OPINIÓN: Un oscuro capítulo para un país de inmigrantes

Lo que el presidente Donald Trump no entiende es que no se necesitan mecanismos más duros para aplicar las leyes migratorias, sino mejores leyes migratorias.
La nueva estrategia migratoria del Departamento de Seguridad Nacional de EU
RAÚL A. REYES

Nota del editor: Raúl A. Reyes es abogado y miembro de la junta de colaboradores de USA Today y escribe frecuentemente para CNN Opinion. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) – Llegaron las fuerzas de la deportación, los agentes migratorios. De acuerdo con los nuevos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la administración Trump planea ampliar el grupo de inmigrantes indocumentados que serán blanco de la expulsión de Estados Unidos.

Prácticamente todos los que estén en el país sin papeles son ahora elegibles para la deportación, y algunos en forma acelerada. Estos memos, firmados por el Secretario del DHS John Kelly, se distribuyeron el martes.

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Hay dos memorandos en cuestión aquí; uno sobre la inmigración interior y otro sobre seguridad fronteriza. Ofrecen una imagen aterradora de lo que la vida pronto será para los 11 millones de indocumentados hombres, mujeres y niños que viven entre nosotros.

Pero las deportaciones del presidente Donald Trump no nos darán más seguridad, y mucho menos nos harán "grandes de nuevo". Son, en cambio, una mezcla de duras nuevas políticas y dudosas ideas del pasado.

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Lo más importante que hay que saber sobre los agentes migratorios de Trump es que irán detrás de todo el que puedan.

Aunque el presidente comparó las recientes redadas migratorias con las llevadas a cabo bajo el gobierno de Obama, estos nuevos memorandos específicamente echan por tierra las prioridades de Obama en materia de deportación de 2014, a saber, amenazas a la seguridad nacional, criminales peligrosos y recién llegados.

Ahora los agentes de inmigración pueden ir tras cualquier persona indocumentada condenada por un delito, acusada de un delito, o que un agente crea que ha cometido un delito imputable. Si bien esto puede sonar atractivo para algunos, desafía la lógica del orden público.

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Con los agentes perdiendo tiempo y recursos en busca de mamás, papás y vecinos indocumentados, es más fácil que pandilleros, traficantes y criminales violentos indocumentados evadan la detección.

¿Y qué pasa con los acogidos al DACA, los que fueron traídos ilegalmente a este país siendo niños y se les concedió una suspensión temporal de la deportación desde 2012 bajo la política de Acción Diferida de Obama? Trump dijo recientemente que tratará su situación "con el corazón". Dijo que su situación es "una cosa muy difícil para mí, ya que amo a estos niños, amo a estos niños".

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¿En serio? A pesar de que el memorando migratorio deja el DACA en vigor para ahora, una nota al pie indica que será revisado en el futuro. Por otra parte, el memo migratorio señala que "el Departamento ya no eximirá clases o categorías de extranjeros sujetos de deportación de la aplicación potencial".

En su conjunto, esto supone una ambigüedad escalofriante para los 740,000 beneficiarios del DACA. Así que a pesar de las muestras de empatía de Trump, sus memorandos dicen lo contrario. En el mejor de los casos, les dicen a estos jóvenes que los agentes de inmigración se ocuparán de ellos más tarde.

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El memo sobre la inmigración describe los planes para ampliar el uso de alianzas con las policías locales en la lucha contra la inmigración ilegal. Si crees que esto es una buena idea, te equivocas. Estas alianzas, conocidas como programas 287 (g), fueron sabiamente eliminadas por la administración Obama porque no funcionaron.

Hacer que la policía local y los sheriffs funjan como agentes de inmigración pueden conducir al perfil racial y a violaciones de los derechos civiles. Los aleja del verdadero trabajo de proteger a sus comunidades de la delincuencia.

Destina los dineros locales a la aplicación de las leyes de inmigración, que es una responsabilidad federal. Peor aún, crea entre la comunidad de inmigrantes temor y desconfianza de todas las agencias del orden público, lo que significa que las personas no querrán presentarse como testigos de delitos violentos, ni presentar denuncias de abuso doméstico o reportar abuso infantil.

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Los programas 287 (g) también abren la posibilidad de que las jurisdicciones locales se salgan de control. El ejemplo más infame es el sheriff de Arizona Joe Arpaio, recientemente derrotado en las urnas, quien según el Departamento de Justicia se vio involucrado en violaciones constitucionales generalizadas.

Se sabía que los escuadrones de inmigración de Arpaio respondían cuando alguien se quejaba de haber escuchado hablar en español o de haber visto personas de piel oscura. Sus cárceles humillaban a los detenidos y los castigaban por no entender inglés. El año pasado, un tribunal federal lo declaró en desacato por negarse a dejar de aplicar el perfil racial a los latinos en sus redadas migratorias.

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El memo sobre la seguridad fronteriza es igual de duro. Descarta protecciones especiales para los familiares indocumentados de aquellos en servicio militar activo. Hace más difícil para los solicitantes de asilo defender su caso, como si los miles de mujeres y niños que huyen de los países centroamericanos por sus vidas estuvieran tratando de engañar al sistema de inmigración estadounidense.

El memo sobre la seguridad fronteriza también aboga por una expansión de las "expulsiones aceleradas", un proceso acelerado por el cual las personas son deportadas sin ir ante un juez. Esto pisotearía los derechos de debido proceso de los inmigrantes indocumentados, una protección que está garantizada por la Constitución.

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Es cierto que la exitosa campaña presidencial de Trump se centró en la idea mezquina de que todos los inmigrantes indocumentados "tienen que irse", y ahora se alista para cumplir esa promesa.

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no votaron por Trump, y la mayoría de los estadounidenses no están a favor de las deportaciones masivas. Una encuesta PRRI reveló que el 79% de los estadounidenses favorece un camino hacia la ciudadanía o legalización para los indocumentados, mientras que sólo el 16% favorece las deportaciones.

Es más, cuando se redoblan los esfuerzos de control migratorio, los errores ocurren. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que entre 2008 y 2011, 3,600 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a través del programa de Comunidades Seguras, un programa que Trump está reinstalando.

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Lamentablemente, lo que Trump no entiende es que no necesitamos necesariamente mecanismos más duros para aplicar las leyes migratorias, necesitamos mejores leyes migratorias.

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Las políticas inmigratorias de Trump ofrecen una visión preocupante de lo que les espera a las familias inmigrantes y a sus aliados. Para los latinos, esto puede significar una mayor amenaza de perfil racial y el riesgo de ser fichado por error en acciones tendientes al control migratorio. Para todos los estadounidenses marca un oscuro y preocupante capítulo en nuestra historia como nación de inmigrantes.

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