Caso Palmarito: las claves del tiroteo que hace tres meses dejó 10 muertos
A tres meses del enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros ocurrido en Palmarito Tochapan, una localidad del estado de Puebla, un militar está detenido por una posible ejecución extrajudicial, un presunto líder delictivo permanece prófugo y, a pesar de los operativos de fuerzas de seguridad, el robo de combustible en la entidad persiste.
En este texto presentamos las claves del caso, reflejo de la expansión de un delito que afecta la infraestructura y las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de las dificultades con las que las autoridades se topan para enfrentarlo.
Los hechos, según la autoridad
Según las autoridades federales y locales, el enfrentamiento comenzó cuando integrantes de la Policía Militar que el 3 de mayo patrullaban la zona conocida como “triángulo rojo” recibieron un reporte que alertaba de una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México. Este conducto cruza el municipio de Quecholac, al que pertenece la comunidad de Palmarito.
De acuerdo con esta versión, los soldados fueron recibidos a balazos de presuntos huachicoleros que se protegían con mujeres y niños. Entonces, los elementos castrenses respondieron a la agresión y el tiroteo terminó con un saldo de 10 personas muertas: seis civiles —entre ellos una mujer y un menor— y cuatro militares.
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El video que encendió la polémica
El 10 de mayo, una semana después del enfrentamiento, el medio local Cambio difundió un video que puso en duda la versión oficial.
La grabación muestra las calles de la localidad y a un soldado apuntando y disparando en contra de un civil desarmado, lo que generó señalamientos en el sentido de que el Ejército realizó al menos una ejecución extrajudicial.
A raíz de esto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar abrieron investigaciones sobre los uniformados que participaron en el patrullaje dentro del municipio de Quecholac.
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El sargento José
Un mes después, la PGR ubicó al militar que presuntamente cometió la ejecución extrajudicial. El hombre ha sido identificado como el sargento José y es acusado del delito de homicidio calificado en contra del civil Raúl Jiménez Martínez.
El soldado fue consignado ante el juez de control Luis Jiménez, del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, quien el 7 de junio determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que era necesario dejarlo en libertad.
Según la versión que entonces difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juzgador concluyó que el video no podía ser tomado como una prueba válida porque no tenía una fuente identificada, además de que, el día de los hechos, el militar se encontraba en un “estado de alerta máxima” y en un “ambiente de guerra” que explicaban sus acciones.
La PGR apela y gana
La PGR apeló esta resolución, bajo el argumento de que el propio imputado reconoció que estaba en el lugar de los hechos el día del enfrentamiento y de que el juez de control no había tomado en cuenta la versión de cuatro testigos.
El 30 de junio, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, Esteban Santos Velázquez, resolvió a favor de la procuraduría y revocó el fallo original. Sus conclusiones, con las que el sargento José quedó vinculado a proceso, fueron que el primer juzgador actuó con parcialidad al ignorar testimonios y un dictamen de medicina forense.
Este último documento establece que la causa de la muerte del civil en cuestión fue el impacto de una bala disparada a una distancia de entre uno y 60 centímetros.
‘Baches’ en el proceso
A la par de que el abogado del soldado, Alejandro Robledo, busca echar atrás el auto de vinculación por la vía de un amparo, se ha dado a conocer que cuatro militares que inicialmente testificaron contra el sargento José después decidieron retractarse.
Según la versión pública del fallo del magistrado —difundida por el CJF—, los uniformados dijeron haber sido presionados por el Ministerio Público federal. En respuesta, la PGR consideró que se desdijeron por razones de “disciplina militar” o solidaridad hacia un compañero.
Al final, la PGR obtuvo una victoria y el titular del Segundo Tribunal Unitario acusó al juez de control de proceder con “falta de objetividad” y con “simpatías hacia los militares”.
4 civiles acusados de homicidio
Del otro lado, 14 civiles han sido detenidos por su presunta relación con el robo de combustible en esta zona de Puebla.
De ellos, nueve han sido vinculados a proceso. Cuatro enfrentan acusaciones por el homicidio de cuatro soldados y los otros cinco son acusados de portación de arma de fuego y delitos contra servidores públicos.
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Un prófugo y un delito que persiste
A tres meses del enfrentamiento, el presunto líder huachicolero Antonio Martínez, El Toñín, permanece prófugo de la justicia. Según las autoridades, él fue quien ordenó emboscar a los militares el 3 de mayo.
Tras el tiroteo se le han decomisado dos inmuebles, 16 vehículos y siete tractores en dos ranchos, Santa Cecilia y Santa Elena, ubicados en el kilómetro 49 de la carretera federal Puebla-Xalapa.
La fiscalía de Puebla asegura que Martínez controla el robo de combustible en el poliducto Minatitlán-México y disputa la hegemonía en la zona con otro presunto líder huachicolero, identificado como El Bukanas.
Mientras ambos son buscados, la localización de tomas clandestinas en ductos de Pemex tiene este año una tendencia al alza.
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