#Elecciones2017: Los retos de seguridad para Edomex, Coahuila y Nayarit

El Estado de México, Nayarit y Coahuila, que el 4 de junio elegirán gobernador, corren riesgos en materia de violencia y criminalidad, advierte estudio del Observatorio Nacional Ciudadano.
Secuestros, homicidios  e infiltraciones del crimen en instituciones de seguridad y procuración de justicia son algunas de las problemáticas que enfrenta Coahuila, Nayarit y el Estado de México, tres estados gobernados por el PRI.
Sucesión estatal  Secuestros, homicidios e infiltraciones del crimen en instituciones de seguridad y procuración de justicia son algunas de las problemáticas que enfrenta Coahuila, Nayarit y el Estado de México, tres estados gobernados por el PRI.  (Foto: Fotoarte Expansión)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Estado de México, Nayarit y Coahuila, las tres entidades que renuevan gobierno en las elecciones de junio próximo, podrían enfrentar situaciones de riesgo de deterioro en sus niveles de violencia, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“Nos preocupa, porque sabemos que cuando hay un cambio de gobierno los reajustes que genera llevan a una oportunidad para los delincuentes para generar condiciones de violencia en lo local (...) El proceso electoral ‘congela’ a la institución y da espacio y oportunidad para que quien quiera delinquir lo pueda hacer libremente”, dijo este martes el director de la organización, Francisco Rivas, al presentar un informe sobre dichas localidades.

El reporte señala riesgos en cada una de estas entidades, así como recomendaciones para quien encabece la gubernatura, al enfatizar que las propuestas de los candidatos “son sumamente generales y no reflejan acciones concretas y rutas críticas para su ejecución”, tampoco se basan en evidencia ni toman en cuenta los ‘focos rojos’ encendidos en la materia.

A continuación te presentamos el diagnóstico del ONC y sus planteamientos para mejorar la seguridad en los estados con comicios.

Edomex

El diagnóstico destacó que, en materia de secuestro, “el Estado de México exhibe niveles y tendencias preocupantes que requieren indudablemente acciones de política inmediatas”.

En cuanto a homicidio, se detectaron “patrones irregulares” en las cifras de averiguaciones previas iniciadas, con una disminución “abrupta” en 2007, y una posterior “tendencia ligeramente creciente”. Añade que, pese a las alertas de género, el Edomex no ha logrado mejorar la situación de feminicidios.

El reporte también menciona que existe un registro incompleto sobre extorsiones, pues solo se cuenta con datos de 1999 y de 2012 a 2016, mientras que para el resto de los periodos está en cero. De la información pública, 2016 muestra un incremento de 52% respecto al año anterior, “lo que constituye una señal de alerta”.

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Rivas comentó que el actual gobierno dio de baja a 5,000 policías estatales “bajo el argumento de que no habían pasado los controles de confianza”, situación que calificó como “preocupante”.

“El estado lo que hizo fue prohibir a los policías de tránsito que dieran multas porque no podían garantizar que no cometieran algún tipo de acto de corrupción. Preocupa porque policías dados de baja sin tener un plan bien definido, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, aseveró.

El análisis alerta que, dado que la inseguridad es una de las preocupaciones más importantes del electorado mexiquense, es probable que los candidatos impulsen “propuestas con resultados mágicos” en lugar de propuestas racionales y coherentes.

“Quien resulte electo, debe implementar respuestas que sean respuestas factibles, nos preocupan las soluciones mágicas, sabemos que debe haber un trabajo de sensibilización alrededor de los delitos: la atención en las agencias de los ministerios públicos se debe mejorar, se debe mejorar las áreas periciales, la efectividad policial, la confianza que los ciudadanos tienen en las autoridades, es la entidad donde los ciudadanos consideran menos confiables a las autoridades”, abundó Rivas.

Recomendaciones

• Es urgente que los candidatos definan estrategias coherentes para combatir y prevenir la incidencia de secuestros.

• Es urgente diseñar políticas que potencien el desempeño de las instituciones de seguridad locales y promuevan mejoras en áreas de registro estadístico.

• Impulsar el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad basadas en la evidencia.

• Fomentar la apertura de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la implementación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil.

• Para el candidato que resulte electo debe ser una prioridad reducir las tasas delictivas mediante políticas públicas de seguridad con resultados sostenibles en el mediano y largo plazo.

