OPINIÓN: Separar a madres e hijos en la frontera, un error en todos los niveles

Si la administración de Donald Trump intenta implementar esta nueva política migratoria en los centroamericanos que piden asilo en la frontera, sentará las bases para una miríada de desafíos legales.
Disuadir  El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EU explicó que esto sería parte de una estrategia para disuadir a los migrantes centroamericanos de hacer la travesía hacia el norte para buscar asilo.  (Foto: EFE)
Raul A. Reyes

Nota del editor: Raul A. Reyes es abogado, miembro de la junta de colaboradores de USA Today y escribe frecuentemente para CNN Opinion. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(CNN) — La administración más antiinmigrante en la historia moderna parece preparada para superarse a sí misma. El lunes, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, confirmó a CNN que su agencia está considerando separar a los niños de sus padres en la frontera estadounidense.

"Tenemos una tremenda experiencia al tratar con menores no acompañados", dijo Kelly a Wolf Blitzer. "Los entregamos (al Departamento de Salud y Servicios Humanos) y ellos hacen un muy, muy buen trabajo de ponerlos bajo cuidado tutelar o vincularlos con padres o familiares en Estados Unidos".

Kelly explicó que esto sería parte de una estrategia para disuadir a los migrantes centroamericanos de hacer la travesía hacia el norte para buscar asilo.

¿Qué tiene de malo esta idea? Casi todo. No hace falta ser abogado o experto en bienestar infantil para entender que separar a los niños de sus padres de manera forzada es cruel e inhumano. Si se aplicara tal práctica - y no es una política oficial; no al menos por ahora – ésta enfrentaría importantes obstáculos legales, todo mientras se amplía la burocracia del gobierno y no se resuelve el problema original.

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Las declaraciones de Kelly validan un reporte de Reuters de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) está sopesando dicho plan, una posibilidad escalofriante que podría infligir un inconmensurable trauma psicológico a los niños pequeños que acaban de concluir un peligroso viaje a Estados Unidos desde sus países de origen.

Para ser claros, los padres y los niños que se verían afectados no son las personas que normalmente consideramos como inmigrantes indocumentados. A diferencia de la mayoría de los inmigrantes indocumentados de México, que vienen a Estados Unidos para trabajar, estas personas están literalmente huyendo por sus vidas. Llegan a la frontera estadounidense desde Guatemala, El Salvador y Honduras, tres de los países más peligrosos del planeta. Los migrantes de estos países llegan a la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, un derecho que tienen por ley.

Obtener asilo es complicado para cualquiera, es un largo proceso que implica reunirse con abogados y trabajadores sociales, comparecer ante un juez y navegar por el complicado sistema de tribunales de inmigración estadounidenses. Puede ser difícil para los adultos pasar las pruebas y cumplir con los requisitos de evaluación. Pero bajo la política propuesta por el DHS, sería prácticamente imposible que las madres y los niños que no pueden corroborar sus historias de "temor creíble de persecución" cumplan las normas de asilo.

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Los niños en esta situación ya enfrentan barreras lingüísticas y carecen de acceso a la representación legal. Si están separados de sus padres, es fácil imaginar que algunos se vuelvan retraídos y se cierren ante cualquiera que ellos perciban como un representante del gobierno. El resultado más posible es que sean deportados, con o sin sus madres, de vuelta a las desoladoras condiciones de las que huyeron.

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Kelly dijo a CNN que estaba considerando esta nueva política "con el fin de disuadir más el movimiento a lo largo de esta red terriblemente peligrosa". Pero, ¿dónde está la evidencia empírica que demuestra que una estrategia de disuasión dirigida a los migrantes centroamericanos funciona?

Cuando las personas están en una situación de vida o muerte -con sus hijos- ningún riesgo es demasiado grande. De hecho, esta nueva propuesta podría conducir a un aumento del tráfico de personas, ya que las familias desesperadas recurren a los contrabandistas o polleros para alcanzar la seguridad.

La afluencia de inmigrantes centroamericanos fue sin duda un problema con el que la administración Obama también luchó; estableció una campaña mediática en Centroamérica para desalentar a los migrantes de comenzar su viaje e incrementó las deportaciones de recién llegados y sus hijos. Ninguno de estos esfuerzos funcionó. Según el reporte de Reuters, entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2017, cerca de 54,000 niños y sus tutores fueron detenidos en la frontera, más del doble del número de personas aprehendidas en el mismo período del año anterior.

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Un enfoque más inteligente por parte de la administración Trump sería reformar nuestro sistema de tribunales de inmigración: ofrecer más abogados a los niños que buscan asilo y aumentar el número de jueces de inmigración, lo que ayudaría a aliviar la acumulación de casos de personas en sitios de detención. El gobierno también podría ampliar el programa CAM (Menores de Centroamérica), que permite a los refugiados potenciales de esa región solicitar la condición de refugiado en sus países de origen.

Parece improbable que esta administración esté interesada en implementar esas medidas, pero haría bien en estudiarlas para una solución, si no perfecta, real.

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Si la administración Trump intenta en cambio implementar esta nueva política, sentará las bases para una miríada de desafíos legales. La unidad familiar es un principio rector de la actual ley de familia e inmigración de Estados Unidos, e incluso del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. No permitir que los padres y los niños tramiten sus solicitudes de asilo juntos también violaría posiblemente sus derechos de debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

En términos prácticos, cualquier persona que esté en contra del ‘big government’ debe reconocer que enviar a miles de niños nacidos en el extranjero a nuestro sistema de acogida o tutelaje gubernamental, mientras sus madres son retenidas por largo tiempo en centros de detención, contribuirá probablemente a un aumento de los costos que pagarán los contribuyentes.

La política del gobierno de Obama de liberar a las madres y los niños que no son amenaza para la seguridad pública y canalizarlos al cuidado de un pariente o patrocinador es más barata que canalizar a más gente al cuidado del gobierno. Y a pesar de lo que dice Kelly, el gobierno no siempre hace un "muy, muy buen" trabajo al manejar a los niños y las familias inmigrantes.

En 2015, un juez federal ordenó que cientos de mujeres y niños detenidos fueran puestos en libertad debido a las condiciones "deplorables" en las que estaban detenidos. En 2014, los trabajadores de un centro de detención familiar en Texas fueron denunciados por abuso y agresión sexual. La empresa privada que opera el centro de detención, Geo Group, negó las acusaciones.

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El DHS podría proceder con su plan para separar a los niños de sus madres en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Si lo hace, será una prueba más de la completa falta de empatía y compasión de esta administración hacia los inmigrantes.

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