La Ley de Seguridad Interior desplaza las reformas a la policía y a la fiscalía

En la agenda de pendientes en materia de seguridad, la Ley de Seguridad Interior —que busca dar certidumbre legal a la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiacas— acapara los reflectores. En contraste, otras normas quedan rezagadas, como la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y la reforma a los cuerpos de policía.

Mientras diputados se alistan a aprobar una iniciativa para formalizar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública, expertos advierten sobre la importancia de establecer mecanismos para fortalecer a las corporaciones civiles y a las instituciones de procuración de justicia, aunque admiten que el tema de la Seguridad Interior se impondrá al menos en este periodo ordinario de sesiones.

El Congreso mantiene ‘atorada’ la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para unificar el mando de las policías locales —que planteó como mando único, pero el Senado modificó en un esquema mixto—, y también presenta rezago en la ley que definirá el tránsito de la actual Procuraduría General de la República (PGR) hacia la autónoma FGR, para lo cual ya existe un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que aún debe ser respaldado por los senadores.

Pese a críticas de expertos y de la izquierda, los diputados del PRI afirman que darán prioridad a la Ley de Seguridad Interior —una demanda de las Fuerzas Armadas—, en tanto que el tema de la fiscalía apenas figura en las agendas del PAN y PRD en el Senado.

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El especialista en seguridad Ernesto López Portillo consideró que el actual debate legislativo es “erróneo de origen” porque deja de lado los cambios necesarios en las policías e insiste en la estrategia de “mano dura” contra la delincuencia organizada, que —según su balance— no ha sido efectiva para reducir la violencia ni acotar a los grupos criminales.

“El problema no está en el mando, está en la ausencia de sistemas de rendición de cuentas y transparencia en la policía, que obliguen a la policía a modificar su evaluación para colocar la atención, protección y confianza ciudadana en el centro de sus indicadores de desempeño”, dijo.

El experto detalló a Expansión que se requiere una reingeniería institucional a las policías para dotarlas de mecanismos de control interno y externo, lo cual no necesariamente pasa por un cambio legislativo.

El diputado de Morena Vidal Llerenas coincidió por separado en que el énfasis debería estar en crear un sistema policial nacional que garantice elementos de calidad, y no tanto en el mando.

“Tendríamos que certificar policías en un sentido más amplio, que tengan las habilidades, darles el sueldo necesario, las condiciones adecuadas, etcétera (...) Tendríamos que estar discutiendo cómo construimos instituciones civiles capaces de hacer actividad policiaca y de investigación, cuando lo que estamos haciendo es cómo hacemos para que los militares permanezcan”, señaló.

El legislador recordó que los esfuerzos de profesionalización de la policía han dado resultados en localidades como Nuevo León, entidad que en 2011 creó la Fuerza Civil, una corporación que ayudó a disminuir los crecientes niveles de violencia que se estaban registrando.

Alejandro Anaya, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), remarcó que estos procesos llevan tiempo, por lo que se pronunció por acelerarlos y por no continuar con las inercias que llevan a las entidades a “seguir de gorrones” con las Fuerzas Armadas en lugar de crear policías capaces.

El académico indicó que, desde la decisión del entonces presidente Felipe Calderón de echar mano del Ejército y la Marina para combatir al crimen organizado, el país lleva “10 años perdidos” en la ruta de consolidar policías profesionales.

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“(La Ley de Seguridad Interior) genera los incentivos para no preocuparse por construir instituciones porque ‘ya el Ejército nos va a sacar del apuro’”, comentó la semana pasada durante un foro en la Cámara de Diputados.

“Ya nos tendríamos que haber dado cuenta de que mandar al Ejército a las calles no es la solución para este gran problema. Lo que se necesita y deberíamos estar discutiendo no es una Ley de Seguridad Interna, la verdadera urgencia nacional no es la falta de certeza para las Fuerzas Armadas, la verdadera urgencia es el desarrollo de instituciones civiles, fuertes, sólidas, potentes, eficientes y honestas de administración e impartición de justicia”.

Fiscalía olvidada

Este tema también espera en la ‘congeladora’. La reforma política de 2014 prevé la transformación de la PGR en una nueva FGR encargada de los delitos federales, autónoma respecto del Ejecutivo, y que entrará en funciones una vez que se apruebe su ley orgánica.

