OPINIÓN: En el Programa de Droga del CIDE, más dudas que certezas

Ojalá el Programa de Política de Drogas del CIDE finalmente haga públicas la totalidad de las metodologías y los materiales que permitan replicar sus hallazgos.
En la 31 Zona MIlitar, el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron la incineración de enervantes decomisados en diversas acciones durante el mes de febrero en la zona centro de Chiapas.
Quema  En la 31 Zona MIlitar, el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron la incineración de enervantes decomisados en diversas acciones durante el mes de febrero en la zona centro de Chiapas.  (Foto: Cuartoscuro)
Marco Morales y Virgilio Muñoz

Nota del editor: Marco A. Morales es Investigador Afiliado al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su cuenta de Twitter es @marco_morales. Virgilio Muñoz es Maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV). Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de los autores.

(Expansión) – Hace ocho semanas, el Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD) presentó una base de datos que le fue filtrada con presuntos registros oficiales sobre violencia durante 2006-2011. En el mismo evento y en declaraciones posteriores a medios, el PPD refirió “índices de letalidad” (la proporción de muertos con respecto a heridos) y proporciones de eventos de “letalidad perfecta” (donde solo hay muertos pero no heridos) que fueron publicados en diversos medios.

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El análisis robusto de la Base CIDE-PPD que hicimos público hace una semana (que puede encontrarse aquí y los materiales aquí) arroja índices de letalidad 40% menores para militares, 73% menores para marinos y 15% mayores para la Policía Federal, en comparación con los difundidos por el PPD. Hace una semana hicimos públicas estas discrepancias con tres críticas centrales:

1. Congruencia

Si la Base CIDE-PPD se presentó con bombo y platillo como una fuente para “realizar análisis […] que no se podían realizar con la información hasta ese momento disponible”, no entendemos ¿por qué el PPD publicitó índices que provienen de fuentes distintas sin referir los índices que produce la Base CIDE-PPD?

2. Transparencia y replicabilidad

Es imposible validar, o revisar un análisis si no se hacen públicos los materiales para hacerlo. La replicabilidad es un principio central de la ciencia y la investigación. Una práctica es que los análisis se acompañan con materiales que permiten validarlo. Por eso, nos llamó la atención que ocho semanas después de presentados, los materiales no estuviesen disponibles para su consulta.

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Con los argumentos y documentos expuestos por el PPD a partir de nuestra critica, estos puntos se mantienen.

3. Falta de transparencia y replicabilidad

Celebramos que nuestra crítica haya “acelerado” la publicación de un texto, por parte del PPD, que argumenta razones para usar solo ciertas partes de la base. También que nuestros cuestionamientos hayan motivado a su principal vocero a trabajar para “subir el anexo y el cuaderno metodológica a la red”.

Quizá de no haber realizado nuestro análisis, el ejercicio del PPD seguiría en la opacidad. Ojalá el PPD finalmente haga públicas la totalidad de las metodologías y los materiales que permitan replicar sus hallazgos, con el fin de que cualquiera pueda evaluar la pertinencia de las declaraciones del Programa y los criterios aplicados en la discriminación de información.

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Falta de congruencia

El PPD presenta la base como la fuente más completa de información sobre el tema, sin embargo, basa su actividad pública en números que provienen de fuentes distintas y más limitadas que la propia base.

Abonando a la confusión, en días recientes, el vocero del PPD declara su preferencia por los datos oficiales recabados en un artículo de Silva, Pérez Correa & Gutiérrez, sobre los de la base que le fue filtrada.

El artículo -puede verse aquí- confirma que los índices de letalidad de cada una de la tres fuerzas federales difundidos por el PPD en su encuentro con medios, provienen de 224 notas publicadas en un par de diarios de circulación nacional entre enero de 2008 y mayo de 2011 (Tabla 5 del artículo).

Es cierto también que el mismo artículo presenta un índice de letalidad construido solo para el Ejército, a partir de datos oficiales del periodo 2008-2011 aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por un lado, el PPD no puede apelar a datos oficiales fuera de la base filtrada porque la comparación quedaría trunca al carecer de índices para Marina y Policía Federal. Por el otro, el índice de letalidad que Silva, Pérez Correa & Gutiérrez asignan a Ejército -con los datos de la Sedena- es de 5.89. (Tabla 8 en el artículo.)

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Casualmente, el número es sustancialmente menor que el 9.1 atribuido en declaraciones del PPD en su encuentro con medios, y muy cercano al 5.4 que resultó de nuestro análisis a la base que les filtraron.

Dejemos de lado, por el momento, la ironía que genera las limitantes que el PPD argumenta sobre la validez de notas periodísticas en el tema de seguridad, al no ser fuentes confiables por la violencia ejercida contra medios, por autocensura o por falta de interés en reportar ciertos eventos. Argumento que insertaron en documentación que acompaña a la base filtrada.

La pregunta responsable es ¿por qué basa el PDD su actividad pública en esos datos cuando tienen dos fuentes a su disposición que coinciden en presentar números similares y - curiosamente – menores?

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El Programa tiene todo el derecho de alimentar alusiones personales, acusar a la prensa de no reproducir la extensión de sus argumentos (es claro que tampoco hizo algo por corregir elementos reportados), o cuestionar si un medio de comunicación publica “críticas académicas”. Sin embargo, todo ello, no resuelve las lagunas en transparencia del PPD y las discrepancias en sus declaraciones.

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