Roberto Borge cumple 6 meses fuera de la luz pública y con denuncias en contra
De los tres gobernadores que el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto puso como ejemplo del "nuevo PRI" en 2012, Javier Duarte, de Veracruz, ya fue detenido por presuntos actos de corrupción, y César Duarte, de Chihuahua, ya enfrenta una orden de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia.
El tercero de ellos, Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo, todavía no es oficialmente buscado por las autoridades mexicanas, aunque ya pesan en su contra denuncias penales y él tiene más de seis meses lejos de la luz pública.
La última vez que Borge apareció públicamente en México fue el 24 de septiembre de 2016, en el cierre de su mandato al frente del estado caribeño.
Al día siguiente asumió como gobernador Carlos Joaquín González, quien fue postulado por una alianza PAN-PRD, mientras que para Borge empezó un periodo en el que se han acumulado los señalamientos, las sanciones y las denuncias en su contra.
Tropiezos
En el terreno político, Borge sufrió su primer revés el 16 de diciembre pasado, cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidiaria del PRI decidió suspender sus derechos como militante del tricolor, a raíz de las acusaciones en su contra. Dicha sanción es considerada un paso previo a la expulsión de un militante priista, tal como sucedió con el propio Javier Duarte.
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Para esas fechas, medios como Expansión y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) habían documentado cómo el entonces gobernador y una red de funcionarios despojaron de inmuebles a empresas y particulares, mientras que se dieron a conocer señalamientos en el sentido de que su administración vendió terrenos de propiedad pública, a un precio mucho menor de su valor real, a personas de su entorno.
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En el terreno judicial, en noviembre, el gobierno de Carlos Joaquín González denunció penalmente a Borge, al argumentar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el exmandatario remató 10% de la reserva territorial de Quintana Roo .
Un mes después, en diciembre, la actual administración estatal presentó siete denuncias más contra excolaboradores de Borge, por el presunto desvío de más de 2,000 millones de pesos del erario público, y otras cinco contra titulares de juntas de Conciliación y Arbitraje acusados de participar en juicios amañados para concretar despojos .
En febrero de este año, a esto se sumó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aseguró 25 predios vendidos irregularmente por la gestión de Borge. Según informaron las autoridades entonces, el valor conjunto de los terrenos es de 5,000 millones de pesos y el aseguramiento forma parte de las acciones de la PGR derivadas de la denuncia promovida por el Poder Ejecutivo estatal.
Rafael del Pozo, secretario de la Gestión Pública estatal, dijo entonces a Expansión que esos 25 predios representan solamente "una pequeña muestra" de las anomalías que hubo en la anterior gestión de Quintana Roo.
Además de todo esto, contra Borge y exfuncionarios de su equipo existen solicitudes de juicio político, tanto en el Poder Legislativo local como en el estatal. De prosperar, tales peticiones implicarían sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Alejado de los reflectores
Mientras estos recursos legales pesan en su contra, Borge se encuentra lejos de la atención pública en México.
En este contexto, el diario Reforma dio a conocer este lunes que el priista tiene asignados 44 escoltas proporcionados por el propio gobierno estatal , que en respuesta aclaró que ya le fueron retirados 11 y se analiza qué hacer con el resto.
Según versiones periodísticas, Borge se encuentra a Estados Unidos. En tanto, en territorio mexicano las actuales autoridades de Quintana Roo, organizaciones civiles y ciudadanos exigen que sigan en marcha las investigaciones sobre las irregularidades del exgobernador.
Este 17 de abril, casi cinco años después de que el presidente Peña Nieto hablara de los "nuevos priistas", él mismo se refirió a las detenciones de Javier Duarte y de otro exmandatario, el tamaulipeco Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico, y dijo que éstas reflejan el mensaje de que su gobierno combatirá los actos corruptos que detecte.
"Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine la autoridad judicial, estas detenciones son un mensaje del Estado mexicano contra la impunidad ", aseguró el mandatario federal.
