Un mapa de riesgo electoral y 14 sugerencias más para el sistema anticorrupción

Contar con un mapa que ubique los puntos de riesgo de actos corruptos en épocas electorales es una de las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene para mejorar la lucha anticorrupción en el país.

La propuesta forma parte del documento Temas para la conformación del Programa de Trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, que se dio a conocer esta semana. Su presentación coincide con los cómputos oficiales en las cuatro entidades que tuvieron elecciones este año —Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz—, donde los señalamientos de irregularidades han sido recurrentes por parte de actores políticos y sociales.

Además de este mapa, la ASF plantea otras 14 propuestas para mejorar el funcionamiento del SNA, un cojunto de instituciones diseñado para frenar uno de los problemas que más preocupación generan en México. En este texto detallamos cada una de estas sugerencias.

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1. Mapa de riesgos electorales

La ASF, una de las siete instituciones que integran el comité coordinador del SNA, advierte que la forma en la que están organizadas las elecciones actualmente fomenta que ocurran irregularidades y que se creen intereses de grupo "al margen de la legalidad" y difíciles de fiscalizar.

Por ello, plantea analizar y modificar las reglas electorales para ubicar y reducir las condiciones que propician los actos deshonestos.

2. Profesionalización del servicio público

Según la Auditoría, un factor que incentiva la corrupción en el servicio público es la percepción de los funcionarios sobre que su cargo depende de criterios políticos, de grupo o de partido, ante lo que propone la profesionalización a través de distintas líneas de trabajo.

"Es necesario evaluar la importancia de homologar en los tres poderes de la Unión, y en los tres órdenes de gobierno, un conjunto de directrices, medidas de control y supervisión, que permitan hacer del servicio público una profesión respetada en función de su capacidad, eficiencia y eficacia para cumplir su mandato", sugiere.

En especial, la ASF menciona el ámbito municipal, donde detectó gran rotación de personal, lo que genera curvas de aprendizaje, desperdicio de recursos y baja calidad en la atención que se ofrece a los ciudadanos.

3. Sueldos y salarios

La ASF también propone revisar las condiciones salariales de los trabajadores del Estado, para que éstos eleven su nivel profesional y se garantice la permanencia de personas capaces a través de percepciones competitivas que permitan inhibir actos deshonestos.

"Desafortunadamente, se interpreta como una medida de justicia social que los funcionarios públicos vean disminuidos sus ingresos de manera radical, sin tomar en cuenta el impacto que dicha acción pudiera tener en el incremento de los incentivos para actuar de manera corrupta", señala el órgano fiscalizador.

4. Recursos suficientes para procuradurías

Tras señalar que las instituciones de procuración de justicia son vistas con escepticismo por la ciudadanía, la ASF propone revisar la asignación de recursos en esta materia para determinar el costo real de este servicio.

"La Procuraduría General de la República, que será sucedida por una Fiscalía General, en su calidad de ente garante de los intereses de la sociedad, debe contar con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para poder desempeñar su función con eficacia", señala.

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5. Educación contra la corrupción

Con el Nuevo Modelo Educativo en puerta y la premisa de que el problema de la corrupción tiene raíces en los procesos formativos en la escuela y el ámbito familiar, se propone incluir contenidos sobre el combate a las prácticas deshonestas.

"Exponer a los futuros ciudadanos, desde una edad temprana, a contenidos vinculados con la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad, el profesionalismo y el interés público, coadyuvará, de manera importante, a generar un nivel distinto de concientización de la importancia de estos conceptos en la vida cotidiana", considera la ASF.

6. Control interno

La ASF destaca la importancia de que las instituciones públicas doten a sus contralorías de capacidades operativas que les permitan identificar y prevenir riesgos. La implementación de estos mecanismos, señala, debe realizarse en conjunto con el comité coordinador del SNA, mismo que se encargaría de ejecutar su supervisión.

