El proyecto contempla una aplicación gradual. Este año funcionará como periodo de transición y la primera reducción efectiva comenzará en 2027, con jornadas máximas de 46 horas, y así disminuirá dos horas cada año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030 como el nuevo máximo legal.
Con esta modificación, México se alinearía al estándar de otros países de América Latina que ya operan con semanas laborales más cortas, como Ecuador, y al proceso de reducción que actualmente implementa Chile.
La reforma no se limita a la jornada ordinaria, también introduce límites al trabajo extraordinario. Las horas extra pagadas al doble tendrán un máximo semanal de 12 horas y las llamadas horas triples quedarán restringidas a cuatro horas por semana, algo relevante porque hasta ahora no existía un tope definido para ese esquema.
El dictamen incluye además dos prohibiciones para los empleadores. Durante la transición no podrán reducir salarios ni prestaciones como consecuencia de la disminución de horas laborales y las personas menores de 18 años no podrán realizar horas extraordinarias.
La Secretaría del Trabajo plantea que el objetivo es mejorar el equilibrio entre vida personal y laboral y reducir riesgos asociados a jornadas prolongadas. Entre los beneficios previstos se mencionan menor fatiga, reducción de accidentes y mejores condiciones de salud ocupacional. La reducción beneficiaría a más de 13.4 millones de trabajadores, principalmente en manufactura, comercio y servicios.
El impacto principal, sin embargo, será operativo. La reforma no implica trabajar menos y producir menos; obliga a producir lo mismo con menos horas disponibles. Esto requerirá reorganizar turnos, eliminar tiempos muertos, contratar personal adicional o invertir en automatización.
Para muchas empresas, sobre todo aquellas con operaciones continuas o intensivas en mano de obra, el cambio significará revisar completamente su modelo de trabajo. Para otras, sobre todo las integradas a cadenas globales o con procesos digitalizados, implicará ajustes organizacionales más que estructurales.
El gobierno justificó la gradualidad como un periodo de adaptación. El proceso fue acompañado por más de 40 mesas de diálogo con alrededor de 2,000 participantes de sectores empresarial, sindical, académico y gubernamental.
El cambio modifica una base histórica del mercado laboral mexicano. Durante décadas, la jornada de 48 horas ha sido la referencia de organización productiva, de modo que reducirla no solo altera el tiempo de trabajo sino que cambia la manera en que las empresas planean turnos, calculan productividad y administran talento.
