4 historias de despidos en dependencias de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) - Las denuncias se acumulan en las redes sociales. Despidos injustificados, solicitudes de renuncia, falta de pagos de finiquitos e impedimentos para entrar o salir de sus oficinas son algunas de las quejas que han presentado servidores públicos que, como parte de la política de austeridad del nuevo gobierno, fueron despedidos en las últimas semanas.

Las plantillas laborales de organismos públicos como Proméxico, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han visto afectadas. Y las formas en que los empleados son separados del cargo varían.

A continuación te presentamos algunas de las historias de los despidos y las recomendaciones de especialistas en materia laboral:

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Proméxico

Se enteró por mensajería instantánea el 28 de diciembre pasado. Su jefa directa le informó que a partir del 31 de diciembre su contrato laboral con Proméxico dejaría de surtir efecto. Carlos Soto (el nombre fue cambiado para proteger su privacidad) es uno de los cerca de 70 empleados de las oficinas centrales de la dependencia que se quedaron sin empleo.

“Ni siquiera por correo y no me dio ningún argumento, aunque claramente es la desaparición de la institución”, dice el colaborador, que desde hace más de un año laboraba en el organismo. Para no ser acusado de abandono de trabajo, Soto y un grupo de sus compañeros se presentaron a trabajar el pasado 2 de enero. Sin embargo, les bloquearon los accesos a las oficinas.

Hasta ahora no les han mencionado si recibirán liquidación o alguna indemnización. Un ex empleado, que llevaba dos años trabajando en la entidad de gobierno, fue despedido el 20 de diciembre. Su jefe directo le pidió firmar una renuncia voluntaria a cambio de 1,500 pesos, pero él se negó, por lo que también le impidieron el ingreso. “Todo es a manera de rumor, no ha sido muy claro, pero se plantea que una vez que salga el decreto de extinción de la institución el liquidador será el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y él tendría que proceder con las liquidaciones”.

¿Qué hacer? A pesar de haber sido invitados a firmar su renuncia, los trabajadores siguen siendo parte de la plantilla laboral por tres razones: no existe un despido, se les ha pagado su salario y siguen dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por eso, los especialistas les aconsejan esperar a que alguna de ellas se incumpla para tomar acción legal. “Si esto sucede, entonces tenemos 60 días (desde que terminó la relación laboral) para demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por negarles el derecho a recibir indemnización, salarios base, prima de antigüedad, prestaciones y salarios caídos por el tiempo que dura el juicio (dos años en promedio)”, explica Diego González de la Fuente Rico, socio director en González de la Fuente Abogados, quien asesora a 30 trabajadores de Proméxico.

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STPS

El miércoles 19 de diciembre de 2018, 20 empleados de confianza del área de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fueron reunidos en sus oficinas de la colonia Del Valle. Ahí, la subdelegada del departamento les informó que se habían quedado sin trabajo y debían firmar su renuncia. El argumento: la nueva administración desaparecería sus plazas.

“Nos pidieron que hiciéramos esa renuncia, pero no nos presentaron ningún documento que dijera ni que nos estaban cesando del puesto, ni de qué forma iba a ser el despido”, recuerda uno de los empleados que pidió no ser identificado. Un día después, el 20 de diciembre, la información cambió. Por teléfono les anunciaron que todo se cancelaba, el equipo seguiría teniendo trabajo.

Tras una semana, el panorama volvió a cambiar. A través de una llamada les dijeron que siempre sí se quedarían sin empleo, que por lo pronto solicitaran sus vacaciones y regresaran el lunes 7 de enero de 2019. La incertidumbre continúa. Lo único que han recibido es un convenio de terminación de nombramiento, que establece el monto de indemnización que recibirían, y una carta de renuncia voluntaria -dirigida a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde- que les recomiendan firmar, revela el colaborador que forma parte de la dependencia desde hace cuatro años.

¿Qué hacer? La recomendación de Diego García, socio titular y cofundador del despacho García Velázquez Abogados, es que el empleado verifique que el convenio considere el pago de la prima de antigüedad, el finiquito y la indemnización. “Si no trae eso, valdría la pena que se acerque a un abogado”, dice el especialista. “Percibo que la secretaría está llevando a cabo este procedimiento para quitarse rápido del tema. Tienen derechos a más cosas”.

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Prosoc

“Llegó la nueva administración y nos están pidiendo su renuncia”. Esto fue lo que Juan de Dios Izquierdo, subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, le comunicó a sus trabajadores la tarde del 4 de enero de 2019.

Según el funcionario, la orden era eliminar 200 plazas laborales. La de David Sánchez Romero, quien lleva dos años en la dependencia, era una de ellas. Pero él no presentó la renuncia porque no iba a recibir ninguna compensación económica. “Yo no me niego a dejar el puesto, me niego a que violen mis derechos laborales, solo pedí que se respetaran y ellos me invitaron a exigirlos vía la Junta de Conciliación y Arbitraje”, menciona. Debido a que no llegaron a ningún acuerdo, él seguirá presentándose a trabajar las siguientes semanas.

En la Prosoc, el recorte laboral inició el 31 de diciembre de 2018. Ese día, los trabajadores de honorarios y de confianza no abandonaron su oficina hasta firmar su renuncia. Los que se negaban, cuenta un empleado que pidió no ser mencionado, eran amenazados con ser boletinados para que no pudieran trabajar en ninguna otra entidad de gobierno. Después de este proceso, los directivos de la procuraduría les pidieron a algunas personas que siguieran trabajando hasta que llegaran sus reemplazos, a pesar de que ya no formaban parte de la plantilla.

¿Qué hacer? Si no hay una renuncia, no pueden decir que el empleado renunció. La recomendación de los especialistas es que el colaborador no firme ningún documento y espere a que lo despidan. “En este caso hay materia para un juicio muy ganable”, dice García. Aunque advierte: “lo difícil de los juicios burocráticos no es ganarlos, es cobrar”.

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Semarnat

Era mediados de noviembre de 2018 y la renuncia estaba sobre la mesa. Lo único que debían hacer algunos de los empleados de confianza de las direcciones generales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales era firmarla. Así terminarían la relación laboral con la dependencia, pero tendrían la puerta abierta en el futuro.

“Sí la firmamos”, recuerda una de las colaboradoras que prefiere el anonimato. “Porque finalmente nos dijeron que si no lo hacíamos, ya no se nos consideraría en caso de que hubiera oportunidad de volvernos a contratar”.

La mayoría de ellos había comenzado a trabajar en la dependencia después de participar en concursos para cubrir las vacantes. Luego de firmar las renuncias, recibieron el pago de su finiquito, sin embargo, les quedaron a deber algunos días de vacaciones. Hasta ahora no se han acercado a ningún abogado para resolver esta situación, están a la espera de que se abran otras plazas en la misma dependencia. “Mi plan inmediato es salir del shock, todo fue muy rápido”, agrega la colaboradora.

¿Qué hacer? Si el empleado ya firmó, no se va a ganar una demanda por indemnización y reinstalación, pues el patrón cuenta con la evidencia para demostrar que el trabajador renunció. No obstante, dice García, sí procede la demanda si le deben días de vacaciones. “Pero sólo aplicaría para esas prestaciones no pagadas. Ya no podríamos demandar por otros temas”, agrega el especialista.