién está detrás de esto.

“¿De quién es el plan de destruir a la policía y empoderar al Ejército? (...) Tenemos una transferencia del poder civil al poder militar”, cuestionó.

El gobierno y el PRI perfilan aprobación

Este martes, legisladores se reunieron con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), con quienes hablaron sobre la urgencia de procesar esta ley, a través de un dictamen con las coincidencias de las distintas iniciativas que se han presentado, informó el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho.

Hasta el momento, existen las iniciativas del líder priista, de los senadores Miguel Barbosa (PRD) y Roberto Gil (PAN), y del diputado Jorge Ramos (PAN).

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Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la urgencia de aprobar esta ley está marcada por el nuevo modelo de justicia penal.

“Se requiere dotar de facultades al Ejército y la Marina, porque sus detenciones pueden caer en la ilegalidad, porque no tienen facultades a partir del nuevo modelo de justicia penal”, dijo este miércoles a la emisora Imagen Radio.

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