¡Se acabó el tiempo! ¿Qué estados no cumplieron con sus leyes anticorrupción?
Algunos a marchas forzadas y en las últimas horas de este martes 18 de julio, pero la mayoría de los estados del país finalmente logró cumplir con lo mandatado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que los obligaba a reformar sus constituciones y sus leyes locales para armonizarlas con la legislación federal en la materia.
Los únicos que incumplieron fueron Chihuahua, que falló en ambos rubros, y Veracruz y Tlaxcala, de los que se tiene registro acerca de que sesionaron para discutir los temas en cuestión, pero no de cuál fue su votación.
nullEsta información se desprende del último corte del "Semáforo Anticorrupción", una herramienta elaborada por las organizaciones civiles Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana (TM) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), según la cual el resto de las entidades está en posibilidades de que sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) comiencen a operar.
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La responsabilidad de realizar esta armonización legal recayó en los congresos de los estados en 2016, después de que se promulgó el paquete de siete leyes que conforman el SNA. Pero si bien la mayoría cumplió, no todas las entidades lo hicieron de manera satisfactoria para lograr un eficaz combate a la corrupción.
Por ello, más de 270 organizaciones civiles y empresariales exigen a los legisladores y a las autoridades estatales atender la demanda ciudadana para fortalecer estos sistemas y que de verdad frenen los actos corruptos y la impunidad .
Los reprobados
De acuerdo con el "Semáforo Anticorrupción" —una medición que evaluó el avance y la calidad de los procesos legislativos locales para crear los SLA—, existen graves preocupaciones en Baja California y Tabasco, pues aunque reformaron sus constituciones, dichas reformas resultaron deficientes porque no son compatibles con el ejemplo federal.
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En el caso de Baja California, el Comité de Participación Ciudadana está conformado por 11 personas, y todas ellas forman parte del Comité Coordinador del SLA. Esto contrasta con lo que ocurre en el SNA, en el que cinco personas integran el comité ciudadano y sólo una de ellas —su presidente— está en el Comité Coordinador.
Por su parte, en Tabasco no se estableció la obligación explícita de que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, una premisa incluida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3.
En lo que respecta a la Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, éstos tuvieron una reforma constitucional regular y el resto del proceso lo llevaron a cabo de manera satisfactoria.
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De los estados que cuentan con una ley de su SLA, en 21 casos es satisfactoria, mientras que de Baja California, Guerrero y Jalisco no se han revisado los detalles, y Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas tuvieron una evaluación regular.
Las principales preocupaciones en este rubro se encuentran en la capital del país, donde la Asamblea Legislativa aprobó que ella misma haga el nombramiento del secretario técnico del SLA —cuando a nivel nacional lo hace el Comité Coordinador del SNA—, además de que eliminó el requisito de que los aspirantes no hayan formado parte de partidos políticos ni hayan desempeñado un cargo de elección popular durante al menos cuatro años.
Asimismo, en el SLA capitalino se identifica una Comisión de Selección del comité ciudadano, pero no se especifica si debe estar compuesta por ciudadanos u otros requisitos considerados en el SNA, y en el Comité Coordinador se incluyó a dos miembros adicionales a los que tiene este mismo órgano a nivel nacional: la Contraloría del futuro Congreso capitalino y el Consejo de Evaluación de la ciudad.