Cuántos y cómo: el reto de sacar de la cárcel a los portadores de marihuana

La iniciativa para regular el uso de la marihuana presentada por el presidente Enrique Peña Nieto abrirá la puerta a la legalización de esta sustancia con fines medicinales o terapéuticos, pero también la de las cárceles a las personas recluidas en centros penitenciarios por posesión de marihuana menor a 28 gramos.

De ser aprobada la propuesta del Ejecutivo que fue enviada a la Cámara de Senadores, las personas que actualmente están encarceladas podrían quedar en libertad, pues la ley sería retroactiva.

"El aumento de la cantidad permitida, también dará oportunidad de que queden en libertad los consumidores que actualmente se encuentran presos o sujetos a proceso por haber portado cantidades de marihuana inferiores a 28 gramos", señaló el presidente al presentar las conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.

Tarea no tan fácil

Para algunos analistas el abrir las puertas de la cárcel no será algo tan fácil pues las cifras sobre el número de personas recluidas no son claras, lo que podría traer problemas porque solo beneficia a personas acusadas con la posesión de menos de 28 gramos de marihuana y no en todos los casos esta situación es expresa.

La coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) e investigadora del CIDE, Catalina Pérez, advirtió que ante la falta de cifras claras se deberá hacer una revisión expediente por expediente de las personas acusados por posesión simple para ver cuáles eran los montos que estaban portando.

“No va a ser fácil: si uno revisa los expedientes del Ministerio Público (MP) a veces no dice los montos sino algo así como ‘el sujeto portaba una bolsa con yerba con tales características y semillas de tal forma’, pero no siempre queda bien establecida la cantidad. Yo no sé qué tan operativo va a ser”, expresó en entrevista con Expansión.

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De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 2012, el 62% de las personas internas sentenciadas en centros penitenciarios federales lo estaban por delitos contra la salud. De estas, el 58.7% reportó que había sido sentenciada por un delito relacionado con la marihuana, pero solo 38.5% de los encuestados dijo que había sido detenido por delito de posesión.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que de 2012 a marzo de 2016, registraron un total de 34,025 averiguaciones por el delito de daños contra la salud en su modalidad de posesión. La cifra más alta se encontró en el año 2012, con 19,643 averiguaciones por este delito.

Un tema de justicia

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, indicó que el 40% de las personas que están en el sistema penitenciario no han recibido sentencia. Y en muchos casos son detenidos por cantidades mínimas de esta sustancia, por lo que ve positiva esta iniciativa, pues además contribuiría a liberar el exceso de reclusos y procesos.

El especialista dice, por otro lado, que si bien algunas personas que están en la cárcel aprenden a ejecutar y conocer a detalle la delincuencia, la posible salida de personas encarceladas no generaría problemas vinculados a la seguridad, sino al contrario. “Es un tema más de justicia que de seguridad”, dijo. Rivas, aseguró que el efecto de este punto de la iniciativa tiene miras hacia el futuro, más que al pasado.

Sin embargo, dijo que las personas que pudieran salir de prisión se verán ante dificultades al encontrar empleo por discriminación. “No me atrevería a decir que quien pisa la cárcel es delincuente. No se debe prejuzgar”.

De corto alcance

Para Alejandro Hope, editor de seguridad y justicia de El Daily Post , la iniciativa para permitir el uso medicinal de la marihuana es “un avance microscópico”. El especialista realizó una estimación de producción y consumo, y calcula que para 2021 solo el 1% de la producción será legal, es decir, unas decenas de toneladas que podrían producirse con fines médicos.

“Me parece muy bien el uso de la marihuana medicinal y que unos cuantos cientos de personas puedan salir de la cárcel”, comenta. Sin embargo, en su opinión la iniciativa no toca ninguna otra variable.

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Francisco Torres Landa, socio del despacho Hogan Lovells y secretario general de la fundación México Unido contra la Delincuencia, coincide en que lo presentado por el gobierno federal es "muy pobre".

“Lo que propuso el presidente tiene alcances muy limitados y se queda muy corto ante la expectativa de lo que realmente se puede hacer. Ellos piensan que es un paliativo, pero están muy equivocados", dice el abogado.

Torres afirma que al Gobierno se le olvidó cómo es que la gente va a obtener la cantidad de marihuana permisible. "El origen de toda esa sustancia es ilícito, pues fuerza a un consumidor a tener contacto con el narcomenudeo y la delincuencia organizada".

“La propuesta tiene un perverso efecto. La delincuencia organizada debe estar celebrando la reforma porque ahora sus clientes le aumentaron la dosis que les pueden vender. Lejos de verse afectados pueden estar beneficiados", concluye el abogado.

En 2013, Torres Landa solicitó un amparo en el que se solicitaba utilizar la marihuana de manera recreativa con la posibilidad de sembrar, transportar y fumar marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó esa solicitud en noviembre de 2015.

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