El presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió una terna de tres candidatos para presidir la Prodecon el 3 de junio de 2020, pero fue devuelta por el Senado el 14 de octubre pasado por no existir “condiciones jurídicas, ni fácticas para ejercer la facultad conferida por la ley referida”, apunta el resolutivo aprobado por el pleno.
A la terna también le fue interpuesto un juicio de amparo por un grupo conformado por dos asociaciones: México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de esta obtuvieron un amparo para detener el procedimiento.
“Esperamos que el presidente de la República, antes de que envíe la nueva terna, consulte mínimo a dos de las más importantes organizaciones empresariales; Concanaco y Concamin. Debemos entender que la Prodecon es un órgano del Estado mexicano, y no del gobierno, enfocada en defender a los contribuyentes, así como existe la Procuraduria fiscal que defiende los recursos públicos, la Prodecon defiende a los contribuyentes ”, explicó en entrevista, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo y firmante del juicio de amparo.
Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza son las tres personas que el presidente propuso y que fueron rechazadas, porque a consideración del Senado, y de organizaciones, los tres no contaban con los requisitos para ocupar la Procuraduría, en específico el de tener experiencia acreditada en materia fiscal, por lo menos cinco años. Y el de no haber ocupado una posición de titular de una entidad de gobierno federal, tres años antes de su nombramiento, lo que detuvo a Rodríguez Vargas, ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Al solicitar una opinión sobre el tema a la Prodecon esta contestó que son respetuosos de los procesos y tiempos para la selección del titular, y que se continúa brindando atención a los contribuyentes.
La Prodecon es un organismo público descentralizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria que proporciona de forma gratuita servicios de orientación, asesoría, consulta, representación y defensa legal, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.