El millonario financiamiento a los partidos: esto cuesta la pluralidad política

En los últimos 21 años, 22 partidos han recibido en conjunto, más de 66 mmdp solo de recursos federales; ante la inconformidad ciudadana, la clase política analiza reducir su financiamiento.
Al alza  Además del financiamiento federal, los partidos reciben recursos en las entidades para sus actividades y campañas locales.  (Foto: Especial)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Pese a la millonaria inversión realizada en los partidos, la ciudadanía en México manifiesta inconformidad con los resultados de estos institutos políticos, mientras que expertos y legisladores plantean reformas para hacer el modelo más eficiente y barato, pero... ¿cuánto se ha destinado a financiar a los partidos en los último años?

Los partidos políticos nacionales han recibido desde 1997 poco más de 66,478 millones de pesos como financiamiento público federal, según el recuento de cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) elaborado por Expansión; esto es un promedio de 3,165 millones de pesos cada año, lo que representa el doble del presupuesto de este año de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este monto global fue repartido entre 22 institutos políticos que han existido en el país desde hace 21 años y de los cuales solo nueve subsisten.

Tan solo para su operación cotidiana (gasto ordinario), a nivel nacional han accedido a más de 54,000 millones de pesos en recursos federales, mientras que para realizar campañas electorales han obtenido casi 11,000 millones de pesos.

Aunque cada año reciben recursos federales para actividades ordinarias, el financiamiento federal se dispara cada tres años, cuando hay elecciones nacionales, es decir de diputados, senadores y presidente de la República.

El 'pastel'

La bolsa a repartir se integra de tres conceptos: financiamiento ordinario, actividades específicas y gastos de campaña. La primera se determina multiplicando el total de ciudadanos en el padrón electoral (que cuentan con una credencial para votar) por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización, UMA (antes salario mínimo); por ejemplo, este año, el monto asciende a más de 4,000 millones de pesos (mdp). Este ‘pastel’ se reparte, de acuerdo con la Constitución, en dos partes: el 30% igualitariamente, y el 70% de manera proporcional con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados previa.

Del monto para gasto ordinario, un 3% adicional se destina a actividades específicas (capacitación, investigación y tareas editoriales), a través de la misma fórmula de repartición que el ordinario. En los años con elección federal, además, se les otorga recursos para buscar el voto: 50% del gasto ordinario cuando se eligen legisladores y presidente de la República, y 30% cuando solo se vota por diputados federales.

Y hay más: los partidos tienen la prerrogativa de acceder a los tiempos del Estado en todas las estaciones de radio y canales de televisión para transmitir sus spots de campaña y, fuera de periodos electorales, para difundir sus plataformas políticas; esto, a partir de la reforma política de 2007, que garantiza este beneficio sin costo para los partidos. En caso de que prefieran hacerlo por medios más tradicionales, los partidos políticos también cuentan con franquicias postales y telegráficas, con las cuales pueden enviar sus mensajes a través de cartas y telegramas.

Todo esto, sin contar el dinero público que cada estado invierte en los partidos locales, el cual se incrementa en años electorales. Por ejemplo, en la Ciudad de México —donde este año no habrá elecciones— la autoridad electoral entregará casi 374 millones de pesos a los 10 partidos locales; en el Estado de México —que en junio próximo renueva gobernador—, la cifra asciende a casi 803 millones de pesos, para el mismo número de institutos políticos estatales.

Esto se repite en cada una de las 32 entidades federativas, que presupuestan recursos a sus partidos locales y autoridades electorales, y que, junto con lo que la Federación destina, integran el costo de la democracia mexicana.

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El rechazo

Los mexicanos no están conformes con este sistema de representación política: la confianza en los partidos entre la ciudadanía es de apenas 19% y éstos son la segunda institución con menor confianza solo ‘superada’ por los diputados, según el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía elaborado en 2015 por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los gobiernos emanados de elecciones democráticas han dado malos resultados; entonces, la inversión en democracia parece ser mala inversión porque hay más corrupción, inseguridad, la desigualdad se mantiene, el crecimiento económicos es mediocre... genera una percepción de que los políticos viven bien y el pueblo vive mal”, dice el exconsejero presidente del antiguo Instituto Federal Electoral y director de Integralia, Luis Carlos Ugalde.

