¿Quién da más? La clase política 'se aprieta el cinturón’ ante el 'gasolinazo'
La clase política encontró un nuevo ámbito para competir: las medidas de austeridad.
Ante el descontento social que generó el incremento en el costo de las gasolinas —por el cual se han desatado protestas, marchas e incluso saqueos—, autoridades, gobernantes y legisladores han anunciado y propuesto diversas acciones para reducir su gasto no prioritario y así solidarizarse con los ciudadanos, que ahora deben pagar más por los combustibles y hacer frente a las posibles alzas en otros productos y servicios.
El Poder Judicial federal anunció este domingo recortes estimados en hasta 1,900 millones de pesos al presupuesto de sus órganos: la Suprema Corte (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral (TEPJF).
Para conseguir esto, ministros, magistrados y jueces diferirán proyectos de obra pública no prioritarios; racionalizarán gastos de viáticos, pasajes, adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como de gastos de ceremonial y difusión, y devolverán al erario ingresos excedentes, según se informó en un comunicado.
El Poder Judicial —que resaltó que con esta decisión “es sensible al entorno económico que enfrenta el país” y confió en que así se fortalezca el marco de austeridad, transparencia y rendición de cuentas— enfrenta el reto de implementar la reforma penal, cuyo aspecto más emblemático son los juicios orales, que han requerido de la construcción de infraestructura para albergarlos .
“Las medidas de austeridad que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia mediante la creación indispensable de Centros Federales de Justicia Penal, juzgados y tribunales”, abunda el comunicado.
El TEPJF encarará este año los recursos que lleguen hasta sus salas, derivados de las elecciones de junio en cuatro entidades , dos de ellas en el top 5 de las entidades con más votantes: Estado de México y Veracruz.
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En el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Pablo Escudero, dijo que la Mesa Directiva de la Cámara alta lanzó 30 medidas con las que prevé ahorros de por lo menos 150 millones de pesos.
Entre las acciones destacan el congelamiento de plazas laborales y de la adquisición de vehículos, así como la reducción de 10% en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y telefonía, consumo de combustibles, asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como los gastos de comunicación social, impresión digital y fotocopiado, entre otros rubros. También se racionalizará el consumo de electricidad y agua, agregó.
“El Senado de la República es sensible ante lo que están viviendo los ciudadanos de este país ante el incremento de la gasolina y otros productos . Es por eso que hace un esfuerzo en tener este acuerdo de austeridad”, dijo este domingo a medios.
El legislador, del PVEM, añadió que se restringirá a lo mínimo indispensable la adquisición de equipo de oficina y la realización de ceremonias y eventos sociales, y la cancelación de congresos, convenciones, foros, seminarios y actividades de este tipo afuera del Senado. Tampoco se autorizarán nuevas rentas de inmuebles, advirtió Escudero.
El acuerdo entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Escudero donó este lunes al Instituto de Cancerología 20% de las dietas correspondientes a los próximos seis meses (140,000 pesos) y adelantó que cumplido este plazo dará otra aportación equivalente. Afirmó que más de 10 de sus compañeros senadores se unirán a este tipo de donaciones.
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En la Cámara de Diputados, se prevé una reunión de la Junta de Coordinación Política para definir las medidas de austeridad. El líder del PAN, Marko Cortés, señaló que este lunes presentaría un plan de austeridad para ahorrar 500 millones de pesos, con medidas como cancelar los pagos de telefonía celular a legisladores y funcionarios, vuelos internacionales en clase premier y racionalizar los bonos de combustibles.
Los senadores del PAN, Marcela Torres, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez y Víctor Hermosillo anunciaron su renuncia a privilegios como mantenimiento de automóviles, vales de gasolina, telefonía celular, gastos médicos y servicios de alimentos, lo que implicaría un ahorro anual por legislador de entre 600,000 y 700,000 pesos. “(Es) necesario, predicar con el ejemplo”, dijeron en conferencia de prensa.
Propondrán que demás senadores se sumen a esta iniciativa, para dejar de recibir beneficios, que permitirían ahorros por más de 77 millones de pesos al año, si se suman a ella los 128 integrantes del Senado de la República
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Otro órgano que lanzó un plan de ahorros es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Según un comunicado difundido este miércoles, con él la institución busca ahorrar hasta 45 millones de pesos, que promete poner a disposición de la Secretaría de Hacienda.
Para lograr ese recorte, asegró el Inai, se recortarán los sueldos de los comisionados y mandos medios y superiores, y se gastará menos en rubros como telefonía celular, combustible, viajes, viáticos y comunicación social.
