La austeridad del nuevo gobierno federal alcanzará a los estados
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) - Los recortes al gasto público que contempla el nuevo gobierno para el 2019, alcanzarán a los estados del país, los cuales tendrán que diseñar presupuestos más austeros frente a presiones como el costo financiero de su deuda y el gasto por nóminas.
En promedio, el 90% de los recursos con los que operan las entidades proviene de los recursos que les transfiere el gobierno federal, pero la nueva administración prevé recortar 13% los recursos que se les otorga a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
“El gran problema que se observa es la disminución que habrá por el Ramo 23, porque conforme se van liberando del presupuesto toman más importancia en la transferencia total de los estados”, dijo el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristóbal Meléndez.
Estimaciones del CIEP refieren que cuando se libera el paquete económico estos recursos representan el 1% de los ingresos totales de los estados, pero cuando se integran a los presupuestos estatales representan entre el 6 y 7%.
Adicionalmente, como parte del reajuste que hará el gobierno federal a sus programas, los estados percibirán ingresos por el concepto de aportaciones (recursos etiquetados), en la misma proporción a un año antes, considerando la inflación.
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Por otro lado, las transferencias por participaciones (recursos no etiquetados) crecerán en sintonía con el incremento de los ingresos tributarios y petroleros, explicó, Kristóbal Meléndez
La disminución de recursos pondrá a los gobiernos estatales a ser más raquíticos en sus presupuestos, consideró Alejandro González, presidente de Gestión Social, centro de estudios encargados de hacer evaluaciones a programas sociales.
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A la par, los estados enfrentan presiones en el manejo de sus recursos públicos por el costo financiero de sus deudas, pago de nóminas a trabajadores, además de que también tienen gastos onerosos que son necesarios reducir, agregó González.
Por ejemplo, el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018, Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) refiere que en los últimos tres años, los congresos de los estados gastaron 225,577 millones de pesos (mdp) más a lo que les fue aprobado. En gasto por sueldos y salarios, gastaron 18, 718 mdp más que lo presupuestado para 2017. Mientras que para artículos de oficina gastaron 1,635 mdp más y para gasolina 500 mdp más.
Por lo que adicional a la disciplina financiera, el recorte a este tipo de conceptos, es necesario que los estados tendrán que establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.
“Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15% debe tener la aprobación del Congreso local. Además de que debe existir una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso”, refiere el documento del IMCO, dado a conocer la semana pasada.
