“El gasto público en infraestructura ha decrecido en términos reales durante el lapso analizado, generando infraestructura insuficiente que, a través de carencias energéticas, sanitarias, educativas y de vivienda, impacta en el desarrollo económico y humano de la población”, señala el instituto.
El CIEP detectó cinco tipos de gasto público que tienen que ser “revisados y ejecutados de manera eficiente para tener un sistema fiscal más sólido y equitativo”: educación, pensiones, salud, seguridad e infraestructura.
En lo que refiere al sector energético, este recibe el 47% del gasto de inversión pública, sin embargo, de 2010 a 2018 la producción nacional disminuyó 30%, las tarifas no han disminuido y el porcentaje de energías renovables en la generación eléctrica está en menos del 18%.
“En la última década, 15% del gasto de inversión en energía se ha destinado a pagar pensiones y pasivos. De 2015 a 2018, el gasto en infraestructura del sector disminuyó 52% con respecto a 2014. Cabe destacar que, a partir de 2015, la oferta energética doméstica ha sido menor que la demanda”, detalla el CIEP.
En comunicaciones y transporte ha mejorado el acceso a telefonía móvil, internet y comunicaciones. Esto a pesar de una caída de la inversión pública desde 2015.
En 2020 la inversión privada en el sector representa el 97% del total.
De 2012 a 2018 las carreteras han tenido un crecimiento de 8%, no se ha construido un kilómetro nuevo de vías de ferrocarril; excepto en 2016, cuando aumentaron 0.7%.
“El gasto realizado en infraestructura educativa ha perdido participación en términos porcentuales frente al gasto de inversión por medio de Participaciones y Aportaciones, lo que implica que la responsabilidad de construir y mantener infraestructura educativa recae en las entidades federativas y los municipios. Esto complica el seguimiento del uso final de estos recursos, ante las deficiencias en términos de transparencia y rendición de cuentas que presenta el gasto público subnacional”, señala el CIEP.
En vivienda, el segundo con más recursos públicos de inversión, se concentra el 24% del gasto público de inversión en 2020; y el 98% se transfiere a estados y municipios.
“Estos recursos son insuficientes para contribuir a mejorar las condiciones de vivienda en los estados más vulnerables del país”, asegura el documento.