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Nayarit

El reporte explica que la incidencia de homicidios se incrementó entre 2007 y 2011, en consonancia con las regiones del norte, para posteriormente registrar disminuciones "casi sorprendentes” que hicieron parecer a Nayarit “un caso de éxito por la rapidez y contundencia”, pero esta efectividad quedó cuestionada luego del arresto en EU del fiscal del estado, Édgar Veytia, por supuestos vínculos con el violento Cártel de Jalisco Nueva Generación, que hacen pensar en una “pacificación administrada a través de mecanismos extra legales”.

“Hoy, Nayarit debería encontrarse en una abierta revolución para combatir la corrupción y generar transparencia y rendición de cuentas, cosa que tampoco estamos viendo. Se detuvo a un fiscal general, pero no (hay) un desmantelamiento de la red que permitió que este fiscal pudiera operar impunemente en una entidad clave en materia de cruce ilegal de la droga”, enfatizó Rivas.

En feminicidios, el ONC destacó que aunque este tipo penal entró en vigor este año, la entidad carece de protocolos de investigación y actuación en esta materia, por lo que se espera que el gobierno estatal integre una unidad especializada y emita el protocolo correspondiente.

Recomendaciones

• Fortalecer el sistema de pesos y contrapesos asociado a la Fiscalía General del Estado.

• Fortalecer el componente de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia pues la administración en turno destaca por su opacidad.

• Impulsar el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad basadas en la evidencia.

• Fomentar la apertura de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la implementación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil.

• Acelerar la publicación e implementación del protocolo de investigación y actuación en materia de feminicidios.

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Coahuila

El informe resalta la concentración de homicidios dolosos en lo que va del actual gobierno del priista Rubén Moreira (2011-2016), con 2,989 registros de dicho delito, de los cuales el 50% ocurrieron en Torreón y 13% en Saltillo (ambos municipios reúnen el 50% de la población de la entidad).

Rivas se refirió al repunte de violencia en la región de La Laguna, donde en comparación con el primer trimestre de 2016, este año ha incrementado 20% el homicidio doloso; 64% el robo a vehículo sin violencia; 190% el robo a negocio con violencia; 58% el robo a negocio sin violencia; 45% el robo a casa habitación sin violencia; 16% el robo a transeúnte con violencia, y 156% el robo a transeúnte sin violencia. Esto, luego de que la zona había mostrado a partir de 2012 una mejora en sus niveles de seguridad.

“Ese otro ejemplo de recuperación de territorio, evidentemente hoy ya se ha perdido”, manifestó el experto.

Otro ‘foco rojo’ es el del registro de desapariciones forzadas, al señalar que no coincide el número de casos reportados —como el del municipio de Allende en 2011— con las estadísticas oficiales.

“Pese a que Coahuila reporta una cantidad considerable de personas desaparecidas y de desapariciones forzadas, el funcionamiento del sistema de justicia estatal no ha sido capaz de brindar una respuesta institucional adecuada”, indica el documento.

Ante el hallazgo de fosas clandestinas, el ONC puso de relieve la necesidad de contar con mejores capacidades forenses para procesar e identificar los cuerpos y restos encontrados.

“Se detectó que en las instituciones competentes del ámbito local no había antropólogos dentro de los equipos especialistas”, menciona el informe, y agrega que se desconoce si las autoridades de Coahuila implementan protocolos forenses, pues no contestaron a una solicitud de información pública.

El reporte también recordó que los centros penitenciarios estatales carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, lo que abre la posibilidad de que los internos cometan actos de extorsión.

Recomendaciones

• No dar por sentado la mejora de los índices delictivos reportada en fechas recientes, sobre todo dado el comportamiento de delitos de alto impacto en zonas específica de la entidad a principios de 2017 como en la región de La Laguna.

• Mejorar las capacidades institucionales en materia forense, de procuración de justicia y de atención a víctimas de cara a la crisis de desapariciones forzadas e involuntarias que vive la entidad.

• Comprometerse con el fortalecimiento y capacitación de quienes integran las instituciones de procuración y justicia.

• Atender integralmente la problemática institucional alrededor del sistema penitenciario estatal partiendo de diagnósticos específicos en la materia.

• Impulsar el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad basadas en la evidencia.

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• Fomentar la apertura de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la implementación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil.

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