OPINIÓN: La transición democrática y gobernabilidad
Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) – A razón de los comicios electorales ocurridos en el Estado de México, Coahuila y Nayarit se ha vuelto a posicionar en el país la segunda vuelta electoral como herramienta de la democracia, en donde la forma de gobernar sea sustentada en una mayoría absoluta y no en una relativa, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
El análisis de esta posibilidad pone de manifiesto la relación gobierno–sociedad, como el centro de la acción política, sin embargo en México parece aún lejos de esta realidad.
OPINIÓN: Encuestas, elecciones y lecciones
Hablar de participación social en los asuntos de gestión pública supone más allá que un elevado optimismo discursivo sobre los ideales de bienestar y desarrollo. Esta participación implica el contar con los medios institucionales y normativos para fomentar una intervención real de la ciudadanía en el ejercicio y evaluación de las políticas públicas, alejándose en la práctica de los discursos que relacionan a la precariedad de las condiciones sociales con una autolimitación en el ejercicio de los derechos del ciudadano.
Esto hace pertinente hablar de gobernabilidad como la vía por la cual se da lugar a la coordinación social entre el gobierno y los distintos actores de la sociedad en redes de colaboración y cooperación hacia decisiones y acciones públicas y privadas en la construcción del orden social; en ello la formulación de políticas públicas representa el principal elemento para un adecuado ejercicio de gobierno que garantice y armonice intervenciones públicas de mayor calidad y profundidad, pertinentes con los problemas de interés nacional.
OPINIÓN: Vanguardia y retaguardia
En el 2016 el Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, Raúl García-Buchaca, se refirió al déficit de la capacidad institucional y política que existe en algunas naciones de la región para enfrentar desafíos globales, como la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, las tendencias demográficas, las modificaciones en las ciudades y de forma relevante las dificultades que supone alcanzar la gobernabilidad.
Una segunda vuelta electoral se puede encausar el fortalecimiento de la gobernabilidad en un régimen presidencial, en donde contar con más del 50% de la votación le otorga legitimidad para el ejercicio del gobierno.
Además, limita el agotamiento que han padecido las instituciones públicas y alienta una mayor confianza por parte del sector privado en la realización de mayores inversiones, un ejemplo de este impacto es el comportamiento del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector manufacturero, el cual, de acuerdo con el INEGI, mostró un descenso de 2.5 puntos, para ubicarse en mayo en 49.3, caída que especialistas atribuyen a la incertidumbre respecto del futuro político que estaba en juego en las elecciones del pasado domingo 4 de junio.
Las elecciones son la piedra angular de la democracia representativa. Si bien no pueden ser suficientes para la consolidación democrática, los procesos electorales siguen siendo esenciales para la democracia y la legitimidad democrática (Diamond, 1999).
De acuerdo con el Banco Mundial, la abstención electoral ha crecido en el último lustro. Al tomar el periodo 2012 -2016, respecto de procesos electorales a nivel presidencial, tenemos como referencia las siguientes tasas de abstención: Chile 58%, Eslovenia, 57,6%, Mali 54,2%, Portugal 53,5%, Lituania 52,6%, Colombia 52,1%, Bulgaria 51,8%, Suiza 50,9%, Japón 47.3%, Estados Unidos 39%, México 36.67%, Grecia 36.1%, España 35.07%, Reino Unido 34.2% Paraguay 32%, Canadá 31.7%, Alemania 28.5%, Brasil 21.1%, Bélgica 10.6%, Uruguay 11.4%, Dinamarca 12.3% Suecia 14.2%, Bolivia 8.1% (el voto es obligatorio) Australia 6.8% (el voto es obligatorio).
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En regímenes auténticamente democráticos, la meta se orienta hacia la capacidad de otorgar servicios públicos adecuados, y de solucionar problemas colectivos en forma eficiente y sustentable.
La CEPAL señaló que el coeficiente de Gini para los ingresos personales en 2015 mostró un valor promedio de 0,469 para 17 países de América Latina, un nivel considerado alto.
En términos de organización social la gobernanza se vislumbra como un mecanismo de cohesión en las relaciones que se producen a distintos niveles, local, regional y global, así como en distintos sectores público, privado y civil. Esto significa una relación basada en el logro de intereses comunes, construida en la racionalidad de un cambio de paradigma en las relaciones de poder.
La CEPAL señala que el fortalecimiento de lo común puede concretarse en el uso y cuidado de espacios comunes como la ciudad y el medio ambiente; el acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, el combate a la violencia; la humanización de los principales espacios de socialización —familia, vecindario, trabajo y escuela— y el acceso difundido a los productos culturales.
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De ahí que cualquier gobierno que se reconozca como democrático debe de tener como prioridad el garantizar la plena participación e inclusión de los diferentes actores de la sociedad en la solución responsable de los problemas y necesidades que enfrentan en un determinado territorio, desde una visión de sustentabilidad en donde no se dé lugar a divisiones inoperantes entre lo público y lo privado, pues es necesario reconocer que no se puede mantener lo público arruinando lo privado, más aún cuando la iniciativa privada genera empleo y riqueza para mantener el estado de bienestar.
Durante el congreso de los populares europeos celebrado en Malta, el pasado marzo, Angela Merkel instó a todos los socios del PPE a "mejorar el Estado del Bienestar" en el Viejo Continente, porque "si los ciudadanos no creen que van a recibir prestaciones se alejan de Europa". "Hay que respetar el principio de subsidiariedad", resaltó en alusión a la regla de que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano.
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