El senador del PAN, Francisco Búrquez reprueba que, entre más dinero han recibido, los partidos políticos han mostrado una mayor falta de credibilidad y lejanía respecto de la ciudadanía.

"Los partidos políticos voltean a la fuente de su ingreso, que es el gobierno, y se han acercado al gobierno, negocian con el gobierno, pactan con el gobierno en turno, y les dan la espalda a los ciudadanos. A los ciudadanos no los necesitan para nada”, afirma el legislador, quien en 2015 presentó una iniciativa para recortar a la mitad el dinero a los partidos, a la cual se han sumado 24 senadores del PAN y del PRD.

La millonaria inversión tampoco se ha reflejado en una dinamización del involucramiento ciudadano en política, pese a que la Constitución establece que el fin de los partidos políticos es “promover la participación del pueblo en la vida democrática”. De 2000 a 2006, el monto de los recursos destinados cada uno de esos años a los partidos creció 46.7%, pero la participación entre una y otra elección presidencial decreció 8.5%. Entre 2006 y 2012, la participación sí se incrementó 7.7%, pero no al nivel del financiamiento a partidos, que se elevó 23.3%.

La académica de la UNAM, Martha Singer, observa que esta dinámica es signo de un círculo vicioso en el que los ciudadanos están desvinculados de la política, donde ve “partidos que no representan a nadie y que viven de los recursos públicos”.

“Los partidos están preocupados por ganar puestos pero no por ser propositivos, no por poner atención en lo que la gente requiere, exige y propone, y por lo tanto son partidos que no rinden cuentas y permanecen en una competencia muy desligada de los intereses sociales. Y luego tenemos ciudadanos que tenemos que ir a elecciones para confrontar candidaturas con las que tenemos muy poco que ver”, abunda.

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Las 'tijeras'

Frente a este panorama, legisladores de todos los partidos han planteado una docena de iniciativas para reducir el costo del sistema democrático mexicano; la expectativa es que estas propuestas sean procesadas en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inició este martes. Los proyectos van desde modificar la fórmula para que la cantidad de recursos a los partidos quede vinculado a un mejor desempeño en las urnas y una menor abstención ciudadana, hasta eliminar totalmente los recursos públicos para estos institutos políticos, que entonces deberían buscar fuentes de financiamiento privado. Este último es el caso de la propuesta de Movimiento Ciudadano (MC).

“Ante el momento por el que atraviesa el país, estamos obligados a tomar decisiones que se han ido postergando indefinidamente por una cerrazón de los partidos de siempre. Hoy, el clamor social producto del 'gasolinazo' y de la situación general económica que priva en el país, implica que se tomen decisiones drásticas, contundentes y donde todos nos apretemos verdaderamente el cinturón. Los partidos políticos no son la excepción; al contrario”, destaca el coordinador de los diputados de MC , Clemente Castañeda.

Los especialistas coinciden en señalar que reducir el dinero públicos a los partidos, aunque sería percibido como un gesto de solidaridad ante medidas como el 'gasolinazo', no solucionará las dificultades económicas del país. Singer, del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, enfatiza que lo más importantes no es cuánto se inverte en los partidos sino fiscalizar que estos le den un uso adecuado.

“Imponer una restricción al monto que se les otorga a los partidos no va a resolver el problema, es buena idea que los partidos reciban castigo proporcional al número de no-votantes o anulistas; es sensato, pero eso no va a resolver que el dinero que reciben lo sigan usando mal”, comenta.

"El ahorro de recortar el financiamiento a los partidos es insignificante frente al tamaño de las necesidades económicas del país, no tiene nada que ver. Muchos lo plantean como una manera de dar dinero a otras causas sociales; eso es bueno, pero la verdad es que es irrelevante", dice Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

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