OPINIÓN: Un paso atrás en una política social sana, informada y transparente

De continuar el gobierno de Peña Nieto con esa visión únicamente 'asistencialista', habría dado varios pasos atrás en sus propios objetivos de conformar una nueva política de combate a la pobreza.
Pobreza en números  Entre 2012 y 2014, dos millones de personas se agregaron a la población pobre de acuerdo al Coneval, mientras apenas 100,000 personas superaban la pobreza más extrema.  (Foto: Cuartoscuro)
Por: RODOLFO DE LA TORRE

Nota del editor: Rodolfo de la Torre es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y profesor afiliado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Maestro en Economía por la Universidad de Oxford, ha sido Coordinador de la Oficina de Investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Comité Técnico de Medición de la Pobreza, que antecedió al Coneval. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) — El 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto podría informar al país resultados modestos, pero ciertos, de su política social: menor pobreza y desigualdad, habiendo ido más allá del asistencialismo, impulsando la productividad de los más pobres y acercando los programas sociales a una concepción de derechos, objetivos explícitamente perseguidos. En vez de ello, hay avances cuestionables de una política social que cada vez más enfatiza mejorar las cifras en lugar de impulsar un bienestar sostenible, basado en generar recursos propios y concebido con mínimos que se pueden exigir.

El panorama del año pasado apuntaba a que se conservarían, e incluso ampliarían, mejoras en elementos básicos del desarrollo como la salud, la educación y los ingresos. Se observaban avances en la esperanza de vida, la escolaridad e incluso en el ingreso promedio de los hogares. Así, entre 2008 y 2014 aumentó en más de ocho meses el total de tiempo de vida esperado para los menores de cinco años; las personas entre 25 y 44 años incrementaron su escolaridad en casi un año, y las de 60 a 64 años vieron subir sus ingresos 28%.

Quizás lo más notable es que estas dimensiones, resumidas en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), progresaban reduciendo las desigualdades entre personas. Hasta 2014, se podía detectar un desarrollo con cierta inclusión social, pues el IDH de la población en desventaja, como la de zonas rurales, en condición de pobreza o de grupos indígenas, avanzaba más que el promedio nacional. Todavía en 2015 se observaba una tendencia favorable del desarrollo humano.

El punto más débil del desarrollo social era, sin embargo, la pobreza. Entre 2012 y 2014, dos millones de personas se agregaron a la población pobre de acuerdo al Coneval, mientras apenas 100,000 personas superaban la pobreza más extrema. Pese a ello, dentro de la población pobre se reducía ligeramente el número de sus carencias y mejoraba un poco el ingreso promedio. Para 2015, los indicadores de tendencia de la pobreza apuntaban a mejoras más significativas.

Pese a un iniciativa de ley de 2013, la política social aún debe la conformación de un sistema de protección social universal que, entre otras cosas, garantice un acceso efectivo a servicios de salud de calidad para toda la población y en igualdad de condiciones. La unificación de los servicios de salud para quienes laboran en la informalidad y sus familias, con los de aquellos dependientes de un trabajo formal, sigue lejana. La portabilidad de los servicios de salud a que se tiene derecho, para hacerlos efectivos en cualquier institución pública, tampoco se ha materializado.

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También está por verse si la reforma educativa puede traducirse en educación con calidad y pertinencia en los niveles básicos. Por una parte, el cambio en la gestión educativa, que pone en el centro la evaluación de alumnos y docentes, está en proceso de implementación y habrá que aguardar sus resultados. Por otra, el nuevo modelo educativo, que incorpora cambios pedagógicos, aún debe articularse con las primeras reformas y fraguarse en varias generaciones.

Pese a sus limitaciones de acceso efectivo y calidad, las políticas de salud y educación han seguido dando resultados, aunque modestos, gracias a su amplia cobertura. Algo mejor se esperaba de la política de combate a la pobreza con una focalizada Cruzada contra el Hambre y la conversión de Oportunidades en un Prospera con vertientes productivas. Sin embargo, las cifras de ingresos 2015, que debían ayudar a dar testimonio de estos avances, han resultado ser incomparables, aparentemente por cambios decididos por el INEGI.

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El tema de los poco creíbles aumentos del ingreso (hasta 33% en un año para los más pobres) ha dejado asomar una práctica nada sana para las políticas de combate a la pobreza. Es posible que en 2015 el INEGI, al hacer tan solo su trabajo, se haya topado con acciones gubernamentales que aprovecharon “áreas de oportunidad” para mover los indicadores de pobreza, sin necesariamente atender la misma (por ejemplo con transferencias selectivas y únicas a zonas con alta probabilidad de ser encuestadas por el INEGI).

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Lo anterior estaría por determinarse en el análisis que el grupo técnico del INEGI y el Coneval realicen. Lo que es evidente es que, en el presente año, un operativo de una escala mucho mayor está siendo implementado por la Sedesol con un potencial enorme para modificar el reporte de información de las personas pobres. Nueve millones y medio de “cartillas sociales” se están distribuyendo a los beneficiarios de distintos programas sociales para darles a conocer el valor monetario estimado de lo que se les otorga. Esto ocurre al tiempo en que el INEGI pregunta la información para medir la pobreza de 2016.

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Claramente, este esfuerzo, poco transparente y difícilmente justificable como ejercicio de rendición de cuentas, sume a la política social en una visión asistencialista, donde lo que se resalta es lo que reciben los beneficiarios por disposición del gobierno y queda en segundo término la obligación del Estado de dar plena vigencia a los derechos sociales.

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De seguir por este camino, el presidente Peña no solo mostraría el lento avance de su administración en materia de salud y educación, sino habría dado varios pasos atrás en sus propios objetivos de conformar una nueva política de combate a la pobreza. Incluso podría, eventualmente, echar a perder las cifras que mostraran la realidad de algunos de sus avances.

Es tiempo de una política social sana, informada y transparente.

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