El presidente Enrique Peña Nieto señaló en su mensaje de Año Nuevo del 5 de enero que el gobierno eliminó 20,000 plazas laborales, con una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7,700 millones de pesos, además de reducir 10% la partida de salarios a mandos superiores, como parte de sus medidas para enfrentar la situación derivada del llamado ‘gasolinazo’.
Gobernadores de una veintena de entidades ya se han sumado a estas acciones .
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El Instituto Nacional Electoral (INE) también anunció un plan de austeridad , en el que destacan la cancelación de la remodelación de su sede, y los consejeros renunciaron al contrato de telefonía celular y al 10% de su salario, lo mismo que los altos funcionarios del órgano. Los recursos serán devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
El gobierno federal elevó a inicio de año hasta 20% el precio de las gasolinas y el diésel ; la administración ha explicado que el incremento se debió a alzas en el costo del petróleo y en el tipo de cambio del peso respecto al dólar, que provocaron que mantener el subsidio a los energéticos en 2017 pudiera costar al menos 200,000 millones de pesos, con una consecuente afectación al gasto social. Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que ha planteado modificar el esquema de ingresos de la Federación para aminorar el impacto a la ciudadanía.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) —órgano fiscalizador del gobierno— se sumó también a las iniciativas de austeridad con una serie de acciones con las que prevé tener un ahorro de hasta 50 millones de pesos, los cuales serán reintegrados a la Tesorería de la Federación con cortes mensuales que serán reportados a la ciudadanía.
Entre las acciones que contempla es que con la ocupación de su nueva sede, se pondrán a la venta de los inmuebles que actualmente ocupa, con ello prevé la obtención de al menos 70 millones de pesos, que también serán reintegrados a la Tesorería. Además, implementará otras medidas como la reducción del 50% en gastos de difusión; la reducción total de la contratación de estudios e investigaciones externas y; la eliminación también en su totalidad la renta de salones y auditorios para eventos, entre otras.
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...Y van por más
Legisladores, dirigentes partidistas empresarios y organizaciones civiles también han puesto sobre la mesa propuestas de austeridad.
La senadora Martha Tagle propuso a los líderes en la Cámara alta seis acciones para reducir 1,031 millones 778,395 pesos, para lo cual planteó eliminar el incremento al presupuesto de este año en dicho órgano legislativo; disminuir 18.02% lo destinado a servicios personales, incluyendo bajar a la mitad los salarios de los senadores y altos funcionarios y eliminar estímulos; destinar 25.7% a servicios generales, entre ellos los recursos para los grupos parlamentarios y comisiones legislativas, viáticos en viajes internacionales y prohibir vuelos en clase ejecutiva, eliminar las pensiones de estacionamiento, ahorrar 30% de servicios profesionales y técnicos, así como recortar servicios de comunicación social y publicidad.
Tagle también propuso reducir 11.3% en rubros como alimentos y utensilios, combustibles, ayudas y subsidios, y recortar a la mitad la compra de vehículos.
La legisladora subió una petición a change.org para que ciudadanos se sumen a su planteamiento.
Los senadores del PAN Ernesto Cordero, Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle, por su parte, propusieron 10 medidas para reducir 343,897 millones de pesos, entre las cuales están reducir 10% al gasto programable de los tres poderes de la Unión y los organismos autónomos, con excepción a salud, empresas productivas del Estado y órganos reguladores coordinados; 50% en el fondo que asignan directamente diputados, conocido como “de moches” , así como al presupuesto a los partidos durante campañas, y eliminarlo para actividades ordinarias.
Los panistas plantearon también desaparecer las secretarías de Desarrollo Agrario, de Turismo y de Energía, así como Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Procuraduría Agraria y tribunales agrarios, cuyas funciones serían cubiertas por otras instancias.
Además, los legisladores propusieron destinar los remanentes del Banco de México (Banxico) al pago de deuda, y la creación de comisiones parlamentarias para dar seguimiento al gasto público, de investigación a las empresas del Estado y de revisión a subsidios de combustibles para el control inflacionario.
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El líder del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, afirmó que este martes propondría a la Junta de Coordinación Política plantear al pleno instruir a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Cámara alta a realizar un estudio para reducir 20% el presupuesto de dicho órgano parlamentario, el cual incluiría las dietas de los senadores, la cancelación de los seguros de vida y gastos médicos, con lo cual los legisladores deberían atenderse en el ISSSTE o pagar sus propias facturas.
La corriente Nueva Izquierda del PRD planteó este lunes en conferencia de prensa que los partidos políticos “deben de ser los primeros en poner el ejemplo”, por lo que propuso rebajar 20% los ingresos de cada uno, para sumar —según sus cálculos— cerca de 800 millones de pesos.
