El Edomex estrena magistrados anticorrupción en medio de controversia

Las cinco personas que emitirán las sanciones por actos deshonestos fueron elegidas por el Congreso local, pese a las quejas de la izquierda en el sentido de que todos tienen vínculos con el gobierno.
Los elegidos  Los nuevos magistrados mexiquenses rindieron protesta el pasado 3 de agosto.  (Foto: Cortesía del Congreso del Estado de México)
Adriana Uribe
TOLUCA (Expansión) -

Los cinco nuevos magistrados anticorrupción del Estado de México —quienes permanecerán en el cargo 10 años y se encargarán de sancionar los actos deshonestos graves de servidores públicos y particulares— asumieron funciones la semana pasada, en medio de polémicas por sus vínculos con las administraciones de Eruviel Ávila y de Enrique Peña Nieto.

El nombramiento fue aprobado por mayoría en el Congreso estatal, donde los diputados de Morena y una fracción del PRD cuestionaron la decisión y aseguraron que otros ciudadanos mejor preparados y autónomos podrían ser designados en esos puestos. Incluso, los legisladores morenistas exhibieron cartulinas en las que acusaron una selección “a modo” y que los elegidos tienen un “evidente conflicto de interés”.

Las críticas de los legisladores de izquierda se basan en que los magistrados —que fueron propuestos por el gobernador Eruviel Ávila, como marca la nueva legislación en la materia— ya han tenido otros cargos públicos en territorio mexiquense, lo que puede restarles independencia para actuar contra la corrupción. En respuesta, los aludidos aseguran tener las credenciales suficientes para su nueva tarea.

El nombramiento más cuestionado ha sido el de Baruch Delgado Carbajal como magistrado de la Sala Superior Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, Delgado fue juez civil y presidente del Poder Judicial estatal. Además, dentro del gobierno mexiquense fue apoderado legal y jefe de Trámites Jurídicos, así como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Para los diputados de izquierda, esta trayectoria muestra su cercanía con el gobernador y que, cuando dirigió la CODHEM, fue omiso en la atención de abusos contra ciudadanos y otros problemas graves, como los feminicidios. Sin embargo, él aseguró en entrevista con Expansión que fue vigilante de la administración actual, que emitió varias recomendaciones y que incluso impugnó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.

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Otro nombramiento fue el de Víctor Alfonso Chávez López en la Segunda Sala Superior Especializada. El nuevo magistrado cursa un doctorado en Derecho Constitucional y Penal y ha ocupado diversos puestos en el Poder Judicial, como secretario de Acuerdos, oficial judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, y actuario y secretario en la sección de amparo del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito.

Teresita del Niño Jesús Palacios fue designada por el Congreso para la Tercera Sala Superior Especializada. En su caso, destaca que fue funcionaria del Poder Judicial y, dentro de la administración mexiquense, subprocuradora regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia, ahora convertida en Fiscalía General.

Los nombramientos los completan Luis Octavio Martínez Quijada, para la Sala del Valle de México, y Alberta Virginia Valdés Chávez, para la Sala del Valle de Toluca.

Martínez es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y fue vicepresidente del TJA. En tanto, Valdés Chávez es doctora en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México y fue titular del Tribunal Especializado en justicia penal para adolescentes y magistrada en otras salas unitarias, así como subprocuradora de justicia en Cuautitlán Izcalli.

La elección de todos ellos se deriva de la creación del sistema local anticorrupción, en el que aún está pendiente la selección de los integrantes del comité ciudadano.

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Expertos advierten que el combate a la corrupción depende en buena medida de cómo empiecen a aplicarse las nuevas normas en la materia a nivel local, así como de la integración de las instituciones que diseñarán políticas, revisarán el comportamiento de los funcionarios, investigarán irregularidades y sancionarán las faltas que se detecten.

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