Carlos Salazar reiteró que el sector empresarial seguirá buscando ser escuchado por los legisladores. Entre los avances conseguidos en esta iniciativa de ley se logró que las penas por el uso de facturas falsas comiencen a darse cuando cuando el monto de los impuestos sea mayor a 7.6 millones es de pesos (mdp), es decir, cuando haya facturas de alrededor de 30 millones de pesos.
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"Esto automáticamente elimina a casi todos los contribuyentes del país porque difícilmente vamos a tener 30 millones de pesos en una factura falsa", sostuvo. "No es adecuado equiparar un delito fiscal a delincuencia organizada y a penas que incluyen la extinción de dominio".
Subrayó que los empresarios están a favor de que se persiga y se castigue la defraudación fiscal, pero no con que este delito se trate como delincuencia organizada.
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"Estamos completa y absolutamente de acuerdo en leyes que persigan a los que defraudan el fisco, a cualquiera que use facturas falsas. Pero no estamos e acuerdo que esto se pueda equiparar a delincuencia organizada y todo lo que implican las penas de delincuencia organizada", dijo.