OPINIÓN: La iniciativa de ley de biodiversidad, ¿conservacionista o comercial?

Nota del editor: Miguel Rivas es candidato a doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y es campañista de Greenpeace México. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — La crisis actual de la biodiversidad en México y a nivel mundial ha demostrado que no hay recetas perfectas para su conservación. Prevalece la polarización entre quienes apoyan el castigar y restringir la extracción de los recursos naturales, a fin de protegerlos, y aquellos para quienes la solución para conservarlos consiste en darle un valor económico a su explotación. ¿Cuál es la mejor opción?

Independientemente de las especificidades de cada caso, debemos apostar a la visión conservacionista cuando la sobreexplotación de los recursos los pone en riesgo de extinguirse, lo cual irónicamente les puede impedir ser un motor económico para las comunidades y el desarrollo de los pueblos.

Un caso vigente en México es el de los psitácidos, esa familia de aves a la que pertenecen los loros, papagayos, cotorros y guacamayas. Los datos existentes demuestran que la prohibición de su uso extractivo ha servido para reducir su comercio ilegal. La Profepa reconoce que la veda ha disminuido en un 24% su tráfico ilegal en la última década.

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De lo anterior se puede concluir que los psitácidos se han beneficiado de una protección especial, al mismo tiempo que se desecha aquel argumento de que es mejor permitir la explotación comercial porque las prohibiciones no funcionan, bajo el pretexto de que la explotación extractiva es la única alternativa económica para las comunidades

Contrario a la explotación extractiva, las especies de psitácidos pueden ser aprovechadas, por ejemplo, a través de los avistamientos de aves, un tipo de turismo que en Estados Unidos genera más de 32,000 millones de dólares al año.

Si la visión de conservar y restringir la explotación desmedida de recursos, acompañada de alternativas reales de ocupación para la comunidad, se hubiera aplicado en el caso de la vaquita marina, tal vez ésta no estaría al borde de la extinción hoy en día. Y otras, como la mariposa monarca y el jaguar no coquetearían con ella peligrosamente.

Ejemplos como éstos son los que hacen evidente la necesidad de discutir temas trascendentales como la protección de la biodiversidad, en un país que alberga casi el 10% de ésta a nivel mundial. ¡No se nos puede escapar que México es uno de los países megadiversos del mundo!

nullSin embargo, una iniciativa de Ley General de Biodiversidad, presentada hace unos meses por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, plantea serias dudas en la política nacional de biodiversidad, al dejar expuestas a especies que, al no estar bajo la visión conservacionista, podrían terminar en la extinción.

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En su Artículo 56, la propuesta de ley de biodiversidad, prohíbe el aprovechamiento con fines extractivos, de subsistencia o comercial, de solo 3 especies de tiburones y 2 especies de peces sierra, desprotegiendo a otras que están en peligro y se incluyen en el actual Artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, como mamíferos marinos y primates (60Bis), tortugas marinas (60Bis1), las aves de la familia de los Psitácidos (pericos y guacamayas) (60Bis2) y los manglares (60TER).

La iniciativa no incluye textualmente la protección de las tortugas marinas y con ello deja esta tarea en manos de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, como si México fuera el ejemplo del cumplimiento cabal de tratados internacionales.

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La lista de omisiones en la propuesta sigue cuando se habla de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Pese a que se consideran parte de la biodiversidad, su protección es débil porque abre la posibilidad de ser patentados, a lo que se suma la confidencialidad sobre convenios de bioprospección (exploración de propiedades con potencial comercial para la industria), que se reflejan en los Artículos 40 y 42 de la iniciativa.

Es incongruente que por un lado se impulse la extracción de recursos naturales con el argumento del beneficio de las comunidades y por el otro, se permita el despojo de su conocimiento en beneficio de intereses comerciales privados. Los recursos genéticos deben ser reconocidos y protegidos como estratégicos para el desarrollo nacional (tal como el agua o el petróleo) y para la seguridad alimentaria del país.

Si aspiramos como país a tener una reglamentación seria en materia de biodiversidad, no se puede aprobar una ley con carencias de esta magnitud y discutida en menos de seis meses. Es necesaria una discusión amplia que involucre a expertos, académicos, científicos, sociedad civil, comunidades, a fin de establecer líneas claras de acción.

La negación no es a la existencia de una Ley General de Biodiversidad, pero sí a una incompleta como la que se pretende discutir en el Senado, donde pareciera que apremia más la agenda legislativa de cara a las elecciones del 2018 que una verdadera protección a la diversidad biológica.

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