Los 5 estados con más irregularidades en las cuentas de 2016

En su último año en Veracruz, el gobierno de Javier Duarte dejó anomalías por 3,192.1 millones de pesos (mdp).

De esto, 1,399.3 mdp corresponden a pagos no autorizados a personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación estatal, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Cuatro pagos son de periodos en los que Duarte aún estaba al frente del gobierno, y dos más, de periodos en los que ya había asumido la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

"El estado invirtió 1,399,398.8 miles de pesos (62.0% de lo asignado) que no cumplieron con los objetivos del fondo, en virtud de que se destinó para el pago de nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación del estado y no cumplió con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal", dice el dictamen de la auditoría 1665, donde además hay observaciones por otros 410.4 mdp.

Otra anomalía detectada corresponde al pago de 753.9 mdp del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a cuentas bancarias ajenas, por parte de la Secretaría de Finanzas y de Planeación (Sefiplan).

Según la auditoría 1671, a Veracruz se le asignaron 5,728.5 mdp del FASSA, de los cuales la dependencia estatal únicamente destinó 4,932.5 mdp a salud. El monto restante y los intereses derivados fueron depositados en otras cuentas, sin que hasta la fecha se hayan restituido a la Tesorería de la Federación.

Las transferencias se dieron entre el 26 de abril de 2016, todavía con Duarte, y el 25 de noviembre de ese mismo año, bajo la gestión del entonces gobernador interino, Flavino Ríos.

Una observación más, contenida en la auditoría 1662, es sobre un posible daño al erario por 316 mdp correspondientes a recursos de Prospera, de los cuales no se acreditó el gasto ni su transferencia al Régimen Estatal de Protección Social (REPSS).

En esa misma revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el estado incumplió con obligaciones de transparencia en relación con Prospera, debido a que no envió los informes pertinentes a la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, "lo cual limitó al gobierno del estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora".

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El segundo año de la gestión de Silvano Aureoles al frente del estado de Michoacán tiene observaciones de la Auditoría por 2,415.3 mdp.

En una de las anomalías detectadas, el órgano fiscalizador presume un daño al erario de 1,388.2 mdp, correspondientes a recursos del FAFEF, de los cuales no se comprobó ni justificó su erogación.

"La entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino, que generaron un probable daño a la hacienda pública (...) por falta de documentación comprobatoria y justificativa y por intereses generados de los cuales la entidad no evidenció su aplicación y ejercicio", señala el dictamen de la auditoría 1102.

En ese mismo documento, la ASF también presume un daño al erario de 508,765 pesos por concepto de intereses devengados de dicho fondo.

También por recursos sin comprobar del Seguro Popular, la ASF detectó un probable daño al erario de 333.9 mdp, los cuales se requirió deberán ser reintegrados a la Federación en caso de no justificarse su aplicación en los objetivos requeridos.

Asimismo, el dictamen de la auditoría 1108 señala que el estado incurrió en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa.

Otro monto de daños probables al erario es de 284.5 mdp, los cuales corresponden a recursos entregados a los Servicios de Salud de Michoacán y que tuvieron problemas como ausencia de firmas en contratos de trabajo y de titulares de área.

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En 2016 —último año del mandato de Gabino Cué—, el gobierno de Oaxaca registró un posible daño al erario por 2,340.7 mdp, de acuerdo con el informe sobre la Cuenta Pública de la ASF.

Las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador incluyen desde pagos a aviadores hasta que las autoridades no explicaron cuál fue el destino de recursos federales, pasando por el uso del dinero en fines distintos para el que estaba programado.

El mayor monto se deriva de anomalías en un convenio entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno estatal. En este caso, el posible daño patrimonial asciende a 915.2 mdp, derivado de que la administración de Cué no comprobó que los fondos de este acuerdo se hayan empleado en la prestación de servicios para la ciudadanía.

A esta irregularidad le sigue otra por 856.2 mdp en el FASSA. El principal hallazgo de la Auditoría fue que 572.8 mdp de esta partida fueron empleados para pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de trabajadores de la entidad.

"El gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas", dice el informe.

A esto se suman otras dos irregularidades, una por 515.3 mdp del FAFEF, y otra por 34.3 mdp del programa Prospera en su Componente de Salud.

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El Estado de México es la cuarta entidad con mayores recursos observados por la ASF, con posibles daños a la hacienda pública por 2,056.9 mdp.

La entidad, gobernada por el priista Eruviel Ávila y que este año celebró elecciones para elegir mandatario estatal, tuvo un monto total observado por 3,499.1 mdp, de los cuales ya se recuperaron 1,294.3 mdp, de acuerdo con la primera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2016.

Entre los recursos donde se halló un mayor posible quebranto están más de 679 mdp del FASSA, donde la Auditoría no encontró la documentación para comprobar que se hubieran utilizado conforme a los objetivos del fondo.

El reporte de la ASF señala que, a pesar de que la la Secretaría de Finanzas estatal abrió una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del fondo, el Instituto de Salud mexiquense (ISEM) no hizo lo propio, lo cual dificultó la fiscalización del dinero.

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 679,694,407.47 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber registrado al 31 de diciembre de 2016, recursos devengados sin que a la fecha de revisión se proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio del gasto", se señala en la auditoría 898.

En la misma revisión se da cuenta de posibles anomalías por 414 mdp más intereses por no enterar al SAT de las retenciones realizadas por concepto de ISR de octubre, noviembre y diciembre de 2016, correspondientes a los recursos del FASSA.

Y también el Seguro Popular

Otra anomalía encontrada es que el gobierno priista reportó haber gastado más de 567.5 mdp de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016, es decir, del Seguro Popular.

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 567,553,550.71 pesos (…) por haber registrado al 31 de diciembre de 2016, recursos devengados sin que a la fecha de la auditoría se proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos", se indica en la auditoría 900.

Por ello, la ASF dio como plazo el 30 de junio pasado al gobierno de Eruviel Ávila para comprobar los gastos o devolverlos a la Federación.

En la misma auditoría se da cuenta de que 181.2 mdp fueron retenidos por ISR al personal pagado con recursos de Seguro Popular 2016; sin embargo, estos recursos no fueron reportados al SAT.

"(Estos recursos) deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante el SAT de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016", señala la Auditoría, que también recomienda al SAT auditar ISEM para que constate que cumple con sus obligaciones fiscales.

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El gobierno de Chiapas suma un monto de 1,811.8 mdp bajo observaciones por posible mala aplicación de recursos.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF destacan retenciones de impuestos y aportaciones correspondientes a los trabajadores a instancias como el Seguro Social.

Solamente en recursos del FASSA, las autoridades locales no pudieron comprobar el destino de retenciones de nómina por 466.8 mdp.

En la revisión a los recursos federales transferidos por la Secretaría de Salud, la administración de Manuel Velasco, del Partido Verde, también obtuvo observaciones por no haber enterado ante el SAT de casi 300 mdp de ISR retenido a los trabajadores entre febrero y diciembre de 2016.

La ASF pidió que el SAT practique auditorías para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del gobierno chiapaneco.

Esta práctica también ocurrió en cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Del mismo fondo de salud, 118.3 mdp no fueron entregados a ambas instituciones.

Otras dos observaciones de los recursos federales de salud señalan más de 330 mdp cuya aplicación en el Seguro Popular no se comprobó, y más de 259 mdp en traspasos del mismo programa a otras cuentas y que no están debidamente identificados.

La Contraloría estatal ya inició procedimientos para determinar en cada uno de estos casos posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables.

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