5 detalles para entender el proceso de extradición de Roberto Borge

El exgobernador de QRoo permanecerá en El Renacer hasta que la Cancillería de Panamá resuelva el proceso de extradición. Le imputan daño patrimonial por 7,500 mdp.
Roberto Borge se queda tras las rejas hasta que termine proceso de extradición
(Expansión) -

El reloj para que se decida si el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, regresará a México a enfrentar las acusaciones de corrupción que pesan en su contra avanza, luego de que el Tribunal Superior de Asuntos Internacionales de Panamá –país donde se encuentra tras su detención el pasado 4 de junio – lo puso a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería deberá decidir su extradición.

A casi dos meses del arresto de Borge en el Aeropuerto de Tocumen, cuando se proponía a viajar a París, Francia, las autoridades panameñas ordenaron este 2 de agosto el arresto del exmandatario para evitar su fuga hasta que se formalice su regreso al país, por lo que permanecerá en la prisión El Renacer, en la capital panameña.

A Borge se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública con un daño al erario por más de 7,500 millones de pesos.

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A continuación, las claves para entender el proceso.

El calendario de extradición

Desde la detención de Roberto Borge el pasado 4 de junio, el gobierno mexicano inició el proceso para traerlo al país, pero fue hasta 53 días después –el 27 de julio pasado– que la Procuraduría General de la República (PGR) envió la solicitud formal.

Durante ese periodo y a partir de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró legal la aprehensión del exgobernador, Borge permaneció y permanecerá en prisión hasta que concluya todo el proceso, el cual puede tardar aproximadamente 80 días, si se cumplen los tiempos estipulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño.

De ser procedente la extradición, el expriista estaría de regreso en el país para el mes de octubre de este año.

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El papel de la cancillería

Luego de que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de Panamá envió a la cancha del Ministerio de Relaciones Exteriores la petición de extradición, ésta tiene 60 días para resolver la situación de Borge. Una vez que emita su resolución, el exmandatario tendrá 15 días para interponer incidente de objeción, el cual sería turnado a la Corte Suprema de Panamá, misma que tendrá un plazo máximo de 5 días para resolver.

Este proceso sólo podrá ser suspendido, si el Ministerio considera que no son suficientes los documentos presentados por el gobierno mexicano para la extradición y es necesario complementarlos. En ese caso, lo manifestará a México, quien tendrá un plazo de 30 días para responder. Desahogado el proceso, la Cancillería mandará por escrito su decisión y tramitará la entrega del exgobernador sin necesidad de otra audiencia.

“Se trata de un proceso administrativo. Ellos deciden de manera escrita si se procede o no la extradición y notifican posteriormente al extraditado”, explicó el fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, José Antonio Candanedo.

De acuerdo con la PGR, en ese periodo Borge podrá allanarse a la extradición, lo cual aceleraría su entrega a México.

Ingresos por 250,000 mensuales

Ante la posibilidad de que el exgobernador escape, los integrantes del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá rechazaron la petición de la defensa del quintanorrense para seguir el proceso en libertad.

Candanedo explicó que debido a los requerimientos y las causas penales por las que debe responder y el poder adquisitivo de Borge que permite su fuga se negó la modificación de medidas cautelares (enfrentar el proceso en libertad) y la fianza que solicitó el representante legal de Borge.

De acuerdo con el diario La Estrella de Panamá, en la audiencia del pasado 1 de agosto, el exmandatario declaró ingresos por 250,000 pesos al mes.

En la audiencia del 2 de agosto, los magistrados Mauricio Marín, Andrés Reyes y Gretta Marchosky ordenaron la incautación de sus bienes al momento de su arresto (tarjetas de crédito, dinero en efectivo y celulares) y la aprehensión formal de Borge.

Las causas penales

La PGR explicó en un comunicado que la solicitud formal de extradición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Las pruebas

De acuerdo con prensa de Panamá, el fiscal Candenado presentó en la audiencia del 1 de agosto una ampliación de tres anexos a la petición de extradición, por lo que los magistrados consideraron pertinente aplazar 24 horas la audiencias para revisar bien la información debido a la complejidad del caso.

Según lo expuesto por la Fiscalía, en el periodo que Borge fungió como gobernador, ordenó a integrantes del Consejo de Administración celebrar contratos sin licitación para la prestación de servicio de taxi aéreo, lo que tuvo un daño patrimonial de 594 millones de pesos.

Ve: El PRI expulsa al exgobernador Roberto Borge

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El segundo anexo señala que siendo gobernador, Borge otorgó cinco concesiones de prestación de servicio público a favor de personas de distintos grupos empresariales sin que éstas cumplieran los requisitos establecidos y el pago señalado en la ley.

La tercera ampliación establece que la enajenación de 18 propiedades pertenecientes al Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) para venderlas a un precio menor del real y para beneficio propio o ajeno, causando un daño al erario por 2,510 millones de pesos. Por ello, Borge es imputado por la presunta comisión del delito de peculado.

La fiscalía también detalló la enajenación de varias propiedades por parte de Borge, celebrando contratos de 23 propiedades de dominio del Estado a un precio irrisorio de 208 millones de pesos, cuando debió haber sido por 4,675 millones. Esta última transacción provocó, según la Fiscalía, que el estado dejara de percibir 4,467 millones de pesos.

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