En medio de una racha de acontecimientos que afectarán a la economía mexicana, como los menores precios del petróleo, el repunte del dólar y la propagación del coronavirus, la Cámara de Diputados aprobó una medida que ejercerá mayor presión a las finanzas públicas.
Los legisladores elevaron a rango constitucional los programas sociales insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin que se sepa exactamente de dónde saldrán los recursos.
“Las pensiones para adultos mayores, los apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes e indígenas afromexicanos con discapacidad permanente, y becas educativas a los niños, jóvenes y adultos hasta de veintinueve años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad, serán garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser menores a las establecidas en el año anterior”, refiere la adición al artículo 4to constitucional aprobada en Diputados, y que debe ser aprobada aún por la Cámara de Senadores.
La reforma también establece un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que garantizará los servicios de salud a la población sin seguridad social.
El cambio reduciría el campo de maniobra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el manejo de recursos públicos necesarios para acciones como la operación y desarrollo de escuelas, hospitales, vías de comunicación; pago de pensiones (adicionales al programa de personas mayores); pago por intereses de la deuda pública; salarios de funcionarios públicos; recursos para los estados de la República, explicaron especialistas en finanzas públicas.
“Representa una presión, pues ya gran parte del presupuesto se encuentra comprometida por la contratación de empleados, recursos a estados, pago por servicios de la deuda que son mandatos de ley, pero también están los gastos de operación del sector público. Comprometer más parte del presupuesto para programas sociales reduce el margen para el reparto de recursos para otros conceptos como inversión física (hospitales, escuelas, centros de salud…), que es la que te genera crecimiento”, explicó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Para este año se prevé que los gastos que ya son obligatorios en el presupuesto sumen 4.9 billones de pesos, lo que representa el 80.3% del gasto total del sector público, refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. En tanto el dictamen de la reforma al artículo 4to, especifica que los gastos por los programas sociales sumarían 385,242 millones de pesos, lo que absorbe el 6% del PEF 2020.
La aprobación de esta reforma, explicó Campos, se da en medio de una coyuntura que debe sortear Hacienda, por la menor llegada de ingresos por impuestos al consumo ante un menor ritmo en el crecimiento económico, a causa de golpes que vienen del exterior como el coronavirus y caída en la baja de los precios del petróleo, por conflictos entre Rusia y Arabia Saudita.
Pero también la economía y la inversión en México se ha visto afectada por temas internos como gobernanza, refiere la última encuesta del Banco de México a especialistas económicos del sector privado.
“Vamos a pasar por una coyuntura en servicios de salud, si tú ya tienes fijo la entrega de los recursos para los programas, te quita margen de maniobra para que tú puedas pasar al instrumento específico que te va a permitir sobrevivir a una coyuntura como el coronavirus”, dijo la experta en finanzas públicas.
Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que la modificación que se hace al artículo 4to constitucional, pone un tipo de seguro para que los recursos que se entreguen para los programas sociales no sean ser menores a los entregados en el año anterior, adicional al ajuste por inflación.
Villarreal considera que estas presiones presupuestarias pueden generar que la promesa de otorgar estos apoyos quede en buenos deseos.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, descartó esta presión para las finanzas públicas, pues los recursos por estos programas ya estaban contemplados en el presupuesto.
“No (presionan a las finanzas públicas) ya estaban en el presupuesto y claramente lo único que se necesita hacer para saber cuál es el impacto en el tiempo, es saber cuál va a ser el crecimiento de estos (programas), por ejemplo, el programa de adultos mayores, esta población tiene un crecimiento menor al 2%, los ingresos crecen a una tasa superior que esto”, dijo el titular de Hacienda, ayer miércoles a medios, después de participar en la presentación de la Política de Inclusión Financiera.
