OPINIÓN. Sistema Nacional Anticorrupción: El fuego debe prender

Nota del editor: Juan Francisco Torres Landa R. es secretario general de México Unido Contra la Delincuencia. Síguelo en Twitter en @JuanFTorresLand . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) — A finales de 2012, todo era fiesta y fanfarria. Nos inundaron con una gran demostración mediática de quienes dijeron sí sabían gobernar. Este grupo se jactó de conocer las peripecias del sistema político nacional, y por ello lograría lo que en 12 años previos simplemente no se pudo lograr (en gran medida por la oposición sistemática del PRI, ahora de regreso en el poder). Como muestra de su capacidad negociadora y ejecutora anunciaron el Pacto por México, un acuerdo inédito en que las entonces tres fuerzas políticas más importantes del país coincidieron en líneas de acción y paquetes legislativos para encausar cambios económicos y regulatorios de gran calado.

Se abría un panorama de un gran potencial crecimiento pues en teoría se eliminaban los frenos de mano que habían retrasado el detonar de sectores claves de la economía (aún y cuando el TLCAN ya había generado beneficios en diversos rubros). Diversos sectores como el educativo verían una nueva perspectiva, y destacaba el potencial del sector energético en que finalmente abriríamos la posibilidad a la inversión privada, dejando de pertenecer a un grupo minúsculo de países con similares prohibiciones (como Corea del Norte).

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, pronto se empezó a caer el telón para descubrir que detrás de todos estos planes y proyectos había un hilo conductor propio de las más añejas tradiciones del partido político que regresaba al poder, y me refiero a la corrupción. Lo grave es que el Grupo Atlacomulco hizo patente el porqué uno de sus grandes precursores había dicho que “Un político pobre es un pobre político”. Así, se instaló en el poder una cultura de permisividad, proclividad e impulso a grandes escándalos de abusos a cargo y en demérito del presupuesto público.

Como hubo una enorme aportación de gobiernos estatales a la campaña política de 2012, la complicidad y coordinación para grandes dispendios y robos se instrumentaron a todos los niveles de la cadena de mando político sin que a nivel federal quisieran hacer algo al respecto. Y como no, si el ejemplo desde la cúspide de la pirámide rápidamente se emuló en todos los niveles, con la tranquilidad de una enorme impunidad sistemática. No había amenaza alguna de consecuencias dado que los encargados de las investigaciones y la procuración de justicia estaban igualmente coludidos y con instrucciones de proteger a todos los cuates y contribuyentes.

Es en este nauseabundo contexto en que surge con enorme fuerza un reclamo e involucramiento ciudadano sobre la necesidad de establecer un nuevo régimen y cuerpo normativo en materia anticorrupción. Ante lo avasallador del affaire Casa Blanca, ni siquiera el presidente pudo encontrar forma de ocultarse y no le quedó a él y su partido otra más que tolerar y habilitar que en el Congreso se fraguara la arquitectura constitucional jurídica que permitiera la edificación del Sistema Nacional Anticorrupción (“SNA”). Quizá su anuencia en ese momento asumió que la no aplicación retroactiva los dejaba a ellos a salvo y el “problema” quedaba para los sucesivos ladrones.

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Fue así que surgió el SNA como la gran estructura que generaría finalmente un contrapeso al insaciable apetito que demostraron servidores públicos de todos los niveles para hacerse de beneficios patrimoniales a cargo del erario y en detrimento de los mejores intereses de la nación. En el SNA se depositaron, no solamente las mejores contribuciones de los especialistas del tema para tener un esquema que realmente funcionara y que evitara perpetuar el impresentable vicio de impunidad que acaba con el Estado de Derecho, sino también la enorme esperanza ciudadana de que en nuestro país finalmente se aplicarían sanciones a quienes olvidando las razones por las cuales fueron electos o designados entran a robar de mil formas las arcas públicas.

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Así llegamos al periodo que en el que ya aprobadas las bases constitucionales se procedería con la emisión de la legislación secundaria que daría forma y efectividad al SNA. Subsecuentemente se tendrían que hacer las designaciones de las personas que pudieran dar cabida y ejecución al cuerpo normativo recién expedido. Además de un Comité Ciudadano (nombrado con la intervención de un grupo distinto al legislativo para garantizar independencia), resultaba particularmente relevante la designación del Fiscal Anticorrupción, los magistrados del Tribunal Administrativo especializado, y la conformación de la Fiscalía General de la República (con el tema crítico de quien ocupe el puesto como primer Fiscal General y que no debería ser en automático el actual Procurador General para evitar un evidente conflicto de intereses y filiación con un grupo que buscaría así la impunidad por los años por venir).

Desde finales de 2016 e inicios de 2017 se reiteró que el Senado no estaba avanzando en las designaciones de los puestos indicados. El tema no es menor porque, así como la estructura normativa es importante, no se puede dar paso cierto sin tener a las personas que reúnan las características de independencia, autonomía, experiencia y solvencia técnica y moral que generen la confianza necesaria en su compromiso y desempeño. La relevancia de estas designaciones es evidente y, sin embargo, nos encontramos con que, a pesar de los requerimientos y exigencias permanentes al Senado durante semanas y meses, ahora ante la tristísima novedad de que no se van a dar los tan esperados nombramientos.

La crisis que dicha omisión senatorial ha generado es mayúscula. Sería justamente el 19 de julio la fecha en que deberían entrar ya en funciones todos estos cargos, plazo que el propio Senado se fijó y que en forma inverosímil va a invalidar e incumplir sin justificación lógica alguna. La razón de fondo de esta situación es simple y sencillamente una vil y rastrera negociación política de reparto de cuotas por los puestos a ocupar (primero los partidos y después el país y la población). Esta manipulación ya ocasionó la dimisión simbólica del Comité Ciudadano pues sus miembros no están dispuestos a jugar el papel de ser los que traten de impulsar el SNA sin contar con las personas e instrumentos necesarios para su eficacia.

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Estamos frente a una nueva evidencia palpable de la forma en que la clase política en el país es simplemente ajena a lo que mejor sirve al país, y como en la opacidad quieren manipular algo tan importante como es el SNA. El resultado es la creciente pérdida de confianza y el fiel reflejo de cómo no hay el mínimo respeto por su propio trabajo legislativo y plazos a partir del nacimiento formal del SNA y que ahora es víctima de una interrupción artera. Tal y como lamentablemente están de moda, estamos frente a otro socavón de enormes proporciones en que a todo lo largo y ancho se ve un hoyo negro lleno de desprecio a la cita histórica que el Senado decidió olvidar.

La pregunta de fondo entonces es qué se requiere para que la clase política deje de actuar de esta forma tan miserable. El reclamo se hace al presidente porque su partido controla en gran medida lo que se hace en el Legislativo (iluso es pensar en la independencia de los legisladores priistas). Igual crítica al PAN, PRD, Morena, PVEM y todos los demás que de una u otra forma son cómplices de esta atrocidad.

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Lo que no se les puede olvidar es que el fuego del SNA está ahí, y si los senadores pretenden artificialmente apagarlo, la ciudadanía tiene el combustible y el ánimo para no permitir que esta demora pase inadvertida o sin costo político. Basta recordarles a los responsables en los distintos sectores y poderes que el pasto está muy seco, y que no se va poder retrasar mucho más la plena operación del SNA. Si esto no lo entienden los responsables de la toma de decisiones en Los Pinos y el Congreso, quiere decir que su falta de tacto solamente está superada por su estupidez.

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