El derecho a la ciudad y la equidad, ejes de la nueva ley de desarrollo urbano
Elevar el acceso a infraestructura y servicios básicos de los ciudadanos a un derecho constitucional, la productividad y eficiencia económica como eje del crecimiento, así como garantizar condiciones de igualdad para los habitantes de las ciudades, son algunos de los puntos principales de la reforma urbana, aprobada por el Senado de la República el 29 de septiembre.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano recibió la venia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Berlanga, quien desde diciembre de 2015 anunció que se estaba trabajando en la legislación.
"La Iniciativa aborda nuevos aspectos del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial y de la gobernanza metropolitana y representa un avance indiscutible para dotar al Estado mexicano de instrumentos eficientes para la gestión y planificación del territorio", señaló en un comunicado.
La reforma prevé la planeación territorial y urbana en el largo plazo para que las ciudades evolucionen conforme a las necesidades actuales, también contempla la debiba protección y planificación del espacio público, establece mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de planes de desarrollo urbano y modifica el impuesto predial para cubrir los costos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos en los lugares donde se recaude.
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Los ejes sobre los que se sustenta la nueva norma
De acuerdo con el senador panista Francisco Búrquez, quien promovió la iniciativa en la Cámara alta, éstas son los puntos importantes de la nueva ley.
Derecho a la Ciudad
Garantía de que todos los habitantes deben tener acceso a infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Equidad e inclusión
Garantía del ejercicio pleno de derechos de todos los habitantes en condiciones de igualdad, promoviendo la inclusión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos vulnerables, y para que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades.
Derecho a la propiedad urbana
Garantía de los derechos de propiedad inmobiliaria como base para el desarrollo económico de las ciudades procurando en todo momento la máxima certidumbre jurídica.
Productividad y eficiencia
Énfasis en la productividad y eficiencia económicas como eje del crecimiento en las ciudades mediante la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad; así como, la maximización de la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos regulatorios y facilitando la actividad económica.
Protección y progresividad del espacio público
Creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos.
Sustentabilidad ambiental
Uso racional de los recursos renovables y no renovables, para evitar comprometer a las futuras generaciones.
Accesibilidad y Movilidad
Promoción de una adecuada accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la promoción de usos del suelo mixtos y compatibles, y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.
