El SNA entra en operaciones incompleto y con el reto de acabar con la impunidad

El sistema entra en funcionamiento este miércoles, cuando aún faltan la elección del fiscal y de los magistrados anticorrupción y ajustes en los estados. ONG exigen resolver estos pendientes pronto.
Aniversario  La promulgación de las normas en la materia se realizó en un acto público el 18 de julio de 2016.  (Foto: Cuartoscuro)
Ariadna Ortega
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

A un año de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), éstas entran en vigor este miércoles y marcan el inicio de operaciones de este entramado institucional. Sin embargo, esto ocurre mientras el propio SNA está incompleto, pues aún falta que se elija al fiscal y a los magistrados especializados en este campo, y mientras México vive el reto de enfrentar la corrupción y acabar con la impunidad.

En los estados, además, existe rezago en esta materia. De acuerdo con un semáforo elaborado por especialistas —con corte llega al 31 de mayo—, sólo 11 de entidades tenían un avance satisfactorio en la armonización de su normatividad.

Para las organizaciones civiles y empresariales que impulsaron estas reformas, es justo en estos pendientes donde los ciudadanos deben convertirse en vigilantes y verdaderos contrapesos de los actores políticos, con la finalidad de evitar que se desdibuje el esfuerzo que implicó crear el SNA, además de trabajar en una agenda legislativa que lo fortalezca y en medidas que consoliden las instituciones y el Estado de derecho.

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"Esta fecha (de entrada en operaciones del SNA) es emblemática de lo mucho que se ha alcanzado, pero también de lo que sigue hacia delante", dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al referirse a episodios como la batalla que dio la sociedad civil para empujar la Ley 3 de 3, como se conoció a la propuesta para obligar a los funcionarios a publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Dicha iniciativa representó un parte aguas de una presencia más activa de la ciudadanía en las discusiones legislativas. Tras las elecciones de 2015, el Instituto Mexicano para la Cometitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana lograron reunir más de 600,000 firmas y, con ello, ejercer presión para que diputados y senadores incluyeran sus planteamientos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete que conforman el entramado del SNA.

Juan Pardinas, director del IMCO, dijo recientemente a medios que el impulso a esta propuesta ha resultado tan grande que el próximo presidente de México tendrá que presentar declaraciones transparentes el próximo año, mientras que Enrique Peña Nieto será el último jefe del Poder Ejecutivo federal en la historia que no transparente por completo su patrimonio, sus impuestos y sus intereses de negocio.

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Para Pardinas, esto debe ser un aliciente para no claudicar en la lucha contra la corrupción, pues la vida cotidiana depende de cómo se ataque este problema.

"Más allá de quién sea el próximo presidente o presidenta de México, esto va a seguir. La iniciativa ciudadana, la capacidad de participación cívica, los ciudadanos logramos poner el tema sobre la mesa. El presidente puede ser muy poderoso, pero los ciudadanos también, y además de las organizaciones están las instituciones", dijo.

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El verdadero contrapeso

Ante la falta de suficientes contrapesos sociales a los actos de corrupción y los ataques de algunos actores políticos al Comité de Participación Ciudadana del SNA, esta semana más de 30 organizaciones civiles y empresariales lanzaron la iniciativa #VamosPorMás, que exige un mayor compromiso del sector público con el combate a las prácticas deshonestas y una verdadera transformación de las instituciones, al tiempo que lanza propuestas en este campo.

"La fotografía (del lunes pasado) simboliza la coincidencia de muchas organizaciones que estamos ocupadas y preocupadas en el tema, y que se tiene que traducir en acciones mucho más coordinadas para poder encaminar a buen puerto los esfuerzos pendientes en esta materia", dice a Expansión Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Para el experto en políticas públicas, quien forma parte de la agrupación México Evalúa, la ciudadanía debe encontrar la forma de ser mucho más eficaz en organizarse y reunir esfuerzos, y efectiva a la hora de ejercer presión política.

En ese rubro, adelanta Fernández, el colectivo #VamosPorMás se enfocará en sacar adelante una nueva Ley de Obras Públicas, la legislación que garantice una Fiscalía General de la República autónoma, y un servicio profesional de carrera en el que los funcionarios tengan sus puestos por mérito y sea posible cerrar los espacios de impunidad.

"No va a ser de la noche a la mañana. Claramente no hemos logrado por completo que paguen la factura política aquellos gobiernos y partidos que han permitido y se han beneficiado de acciones de corrupción, hay un gran camino por recorrer", dice.

Una perspectiva nacional

El 18 de junio de 2016, el presidente Peña Nieto promulgó el conjunto de siete leyes anticorrupción, luego de que el combate a las prácticas deshonestas se había convertido en una de las premisas de su gobierno tras una serie de escándalos que acapararon la atención pública.

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A partir de esa fecha, los estados tuvieron un plazo de un año para aprobar leyes espejo, mientras que a nivel federal se tenía que nombrar al Comité de Participación Ciudadana del SNA, a un fiscal anticorrupción y también a los 18 magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

De estos puntos, algunos se cumplieron a cabalidad —como la selección del comité ciudadano— y otros a medias —como la armonización normativa en las entidades—, mientras algunos más —como la designación del fiscal— se quedaron atorados en la cancha del Senado ante la resistencia de los legisladores.

Además, se han dado otras decisiones polémicas, como la selección de Carlos Chaurand, un militante del PRI, el partido en control del gobierno federal, como nuevo presidente del TFJA, un puesto gracias al cual ocupará una silla en el Comité Coordinador del SNA.

Frente a esto, Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, consideró que la sociedad debe seguir impulsando acciones que generen cambios positivos, como en su momento lo fue la iniciativa de la Ley 3 de 3.

Por su parte, Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), también señala que ha habido avances y que, a pesar de las críticas y de las trabas a la correcta operación del SNA —como la armonización incompleta de la legislación en los estados y la falta de recursos para que pueda operar el Comité de Participación Ciudadana del sistema—, los ciudadanos se están fortaleciendo.

"La pluralidad y gran variedad, además de la fuerza de muchas organizaciones que están respaldando la idea de que el SNA tiene que ir adelante, es como una respuesta a lo que ha venido pasando las últimas semanas, de tratar de desacreditar al sistema, de ponerle trabas, de desacreditar a los miembros del comité de participación. Entonces, ante ese embate, yo creo que esta es una respuesta muy contundente, de decir que esto va en serio y vamos a fondo. Ese es el significado político", dice Cárdenas a Expansión.

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