OPINIÓN: La violencia y discriminación a la población LGBTTTIQ no cesan
Nota del editor: Juan Camilo Ceballos es investigador del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). Síguelo en su cuenta de Twitter @_fuancamilo . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(Expansión) – Paola, Alessa y Anahí fueron asesinadas en octubre pasado. Paola y Alessa eran trabajadoras sexuales y sus homicidios se dieron mientras trabajaban en el centro de Ciudad de México.
Anahí, oriunda de Colima, murió en un bar de Guadalajara que había sido cerrado dos veces por hechos violentos. En su mayoría, los homicidios de estas mujeres se cometieron con armas de fuego, los responsables fueron hombres y, casi un año después, los tres delitos no han sido resueltos por la justicia.
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El asesino de Paola fue dejado en libertad por un juez dos días después de los hechos, tras afirmar que los testimonios de tres de sus compañeras y dos policías no eran suficientes para detenerlo. Además, personas cercanas al caso rechazaron el mal manejo y preparación del Ministerio Público para administrar las pruebas y los estudios practicados. Paola, Alessa y Anahí eran mujeres transexuales.
Las diferentes formas de violencia y discriminación hacia la población lesbiana, gay, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ) en México no cesan. La violencia y las expresiones de rechazo basadas en estigmas asociados a nuestra orientación sexual, identidad y expresiones de género acentúan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que, históricamente, hemos padecido sectores de esta población.
En la sociedad mexicana, la intolerancia, el odio y la aversión continúa siendo un motivo de los violentos para agredirnos, atentar o acabar definitivamente con nuestras vidas. No cabe duda que, hoy por hoy, tener preferencias sexuales o identidades de género diversas constituyen factores de riesgo no solo para nuestra integridad física y emocional, sino también para nuestra vida.
En ese sentido, ¿qué acciones ha diseñado e implementado el Estado mexicano para defender y garantizar nuestros derechos?
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Recientemente, el Estado mexicano ha promovido diferentes iniciativas legislativas y administrativas de política pública para erradicar cualquier forma de discriminación contra la población LGBTTTIQ.
Después de casi 15 años de aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación (2003), los desarrollos normativos más importantes han sido la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el reconocimiento como “refugiadas” a personas perseguidas por su identidad de género u orientación sexual, la adopción de protocolos en la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR) para la correcta actuación de quienes investigan e imparten justicia en casos en que la identidad de género y la orientación sexual son relevantes y las políticas y legislaciones sobre no discriminación a nivel federal y estatal.
Según la CONAPRED, a nivel estatal existen 26 constituciones con cláusulas antidiscriminatorias y 31 leyes en contra de la discriminación, al tiempo que 32 códigos penales federales tipifican conductas relacionadas con la discriminación. Entre ellos, los de Michoacán y Colima contemplan los delitos de homicidio por discriminación en razón de la preferencia sexual e identidad de género.
A pesar de la legislación nacional y federal que prohíbe todas las formas de discriminación contra la población LGBTTTIQ, las estadísticas más recientes generan conclusiones reveladoras: México es el segundo país de América Latina con más actos violentos contra esta población, después de Brasil.
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De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sistematizó casos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, en este periodo se registraron 86 agresiones en todo el país, de las cuales 76 fueron homicidios. Estas agresiones corresponden al 11% de los episodios documentados en 25 países miembros de la organización de Estados Americanos (OEA).
En ese sentido, pese a los esfuerzos del Estado, las entidades federativas y la sociedad civil, la defensa de las garantías para los derechos de la población LGBTTTIQ continúa siendo una tarea pendiente. Los gobiernos, federal y estatales están en mora de formular una política pública asertiva para la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTTTIQ.
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Esta política debe promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones que representan los intereses de esta población, elaborar marcos institucionales para la restauración de derechos e impulsar cultura ciudadana basada en la garantía del derecho a la vida libre de discriminaciones basadas en preferencias sexuales e identidades de género, así como en el máximo desarrollo de las expresiones y cualidades personales.
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Para ser una política bien diagnosticada, es necesaria información, por lo que diferentes instituciones del Estado como la PGR y CONAPRED deben cumplir el objetivo de ofrecer información actualizada y veraz sobre las diferentes circunstancias en que se atenta, se pone en riesgo o se busca acabar con la vida de una persona LGBTTTIQ.
Estas tareas pendientes serán la semilla para que los casos de Paola, Alessa y Anahí nunca más vuelvan a ocurrir.
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