El viernes pasado la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la implementación de una nueva política para limitar la participación de proyectos de energía renovable al sistema eléctrico, y otorgó nuevos poderes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para intervenir en ese mercado.
El IMEF aseveró que la nueva política centraliza en el Estado actividades críticas para la generación de energía eléctrica en circunstancias de severa restricción de recursos públicos, derivada del impacto de la recesión económica sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal y el deterioro de los ingresos petroleros.
“Desde el año pasado, antes de la recesión y la pandemia, venimos de un entorno de inversión deprimido de manera importante, estas medidas, independientes a otros casos como Constellation Brands, son un impacto adicional en el sector de energía, lo que genera condiciones de incertidumbre jurídicas, que cuando salgamos de la pandemia vamos a estar en ese ambiente de deterioro, de diálogo entre sectores, y en general de incertidumbre para proyectos de inversión que serán necesarios para recuperar el empleo”, comentó García Lascurain.
De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estas nuevas medidas afectarían proyectos eléctricos en al menos 18 entidades federativas, y que representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares, de acuerdo a un boletín de prensa publicado el domingo pasado, por la cúpula empresarial.
Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, refirió que la nueva situación no da certeza jurídica, ni garantiza Estado de Derecho a los inversionistas locales y extranjeros para levantar proyectos.
