La denuncia por los daños del #19S busca evitar más víctimas: Pérez de Acha

A la par de las investigaciones de la CDMX, abogados, académicos y activistas impulsan una denuncia contra quienes resulten responsables por los daños injustificables a raíz del sismo.
En la mira  Lo ocurrido en el Colegio Rébsamen donde murieron 26 personas es un caso emblemático de presunta corrupción que los miembros de ONG dicen que se debe seguir.  (Foto: Cuartoscuro)
Ariadna Ortega
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Además de las medicinas, alimentos, agua, techo, abrigo, para los damnificados del sismo que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, se tiene que satisfacer el reclamo de justicia de los ciudadanos, aseguró el abogado Luis Pérez de Acha, quien impulsa una denuncia junto con otros académicos y activistas, contra quien resulte responsable por las muertes, derrumbes y daños a raíz del temblor.

“Lo que estamos haciendo través de la denuncia penal, no soluciona el problema, pero señala el problema. De nada sirve tener 10, 20, 50 o 100 personas encarceladas por homicidio culposo, porque no va a revivir a las personas fallecidas, pero lo que sí se puede evitar hacia el futuro son actos de corrupción, que en un momento determinado, ocasionen más víctimas”, dijo Acha en entrevista con Expansión.

El también miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción comentó que el temblor afloró la “caja de Pandora” de la corrupción que provocó el colapso de algunos edificios en la capital del país y la muerte de las personas que se encontraban dentro y no pudieron salir.

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“Es cierto que algunos inmuebles se derrumbaron con motivo del sismo en sí mismo, pero también es innegable que algunos otros cayeron por deficientes materiales, en la construcción, por licencias de uso de suelo mal otorgadas o falsas, porque no se cumplió con la normatividad establecida en la CDMX”, dijo Acha.

El litigante considera que todo eso en su conjunto habla de actos de corrupción, de irresponsabilidad, de contubernio entre autoridades y constructores, que debe ser atendido.

La semana pasada un grupo de empresarios, activistas, líderes de la sociedad civil, entre los que se encuentran los integrantes del CPC, Jacqueline Peschard, Mariclarie Acosta y José Octavio López Presa, así como representantes de organizaciones como María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Edna Jaime, de México Evalúa, y María Elena Morera, de Causa Común, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) por los delitos de homicidio culposo, fraude específico y uso ilegal de atribuciones.

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ONG culpan a la corrupción por derrumbes en la CDMX tras el sismo

De comprobarse que alguna autoridad, verificador, Director Responsable de Obra (DRO), contratista o constructor estuvo relacionado con la muerte de una de las 228 víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre podría ser castigado hasta con 10 años de prisión.

El gobierno capitalino, comandado por Miguel Ángel Mancera, también anunció que se abrieron 147 carpetas de investigación por las irregularidades de algunas edificaciones y dijo que tomará las medidas pertinentes ante posibles violaciones a la ley.

El abogado, que ha encabezado otras denuncias contra los estados por incumplir el plazo para instalar sus sistemas locales anticorrupción, dijo que la idea no es fabricar responsables, sino que se persiga a quienes sí lo son, y se eviten casos de este tipo en el futuro.

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Al respecto, aseguró que se debe trabajar en el rediseño de todo el marco legal, además de regularizar en la práctica todo lo que se pueda para que no se repita el fenómeno de corrupción relacionado con el uso de suelo y en temas de construcción.

“Hay mucho por hacer, hay que hacer trabajo preventivo. Se tiene que revisar de nueva cuenta la legislación de la Ciudad de México en esta materia. Está muy descompuesto el marco legal y por otro lado también hay otras acciones que estamos apenas diseñando, pero nuestro interés es continuar con la lucha”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que abarquen otros estados con los mismos problemas, Acha reconoció que no cuentan con los recursos humanos suficientes para activar este proceso, pero espera que otros abogados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, puedan reproducir su denuncia y hagan lo mismo.

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