7. Identificar riesgos de corrupción

La Auditoría también propone que, en coordinación con el comité coordinador del SNA, se elabore un mapa de riesgos de corrupción dentro de las instituciones, los cuales deban agruparse por área y priorizarse por su impacto presupuestal y potencial de afectación. Asimismo, plantea capacitar a los servidores públicos para que identifiquen los riesgos en su entorno laboral.

Esta información que derive del mapa, señala el documento, puede servir a la propia ASF para sus procesos de planeación de auditorías.

8. Análisis de riesgos en el SNA

Dado que el SNA debe contar con autoridad moral, la Auditoría plantea definir un mapa de riesgos dentro de sus partes constitutivas, el cual, dice, abonaría al cumplimiento de sus objetivos, a su credibilidad y a la generación de confianza ciudadana.

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9. Los sistemas locales

Al señalar que una creación deficiente o tardía de los sistemas locales anticorrupción respecto a las disposiciones legales puede comprometer el funcionamiento del SNA y ponerlo en entredicho, la ASF propone hacer una evaluación a los 32 sistemas estatales para verificar el cumplimiento de sus compromisos y sus avances.

Entre las consideraciones que pondera para la puesta en marcha de estos sistemas está que cuenten con recursos suficientes y que respeten la temporalidad de los mandatos que los presiden y los procedimientos establecidos para su elección, sin criterios políticos.

10. Gestión y vinculación de datos masivos

La Plataforma Digital Nacional que proponen las leyes anticorrupción, considera la ASF, debe tener la posibilidad de comunicarse con otras bases de datos a fin de determinar correlaciones que permitan identificar áreas de riesgo y vulnerabilidad, y generar información relevante.

Como ejemplo cita la base de datos del Registro Público de la Propiedad, la cual podría utilizarse para cruzarse con la información proporcionada en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

11. Encuesta nacional de corrupción

La ASF plantea diseñar encuestas de temas específicos para el SNA, tomando en cuenta dos vertientes: una dirigida a la ciudadanía sobre su percepción en torno al fenómeno de la corrupción, conceptos clave de este problema, así como características sociodemográficas y de orientación política, entre otros; y otra dirigida al sector público, que permita dimensionar tanto su percepción sobre este fenómeno como las circunstancias que privan en el ambiente de control de sus actividades a fin de identificar riesgos.

La información que derive de dichas encuestas permitiría al SNA fortalecer su toma de decisiones y la conformación de políticas públicas.

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12. Política nacional de denuncias

Al señalar la fragmentación y dispersión de acciones y políticas para dar seguimiento a actos de corrupción, la Auditoría propone llevar a cabo un diagnóstico nacional para identificar los mecanismos de denuncia.

Con esa información plantea hacer un análisis costo-beneficio sobre las alternativas para establecer una plataforma única de denunicas, así como una ley de protección a informantes.

13. Comunicación clara y efectiva

Uno de los retos de mayor consideración para el SNA, de acuerdo con la Auditoría, es que ésta pueda establecer una política de comunicación que le permita transmitir de manera clara y unificada su labor, objetivos y facultades, así como los plazos de cumplimiento de sus metas.

14. Uso correcto de padrones

Un aspecto fundamental considerado por la Auditoría se refiere a los padrones de beneficiarios de los programas sociales, los cuales plantea deben ser sometidos a una revisión y fiscalización, para determinar una mecánica de conformación y gestión que evite duplicidades y omisiones en su manejo. Esto, señala, también permitiría evaluar la operación de los programas y sus resultados.

15. Medidas de prevención en Pemex y CFE

La Auditoría señala que las excepciones marcadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, en materia de adquisiciones para la empresas productivas del Estado, derivan en "prácticas que propician el desvío de recursos". Por ello, propone realizar un diagnóstico que permita identificar la problemática, a fin de establecer mecanismos que reduzcan su incidencia tanto en Pemex como en la CFE.

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