Las 19 pruebas con las que el gobierno de México acusa a Javier Duarte

Los documentos con los que la PGR sustentó su solicitud para que el exgobernador de Veracruz sea extraditado incluyen escrituras de propiedades, dictámenes contables y entrevistas ministeriales.
Durante una audiencia realizada este martes, el exgobernador accedió a ser enviado a México para enfrentar los cargos en su contra.
Acepta la extradición  Durante una audiencia realizada este martes, el exgobernador accedió a ser enviado a México para enfrentar los cargos en su contra.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Actas de constitución de empresas, escrituras públicas y testimonios son algunos de los elementos con los que el gobierno de México sustentó su solicitud de extradición en contra de Javier Duarte, y con los que también busca comprobar que el expriista realizó una serie de actividades ilícitas a través de una red de corrupción presuntamente tejida cuando fue gobernador de Veracruz.

Estas pruebas fueron enlistadas en la audiencia que Duarte tuvo este martes en Guatemala, donde la fiscalía del país centroamericano consideró que son suficientes para catalogar al exfuncionario como probable responsable de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para enviarlo a México.

Duarte —quien también enfrenta otras acusaciones del fuero común— aceptó ser extraditado. Sin embargo, sostiene que todos los señalamientos en su contra carecen de base y que logrará demostrar su inocencia una vez que regrese a territorio mexicano.


“No cometí tales delitos”, aseguró Javier Duarte al aceptar ser extraditado

Por lo pronto, aquí presentamos una a una las 19 pruebas con las que las autoridades federales mexicanas buscan someterlo a proceso penal.

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Prueba 1: Copia certificada de la orden de aprehensión contra Duarte y otras personas emitida el 14 de octubre de 2016, por el juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal, con sede en el Reclusorio Norte.

El fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez dijo este martes que con ella se acredita que existe una orden judicial válida, vigente y ejectuable para que Duarte enfrente un proceso penal en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Prueba 2: Cómputo judicial según el cual el ejercicio de la acción penal contra Duarte prescribe hasta marzo de 2076, lo que significa que aún puede ser buscado por la justicia.

Prueba 3: Disposiciones legales en las que se exponen los delitos atribuidos a Duarte.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que, de acuerdo con la legislación mexicana, la pena por delincuencia organizada va de 20 a 40 años de prisión (con término medio aritmético de 30 años), en tanto que por operaciones con recursos de procedencia ilítica es de cinco a 15 años (con término medio aritmético de 10).

Prueba 4: Denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que acredita que la investigación cumple con todos los requisitos para proceder.

Prueba 5: Entrevista escrita y en audio con Alfonso Ortega López, excolaborador de Duarte. Según el fiscal, esta conversación fue el 12 de octubre de 2016 y en ella Ortega habló del uso de recursos públicos con fines privados, así como de su desvío y ocultamiento.

Prueba 6: Entrevista ministerial con Ortega, el 12 de diciembre de 2016, en la que refirió la constitución de empresas fachada para las operaciones ilcítas.

Prueba 7: Entrevista ministerial con José Juan Janeiro Rodríguez, otro excolaborador de Duarte, el 2 de febrero de 2017. El fiscal guatemalteco dijo este martes que en ella se acreditan, de manera "clara, precisa y contundente", datos y hechos que involucran de forma directa a Duarte y a su esposa, Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos de Veracruz para beneficio propio.

Prueba 8: Entrevista de la Procuraduría General de la República (PGR) con Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, el 13 de diciembre de 2016. Según las autoridades, Bermúdez también dio detalles de los delitos presuntamente cometidos por Duarte cuando fue gobernador (2010-2016).

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Prueba 9: Escrituras públicas de siete bienes inmuebles asegurados por el Ministerio Público federal, entre los que se ecuentran el rancho La Macedonia, en Tres Valles; el predio rústico La Macaya, en Cosamaloapan, y tres departamentos en Boca del Río, todos ellos en Veracruz, así como un lote en Las Mesas, Valle de Bravo, Estado de México.

Según las autoridades, estas propiedas fueron adquiridas por los colaboradores de Duarte: Moisés Mansur, Mónica Macías Tubilla (hermana de la esposa de Duarte) y Armando Rodríguez Ayache (su cuñado).

Prueba 10: Escritura pública de la constitución de la empresa Consorcio Brades, SA de CV.

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Prueba 11: Escritura pública de la compraventa realizada entre Ortega y la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios. En esa operación —en la que Ortega fungió como vendedor—, estuvieron involucradas cuatro parcelas del ejido Lerma, en Campeche.

Según la fiscalía guatemalteca, con este documento se acredita que Duarte encabezó una red para apropiarse de bienes de manera ilegal. Al respecto, él aseguró este martes que eso es falso y que no es ni ha sido ejidatario.

Prueba 12: Documentación sobre la venta de un yate, de la empresa Ferretti a la empresa Alpargata, cuyo propietario es Ortega.

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Prueba 13: Escritura pública de la constitución de la empresa Roor, cuyos únicos socios son Ortega y Mario Rosales Mora.

Prueba 14: Escritura pública de la operación de compraventa a través de la cual Roor compró una propiedad en la calle de Sierra Fría, en Lomas de Chapultepec. Según el fiscal, este documento respalda lo dicho por Ortega en entrevistas con autoridades.

Prueba 15: Contratos de compraventa de cuatro departamentos en la zona turística de Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, adquiridos entre 2010 y 2012 y cuyos dueños son Mansur, Ortega y Janeiro.

"Se acredita la compra de estos inmuebles por instrucción del señor Javier Duarte y las negociaciones realizadas por Moisés Mansur", dijo el fiscal al respecto.

Prueba 16: Documentación relacionada con la adquisición de las 21 parcelas del ejido Lerma: cuatro por Ortega, tres por Janeiro, nueve por Mansur y cinco por Rafael Gerardo Rosas.

"(Con esto) se acredita un complejo cúmulo de estrategias operativas que permitió a las personas involucradas por órdenes de Javier Duarte la consecución de su objetivo, que fue la introducción de dinero a instrumentos financieros, aparentando que eran producto de una actividad comercial lícita", dijo el fiscal Galdámez.

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Prueba 17: Estados de cuenta de pagos con motivo de la compraventa de las 21 parcelas, que respaldan la transferencia de dinero y que fueron analizados por peritos contables de la PGR.

Prueba 18: Dictamen de contabilidad emitido por los peritos de la PGR Jorge Moreno y Gonzalo Pedraza, quienes dieron cuenta de los flujos de dinero por la compraventa de las parcelas, a través de operaciones bancarias realizadas por Consorcio Brades a favor de Mansur, así como de operaciones bancarias de Terra a favor de Ortega.

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Prueba 19: Fotografía de Duarte para acreditar su identidad como acusado.

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