Organizaciones, académicos y expertos en seguridad conformaron el colectivo #FiscalíaQueSirva para exigir al Congreso que las voces de la sociedad civil sean consideradas en este proceso. El colectivo lanzó un documento de “puntos mínimos”, agrupados en diseño institucional, perfil del fiscal, modelo de transición y parámetros operativos (eficiencia, competencias, especialización, defensa de las víctimas, etcétera).

“El establecimiento de una nueva Fiscalía General autónoma para México es una oportunidad para enfrentar la grave crisis de impunidad que afecta al país”, asevera el documento.

La directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), María Novoa —integrante a título personal de este colectivo—, lamentó que esta transición también quedará rezagada.

“La prioridad se está yendo hacia la Ley de Seguridad Interior más que a este proceso, que venía con fuerza en octubre y noviembre, cuando designaron al procurador (Raúl) Cervantes, pero se ha diluido la preocupación”, comentó a Expansión.

Especialistas advierten que en la elaboración de la Ley de la Fiscalía se debe cuidar la definición de aspectos clave para el funcionamiento de la nueva institución, así como garantizar su autonomía.

Una de estas cuestiones será la discusión en torno a dar autonomía o no a los servicios periciales y forenses, igual que a la Policía de Investigación, pese a que se mantendrían en la estructura de la FGR. De esta forma, explicó Novoa, la fiscalía quedaría como un órgano que esencialmente formalice la investigación criminal, pero con contrapesos institucionales que evitarían la injerencia de intereses políticos en la investigación científica de los casos.

“No hay que fraccionar, sí deben estar dentro de la fiscalía. Consideramos que es importante para que se logre la autonomía separar servicios periciales y la Policía de Investigación. El problema va a ser lograr una efectiva coordinación entre estas tres instancias”, detalló la experta, quien puso el caso Ayotzinapa como ejemplo de la vulneración de un dictamen técnico por motivos externos.

Otro aspecto que ha despertado inquietud es la transición institucional, pues esta ley debe definir si la estructura de la PGR pasa en automático a la fiscalía, si se construye una institución “desde base cero” o un proyecto intermedio. Novoa se pronunció por primero establecer el modelo deseado de FGR, y a partir de ahí establecer un esquema de metas a cumplir.

“A partir de una evaluación cierta y profunda, un diagnóstico de lo que está pasando en la PGR, lograr identificar cuáles son sus fortalezas, los buenos elementos que tiene, establecer las fases del proceso. No es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, esta transformación va a implicar años, pero este tránsito tiene que estar planeado, tiene que haber una estrategia claramente definida”, indicó.

En la legislación orgánica, agregó, se puede aprovechar para establecer nuevos perfiles para profesionalizar a los funcionarios de procuración de justicia, e introducir órganos de control internos y de seguimiento ciudadano para fiscalizar esta labor.

Novoa afirmó que la iniciativa ya aprobada por los diputados carece de muchos de estos elementos, y señaló el riesgo de incurrir en un acto de “gatopardismo” en el que se mantenga la estructura de la PGR y no se transforme a la institución más allá de un nuevo orden y otro membrete. Entre las deficiencias que la experta ve en esta minuta está la falta de contrapesos externos, y que los servicios periciales y la Policía de Investigación se mantienen en la Agencia de Investigación Criminal de la procuraduría.

Además de la Ley de la Fiscalía, en este tema también se requiere la reforma constitucional enviada por Peña Nieto para evitar que quien ocupe el cargo de procurador pase en automático a ser el nuevo fiscal general, y que el Senado intervenga en la designación. El mandatario planteó esta iniciativa luego de que la oposición y organizaciones criticaron la selección del priista Raúl Cervantes como titular de la PGR, ante la posibilidad de que él, un funcionario con filiación partidista, se convirtiera en el primer fiscal autónomo, por un periodo de nueve años.

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Novoa enfatizó que en este proceso se debe cuidar que no haya retrocesos en el fortalecimiento de la autonomía de la FGR. En ese marco, el Senado también tiene pendiente designar al fiscal especializado en combate a la corrupción.